El Consejo de Estado le pidió a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General que evalúe si hay lugar a investigar a la guerrilla de las Farc por las presuntas violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosión y vertido de hidrocarburos del oleoducto transandino ocurrido el 15 de abril de 1996 en jurisdicción del municipio de Puerres, Nariño.
La solicitud la hizo la Sección Tercera al resolver el proceso en el cual se pidió analizar la responsabilidad del Estado y de la guerrilla en un ataque que calificó como "el más brutal que ha perpetrado la guerrilla en contra del Ejército" y en el cual murieron 33 uniformados, 17 resultaron heridos y otros fueron secuestrados, cuando un convoy del Ejército fue emboscado por un grupo aproximado de 500 guerrilleros en la vía entre Puerres y Monopamba en el departamento de Nariño.
En los mismos hechos se demostró que las Farc hizo explotar el oleoducto Transandino y remató a los uniformados que quedaron con vida. Por eso es la primera vez que el Consejo de Estado pide reparación por el daño ambiental.
La Sección Tercera declaró patrimonialmente responsable al Ejército debido a su omisión en el deber de protección de los soldados y lo condenó a pagar más de 600 millones de pesos por los perjuicios morales ocasionados a las familias de las víctimas.
En el proceso se acreditó que el Ejército incurrió en varias fallas. Primero, que no se hizo la labor de inteligencia establecida para los desplazamientos de las fuerzas, pese a que existían rumores entre los mismos pobladores sobre un posible ataque, por el contrario, dice el Consejo de Estado, se incurrió en la denominada concentración de fuerzas (dejar grandes grupos de uniformados en una misma zona o por una misma vía).
En segundo lugar, dijo el Consejo de Estado, no se realizaron los entrenamientos previos, tal y como está fijado en el manual de operaciones de la Unidad Táctica, para verificar los riesgos a los que se podía exponer el convoy con artefactos explosivos en la vía y, por el contrario, recogieron a otros soldados.
Se demostró, dijo el Consejo de Estado, que los vehículos empleados en el desplazamiento no eran los más indicados, pues no servían para nuestra topografía. Además, se vulneraron principios de protocolo, pues en el primer vehículo no podían ir los equipos de comunicaciones y se hizo de esa manera, por lo que en el ataque no pudieron informar su situación. Finalmente, se comprobó fallas en la cadena de mando.
“El Estado es responsable del resultado perjudicial ya que no se correspondió con los principios de humanidad, esto es, con aquellos que exigen que el ejercicio de toda actividad, como por ejemplo las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas, debe estar orientada hacia la preservación de los derechos, y no al sacrificio absoluto de estos por una causa que legal y democrática no está llamado ningún individuo a soportar porque implicaría la supresión de la esencia propia del ser humano como destinatario de la protección”, afirma la sentencia.
La Sala señaló que las Farc violaron los convenios 2 y 3 de Ginebra referentes al principio de humanidad en el conflicto, pues según la necropsia practicada, algunos cadáveres tenían tiro de gracia con el cual fueron rematados luego de ser heridos. “La muerte de personas en el marco de un conflicto armado interno no puede tener como unívoca lectura la constatación del fallecimiento material, sino que exige asociarlo al respeto de la dignidad humana”, afirma dicha norma convencional.
Por tanto, la situación de conflicto armado interno en la que se encuentra el país desde hace décadas, exige del Estado, con mayor rigor, “cumplir con su deber de protección de los derechos de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que participan en el mismo”.
El fallo reiteró el concepto de víctima y su extensión a la familia de la víctima directa, por lo que pidió que los familiares sean incluidos en la Ley de Víctimas.
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