Por considerar que se vulneraron derechos y garantías fundamentales del procesado, la Procuraduría General de la Nación apeló la medida de aseguramiento preventiva, sin derecho a libertad provisional, que fue dictada por la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez el pasado lunes.
Luego de analizar los fundamentos planteados por la Fiscalía para la imposición de la medida, el Ministerio Público informó de manera oficial que "es claro que estos no son adecuados según los lineamientos legales y constitucionales propios del ordenamiento jurídico, considerando así, que los fines necesarios para imponer la medida de aseguramiento no se encuentran satisfechos y en consecuencia debe revocarse la misma por ser improcedente".
Frente a la posible no comparecencia de Uribe Vélez al proceso, la Procuraduría indicó que el mismo fiscal es quien en su escrito reconoce que Santiago Uribe Vélez ha concurrido a los llamados de la justicia a lo largo de la investigación previa y de instrucción y que ciertamente se trata de una persona con arraigo social y familiar.
Para la Procuraduría no es acertado partir para la imposición de la medida de aseguramiento de la mala fe del procesado, "quien ha asistido siempre que ha sido citado, y, además, nunca ha demostrado o se ha comportado de una manera que demuestre algún deseo de evadir la acción de justicia".
De igual forma, el Ministerio Público aseguró que la medida de aseguramiento es un mecanismo excepcional que debe buscar imponerse cuando sea estrictamente necesario, bajo rigurosos criterios de necesidad y proporcionalidad, "siendo inadecuada la imposición de una medida intramural por la sola connotación o gravedad del caso".
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