Tras finalizar el ciclo 22 de conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), varios puntos quedaron en el aire, a pesar de que no corresponden al tema que actualmente está en discusión, sobre la solución al problema de las drogas ilícitas.
Uno de los principales se relaciona con la conformación de una comisión de la verdad que esclarezca las responsabilidades sobre todos los crímenes cometidos durante los años del conflicto, de tal modo que facilite la reparación a las víctimas y la aplicación de algún tipo de justicia transicional para cada caso.
Por un lado, las Farc han insistido varias veces en la necesidad de conformar esta comisión mientras se realiza el proceso de paz, con el fin de preparar el terreno para la discusión del punto 5 de la agenda que habla sobre el reconocimiento y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Por el otro, el Gobierno afirma estar a favor de una comisión de la verdad, pero cuando se firme el acuerdo y las Farc hayan dejado las armas. Según la declaración realizada el pasado domingo por el jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto De la Calle, “nosotros concebimos la verdad como un instrumento real para la paz y no como una herramienta táctica para las negociaciones”.
En este sentido el ex consejero Presidencial de Paz Carlos Eduardo Jaramillo afirma que, cuando se consideran experiencias de otros países con comisiones de la verdad, “éstas duran trabajando más o menos un año o año y medio para dar los primeros resultados”.
Según él, “si se implementa esta comisión de la forma en que la plantean las Farc”, es decir, antes de iniciar la discusión del punto 5 que habla sobre las víctimas, “habría que postponer la discusión por un término temporal equivalente y eso no conviene”.
Jaramillo asegura que existe una razón por la cual estas comisiones suelen organizarse después de terminadas las negociaciones de paz, y es justamente para “no dar pie a que los resultados de la comisión de la verdad condicionen la firma de un acuerdo de paz, ni que se abran procesos judiciales a los responsables de los crímenes antes de que se acuerden mecanismos alternativos de justicia”.
El ex consejero agregó que “el espíritu de estas comisiones es que el país y el mundo conozcan la verdad de lo que ocurrió durante los años de violencia que ha vivido Colombia para que no se vuelvan a repetir”.
En ese sentido, concluyó, “el Gobierno tiene razón en que eso tiene que ser para después, no puede ser ahorita, porque ni siquiera sabemos si este proceso de paz va a llegar a buen término o no”.
SOBRE EL CESE AL FUEGO BILATERAL
Ante los atentados por parte de las Farc, contra integrantes de la Fuerza Pública, y los operativos del Ejército contra la guerrilla, se volvió a poner sobre la mesa el tema del cese al fuego bilateral. Mientras el Gobierno, en palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, dice que “no habrá cese de operaciones hasta que no se firme un acuerdo final”, la guerrilla insiste constantemente en el tema.
Adicionalmente, el jefe de la delegación negociadora del Gobierno Nacional, Humberto De la Calle Lombana, ha argumentado que “en medio del dolor y la sangre, el balance militar para el Estado es altamente favorable, por eso sería un contrasentido otorgar el cese al fuego y perder una ventaja estratégica que terminaría alargando el conflicto”.
Por el otro lado, luego de los recientes hechos de violencia, el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timoleón Jiménez' o 'Timochenko', emitió un comunicado en el que pedía al presidente Santos “hacer un cese al fuego bilateral de forma inmediata” como condición para detener estos atentados.
Sobre este desacuerdo, que parece no tener esperanza de resolverse, también opinó Carlos Eduardo Jaramillo quien recordó que “ese cese bilateral al fuego se ha aplicado en Colombia en los procesos que se han surtido con todas las guerrillas que se han desmovilizado hasta el momento”.
Según él, lo que se suele hacer en otros países con el cese bilateral al fuego, “se acuerda que la guerrilla concentre toda su fuerza armada en ciertos puntos del país, delimitando un área para eso, donde sus integrantes permanecerán mientras se surte el proceso de paz”.
Esto implicaría que las guerrillas estarían allí controladas por el Estado, pero sin que haya ataques de la Fuerza Pública contra sus campamentos o ataques a la población civil por parte del grupo guerrillero.
Sin embargo, Jaramillo afirma que esto en Colombia no se puede implementar porque las Farc no son los únicos actores violentos que hay en el país. “Si se le pidiera a la Fuerza Pública que dejara de patrullar y de combatir a los actores armados, otros grupos delictivos como el ELN, las bandas criminales y los que están vinculados con el narcotráfico comenzarían a hacer lo que quisieran impunemente”.
En este sentido “la única forma en que se podría lograr este cese bilateral es que las Farc se logren ubicar en un sitio donde se puedan vigilar sus movimientos”, afirmó Jaramillo y agregó que “será muy difícil que las Farc accedan a hacer esto, porque ellos no confían en las garantías del Estado”.
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