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Procuraduría advierte que la Ley de Víctimas sigue desfinanciada

La Procuraduría General de la Nación advirtió este viernes que la Ley de Víctimas tiene problemas de financiamiento y que estos van hasta el 2021 además de afectar su cronograma de ejecución por lo que proponen que el nuevo plan de desarrollo se ocupe de asignar nuevos recursos a la norma.

Dicho reporte fue emitido por le Ministerio Público luego de conocer un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas (CSMLV), la cual considera que en los próximos tres años deberían invertirse 129.2 billones de pesos para ejecutar la ley, mientras que el gobierno anterior consideró que su presupuesto debería ser cercano a los 28 billones.

“Para la implementación de la política de víctimas, el Gobierno Nacional asignó, entre 2012 y 2018, 76.9 billones de pesos a precios constantes de 2018. Sin embargo, no realizó un esfuerzo fiscal adicional, sino una destinación prioritaria de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanzó el 56% del total asignado”, expresó la CSMLV en su informe.

Para la comisión también es insuficiente la incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima.

En cuanto al presupuesto para las víctimas étnicas, se evidenció que el Gobierno proyectó para el periodo 2012 a 2021, recursos por $3.8 billones para las medidas de salud, educación y generación de ingresos. Sin embargo, en cumplimiento de la orden proferida por la Corte Constitucional, emitida en el auto 266 de 2017, se realizó una nueva evaluación de los costos de atención y reparación de la población desplazada indígena y afrocolombiana por valor de $15.9 billones de pesos de 2017. 



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