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Piden levantar parcialmente estado de cosas inconstitucional en desplazamiento

El Gobierno Nacional, en cabeza de la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, aseguró que más de una década después de que la Corte Constitucional declarara un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, este se ha superado parcialmente en el país.

“Luego de más de una década se puede afirmar que el país y la política gubernamental muestran una condición diferente. La realidad de la población desplazada en el país se ha transformado”, señaló.

En audiencia de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, Gaviria dijo que “hoy las víctimas de desplazamiento son sensibles para el Estado y la sociedad. Hoy las victimas no solo participan de manera directo sino que están en el centro de la negociaciones de paz”.

Gaviria solicitó a la Corte que levante el Estado de cosas inconstitucional frente a los aspectos de coordinación Nación-Territorio; fortalecimiento institucional; participación; registro y gestión de la información; presupuesto y financiación, y en los derechos de salud, educación y alimentación (frecuencia y diversidad).

En ese sentido, dijo que la arquitectura institucional actual es fuerte en la materia, que se ha reducido las deficiencias en materia de registro por lo que ya es posible saber “con mayor exactitud el universo general de víctimas y los subuniversos activos e inactivos en términos de la demanda de atención y reparación”.

Igualmente, dijo que ha aumentado el presupuesto hasta 10 billones para la atención de la población desplazada y que también se debe levantar el estado de cosas inconstitucional como la restitución de tierras al indicar que hay más de 1200 sentencias al respecto que se han proferido, aunque reconoció que hace falta trabajo a la hora de asegurar las tierras.

Además, Gaviria solicitó ante los magistrados que se reconocieran los avances en los resultados de la medición de goce efectivo de derechos en cuanto a protección, prevención, vivienda urbana, verdad, ayuda humanitaria, retornos y reubicaciones, generación de ingresos, identificación (incluida la libreta militar) y seguridad alimentaria.

“La inversión para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada ha aumentado en un 430%, en términos reales de 2002 a 2014 (…) A la fecha más de 507.000 víctimas han recibido la indemnización administrativa, lo cual implica una inversión superior a tres billones de pesos, algo histórico en el país. De este universo, 87.177 son víctimas de desplazamiento forzado, que recibieron una suma de 337.567.744.070,61 pesos”, insistió.

Gaviria dijo que en “2015 se han indemnizado a 20.854 víctimas de desplazamiento por un valor de $78.361 millones 123.686,23 pesos, es decir, el 91,5% de las víctimas durante la presente vigencia” y calificó esto como una muestra del compromiso del Gobierno.

“Aunque estos recursos son utilizados de manera voluntaria por las víctimas muchas de ellas las han invertido para potenciar sus capacidades productivas, lo que aporta de manera determinante al desarrollo del país”, afirmó Gaviria indicando que la reparación va más allá de una indemnización administrativa.

Igualmente, anunció que habrá un nuevo Conpes para la atención, que expedirá un nuevo decreto para ampliar parámetros de vivienda rural y anunció que la política se reconducirá para hacer énfasis en donde todavía hay deficiencias y que solicitó a la Corte Constitucional que haga un seguimiento conjunto a los temas en cuya implementación aún persisten retos.

ALGUNAS CIFRAS

Durante su exposición, Gaviria hizo alusión a la Encuesta Goce Efectivo de Derechos (EGED) entre población desplazada, realizada a finales de 2013 y comienzos de 2014, en 157 municipios del país (incluidas las 23 capitales principales).

Dicha medición, al ser comparada con datos de 2010, dice que el número de hogares desplazados en situación de pobreza y pobreza extrema han disminuido en más de un 30% y 40%, respectivamente y señala que el 78,6% de los hogares que tuvieron que desplazarse consideran que ya han iniciado su proceso de retorno y/o reubicación.

Dice esa encuentra que el 91% de ellos no han sido nuevamente desplazados y el 80% no ha sufrido ningún otro hecho victimizante.

En lo relacionado con vivienda urbana, el Gobierno dice que aumentó la inversión para hogares víctimas de desplazamiento, superando el 60% del presupuesto total.

Gaviria se refirió al contraste de las mediciones realizadas por la Unidad que dirige y la Contraloría General de la República, llegando a la conclusión que las encuestas no son comparables y aunque son un aporte para el análisis y seguimiento de la política pública, solicitó a la Corte que asuma como referencia la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos que desarrolló la Unidad para las Víctimas en asocio con el Dane.

En el marco de la audiencia, la Corte Constitucional felicitó a la directora Gaviria por el trabajo que ha realizado. 

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