El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, anunció que la Procuraduría deberá indemnizar a la exsenadora Piedad Córdoba por sancionarla ilegalmente para ejercer cargos públicos por 18 años, luego de que la Corporación tumbara una de sus sanciones disciplinarias.
“La Procuraduría deberá entonces indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios que dejó de recibir entre el 3 de noviembre de 2010 día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014 día en que finalizó su período legislativo”, señaló el magistrado Rojas.
El presidente del alto tribunal explicó que la decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado fue tomada luego de que la coorporación tuviera en cuenta que las pruebas recolectadas por el Ministerio Público se basaban en información obtenida de los computadores de Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes', en la llamada 'Operación Fénix'.
“La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contemplan el ordenamiento jurídico colombiano, ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para esos efectos”, manifestó el magistrado.
Para la Sala Plena, el Ministerio Público “vulneró los derechos” de Córdoba al sancionarla sin tener en cuenta la legalidad de las evidencias, razón central para tumbar el fallo proferido por ese organismo de control en el que señaló a Córdoba de extralimitarse en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las FARC.
“El fallo también señala que las otras pruebas utilizadas por la Procuraduría para sancionar a la excongresista son noticias que únicamente sirven para determinar el registro de un hecho pero no se le puede dar valor probatorio como lo sostiene la jurispredencia del Consejo de Estado”, dijo el magistrado.
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