La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de concierto para delinquir, utilización indebida de información privilegiada y cohecho por dar u ofrecer al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, procesado por el entramado de corrupción que se suscitó al interior de la Corte Suprema de Justicia, denominado el ‘Cartel de la Toga’.
En la diligencia, ante la Juez 25 con función de Control de Garantías, el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho Flórez, sacó a colación los hechos por los que Moreno hoy se encuentra recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad de la Artillería.
En la audiencia pública, que tardó un poco más de una hora, el fiscal reveló actos de corrupción que vincula al exmagistrado de la Corte Francisco Ricaurte, Gustavo Malo Hernández, Leonidas Bustos y una cantidad de congresistas que habrían pagado para que las investigaciones en su contra cesaran.
“En Bogotá, entre los años 2012 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez y Leonidas Bustos Martínez promovieron y dirigieron una organización criminal a la que fue vinculado usted Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla Gómez y Gustavo Malo Fernández, y cumplían la función dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública en relación a las investigaciones penales”, dijo.
El primer hecho que reveló fue el del senador Álvaro Antonio Ashton, contra quien la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones por el delito de parapolítica. Por estos hechos, la Fiscalía aseguró que la organización le habría pedido 1200 millones de pesos para dilatar la investigación.
En relación al caso de Musa Besaile Fayad, el fiscal aseguró que la organización criminal le solicitó 2000 millones de pesos. “Francisco le ordenó comunicarse con Musa Besaile, después de varias reuniones acordaron el pago de 2000 millones de pesos con el fin de evitar una orden de captura en contra del congresista”, señaló.
En cuanto a Julio Manzur le pidieron 2000 millones de pesos. Con relación a Julio Eugenio Gallardo indicó el fiscal que le solicitaron 300 millones de pesos por el delito de peculado por apropiación en el marco de las investigaciones que adelantaron entre los años 2015 y 2016.
El fiscal del caso reveló que, en cuanto a Juan Carlos Abadía, quien fue Gobernador del Valle y sobre quién pesaban diez investigaciones, el exmagistrado Ricaurte junto con el fiscal del proceso acodaron archivar dichas investigaciones y evitar imputaciones.
En la audiencia el fiscal también reveló que la representante a la Cámara Argenis Velásquez, también acudió a la organización con la finalidad de dar manejo a las dos investigaciones que reposaban en el alto Tribunal. “La suma inicialmente pactada fue de 380 millones de pesos, que recibió en dos contados: el primero por 180 millones de manos del esposo o compañero de la congresista, y el segundo de 200 millones de pesos recibido por la misma congresista”.
Por otro lado, el fiscal señaló que otro de los congresistas es Lucas Segundo Geneco Char, sobre quien pesaban investigaciones penales. “En Bogotá, en el año 2015, Lucas Geneco, por medio de su hijo, entregó a la organización 150 millones de pesos, dinero del que usted Luis Gustavo Moreno le entregó el 50 % a Francisco Javier Ricaurte y porcentaje que incluía al magistrado Gustavo Malo, quien para lograr el objetivo decretó unas pruebas que no habían sido solicitadas, entre otros hechos”.
En relación a Óscar Arboleda Palacio, el fiscal reveló que para los años 2014 y 2015 el proceso judicial en el que estaba envuelto había una decisión de carácter condenatorio, por lo que el exmagistrado Ricaurte y el magistrado Malo harían alguna maniobra para realizar una acción dilatoría.
Otro de los nombres que reveló el fiscal involucra a Alberto Velásquez Echeverry, exsecretario de presidencia, quien para el año 2015 pagó 300 millones de pesos con la finalidad de difundir información sobre su proceso y dar aviso sobre su orden de captura.
Por último, el fiscal manifestó que en relación a Franklin Chaparro y Germán Carrillo, exalcalde de Villavicencio, buscaron a la organización con el fin de que suministrarán servicios como abogado por un valor de 120 millones de pesos.
Por estos hechos, Moreno Rivera se declaró inocente debido a que busca un principio de oportunidad con la Fiscalía.
Al término de la diligencia, Pedro Aguilar abogado defensor de Moreno aseguró que el proceso de extradición contra su defendido surtirá efecto en junio.
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