El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció hoy que abrió una investigación formal en contra del ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, por el proselitismo armado realizado por las FARC en El Conejo, La Guajira.
Ordóñez aseguró que por las denuncias allegadas a la entidad y por las notas de prensa sobre la presencia de las FARC en dicho corregimiento del municipio de Fonseca, también se abrió investigación formal contra el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía Ferrero, y del comandante de la Primera División, general Jorge Enrique Navarrete Jadet.
Igualmente, la investigación va dirigida contra el comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército, Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2 ‘Cr. Juan José Rendón’, teniente coronel Iván Orlando González Villamil y del Comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 10 ‘Santa Bárbara, coronel William Alfonso Chávez Vargas.
De acuerdo con el Procurador, la decisión se tomó por conductas que constituirían faltas disciplinarias, las cuales se investigarán en dos dimensiones:
“La primera consiste en establecer si las Fuerzas Militares y de Policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de las FARC en el corregimiento Conejo”, dijo Ordóñez al considerar que esto podría violar la Ley 418 de 1997 que prohibió las zonas de despeje.
“La segunda consiste en determinar si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a la población civil del corregimiento de Conejo, en el corregimiento de Fonseca en el departamento de la Guajira, e indefensa en manos de las FARC”, agregó.
Ordóñez estimó que con esta investigación se deberá determinar, entre otras cosas, “si se permitió el uso, por parte del grupo guerrillero, de un establecimiento educativo, con estudiantes del Conejo, configurándose una presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a la Constitución Política que impone a las autoridades proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes”.
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