Procurador critica a la CICR y recuerda que no se pueden crear zonas de despeje

19 de febrero de 2016 07:36 AM

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El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió al ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, una misiva en la que le pide explicaciones por la presencia de jefes guerrilleros de las Farc en El Conejo, La Guajira, haciendo proselitismo armado.

En la carta, además, la Procuraduría General de la Nación asegura estar extrañada porque "el Comité Internacional de la Cruz Roja, en contra de los principios de neutralidad e imparcialidad a los que está obligado, y los países garantes, Cuba y Noruega, hayan posibilitado la reunión de miembros de las Farc con población civil que ha sido víctima en el conflicto armado, cuando éste se mantiene y esa organización sigue delinquiendo".

Si bien el Gobierno aseguró ayer que no va a permitir política con armas, para el Procurador el evento, con tan amplia asistencia de guerrilleros, no se hubiera podido llevar a cabo sin la previa autorización gubernamental de la visita "y sin ordenar a la fuerza pública estar ausente del lugar, instrucción que solo puede provenir de la línea de mando, conforme a la Constitución y a las normas que regulan la materia".

En ese sentido, para la Procuraduría no solo se debe evitar que una situación similiar se repita sino que recordó que las “zonas de despeje” fueron prohibidas mediante la ley 1421 de 2010 y que tiene consecuencias disciplinarias el desconocimiento de dicha norma pues el Gobietno no tiene competencias para crear estas zonas.

"El Estado no puede dejar a la población civil en manos de un grupo armado ilegal, sean las FARC, el ELN o las bandas criminales BACRIM, como sucedió en este caso. En la práctica la inmovilización de la fuerza pública desprotegió a la población mientras proporcionó protección a los integrantes de las FARC", señaló.

De acuerdo con el Procurador la presencia armada ilegal duró varias horas "ante la pasividad total de la Fuerza Pública", por lo que se debe aclarar por el Gobierno esta situación.

"Es incompatible con la Constitución que se repita lo ocurrido en el corregimiento de Conejo, esto es, que decenas o centenares de miembros de las FARC armados tomen una población contando de antemano con la pasividad de las Fuerzas Militares y de Policía", puntualizó. 

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