La sanción, que se confirmó un año después de conocido el fallo de primera instancia, se remite a la participación de Moreno Galvis en el ‘carrusel’ de contratación que tuvo lugar en la Alcaldía de Bucaramanga durante los cuatro meses que fungió como titular de la administración por designación del entonces gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe.
Específicamente, los hechos por los que el Ministerio Público profirió el fallo, se remiten a la suscripción de un convenio con la Fundación Asistencia Social por $930 millones para la instalación del alumbrado navideño de la capital santandereana en 2011.
Estos hechos fueron denunciados por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal y el columnista Manolo Azuero.
Precisamente, estos fueron los argumentos que se esgrimieron por parte de la Procuraduría para determinar que Moreno Galvis con su actuar, vulneró la ley de contratación estatal que lo obligaba por el monto y el objeto del contrato a realizar una licitación pública con el fin de garantizar la transparencia del proceso.
De hecho, el ente de control determinó que debido a que la Alcaldía de Bucaramanga sí recibió una contraprestación con el contrato, que se materializó en la adquisición de elementos de alumbrado público y su instalación (ítems que estaban comprendidos dentro del plan de compras del municipio), no existía justificación alguna para que el controvertido exmandatario adelantara un convenio de este tipo.
En este sentido, la Procuraduría también consideró que pese a que el convenio fue tasado en $930 millones, de los cuales $76 eran aportados por la Fundación, no se comprobó que efectivamente la entidad sin ánimo de lucro hubiera realizado la inversión, ni se soportaron la totalidad de los recursos pagados por la Alcaldía de Bucaramanga.
Debido a que durante el proceso no se demostró que Moreno Galvis tuviera expreso conocimiento de que estaba vulnerando las normas de contratación, en vista de que argumentó que suscribió el convenio porque no tenía tiempo para licitar el alumbrado navideño, desde el Ministerio Público se señaló que la falta no fue a título de dolo, sino culposa.
En este sentido, se le impuso la sanción considerando que incurrió en una falta grave a título de culpa gravísima.
Por la suscripción del controvertido contrato el pasado 19 de marzo Héctor Moreno Galvis fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en el proceso penal que le adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal por estos hechos.
La medida se dio luego de que Moreno Galvis hubiera sido capturado en su residencia por no haber comparecido en tres ocasiones ante un juez de garantías para que se le imputaran cargos.
Durante esa audiencia la Fiscalía reveló que la mayoría de los soportes del cuestionado contrato fueron falsificados.
Aplazan audiencia preparatoria por otro contrato del ‘carrusel’
La audiencia preparatoria que estaba programada ayer contra el exalcalde (e) de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, por la suscripción de otro de los controvertidos contratos del ‘carrusel’, fue aplazada.
En esta ocasión el defensor del cuestionado exmandatario, Luis Alejandro Toloza, pidió el aplazamiento argumentando que no había podido reunir las evidencias que requería para ejercer la defensa de su apoderado durante el juicio y en esa diligencia dárselas a conocer a la Fiscalía.
Aunque el abogado inicialmente hizo la solicitud de que el aplazamiento fuera de dos meses, la Fiscalía y el Ministerio Público se opusieron a la pretensión, por lo que el juez quinto penal de conocimiento dio un término de un mes a Toloza para que se cumpliera la audiencia.
Precisamente, durante la diligencia el fiscal sexto delegado ante el Tribunal, Yesid Mateus Flórez, señaló que esa solicitud obedecía a “maniobras dilatorias” de la defensa, para que el inicio formal del juicio verbal no se concretara.
Por la suscripción de este contrato, que fue firmado por la Corporación Social para el Desarrollo Comunitario, Corsoder, el 21 de diciembre del 2011, la Fiscalía tiene más de 60 evidencias en contra de Moreno Galvis que probarían que los $75 millones que fueron destinados para un encuentro de líderes comunales jamás se ejecutaron.
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