El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, insistió ante la Corte Constitucional, para que sea seleccionada una tutela que presentó el general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez en contra del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán.
El general alega que el Tribunal, como la Corte Suprema de Justicia, que luego le rebajó la pena a 37 años de prisión, le vulneraron sus derechos porque dictaron “sentencia en un proceso en que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal”.
En este caso, cabe recordar, la Corte advirtió primero la prescripción de la acción penal sobre el delito de falsedad material de documento público por servidor público, pero indicó que todo lo relacionado con la masacre era un delito de lesa humanidad y por eso mantuvo la condena aunque se la rebajó.
La defensa del general Uscategui solicita en la tutela que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y se declare la nulidad de la sentencia de la Corte.
La tutela fue negada en primera y segunda instancia por la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, pues dichas salas consideraron que este mecanismo constitucional no podía “justificar la omisión de acudir al recurso de revisión” que se adelanta ante la propia Corte.
Para el jefe del Ministerio Público, en el caso hay efectivamente una vulneración del derecho al debido proceso porque en el Código Penal Colombiano no se conciben los delitos de lesa humanidad ni los crímenes de guerra sino que, por el contrario, estas categorías están incluidas en instrumentos internacionales que, a pesar de que han sido ratificados por Colombia, en todo caso no han sido armonizados plenamente con el ordenamiento jurídico interno.
El Procurador Ordóñez además se preguntó si la decisión penal proferida en contra del general (r) Uscátegui “implicó el desconocimiento y la desnaturalización del principio de legalidad” y por eso considera que es oportuno que la Corte Constitucional revise el caso.
“(…)para que se pronuncie sobre la manera de asegurar la supremacía constitucional ante eventuales conflictos o tensiones entre las normas constitucionales y los instrumentos internacionales, y específicamente sobre las facultades y competencias de las autoridades judiciales con respecto a casos de este tipo”, precisó la entidad.
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