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Procuraduría destituyó a tres policías por crimen del grafitero Diego Becerra

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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al subintendente de la Policía Juan Carlos Leal Barrero; y a los patrulleros Fredy Esneider Navarrete Rodríguez y Nelson Daniel Rodríguez Castillo por haber alterado la escena del crimen de Diego Felipe Becerra, muerto en hechos ocurridos en 2011.

Igualmente, la entidad absolvió al coronel José Javier Vivas Báez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; al teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Suba; y al subintendente Rosemberg Madrid Orozco, comandante del CAI de los Andes de la jurisdicción de la Policía de Suba, tras no encontrar relación probatoria de los uniformados en los hechos.

Diego Felipe Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011 al norte de Bogotá. Inicialmente las versiones de los uniformados implicados en la muerte indicaban que el joven había atracado un bus y los disparos se habían presentado durante la acción policial. Sin embargo, las autoridades investigan a cerca de 11 uniformados, por participar en la alteración de la escena del crimen del joven.

Para la Procuraduría los policías sancionados cometieron una falta disciplinaria al propiciar una demora injustificada en la entrega de la escena al CTI de la Fiscalía General de la Nación, y por "acordar un pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos", que rodearon la muerte de Becerra.

Entre las pruebas, el ministerio Público tuvo en cuenta los informes periciales de laboratorio que demostraron que se ingresó un arma a la escena del crimen, y que la misma ya había sido disparada, pero que el menor no la portaba y que no la había disparado.

También la entidad escuchó a integrantes del CTI, quienes detallaron los pormenores e irregularidades en la entrega de la escena del crimen, así como las declaraciones del subteniente Rosemberg Madrid Orozco quien manifestó haber recibido presiones para ocultar la verdad de lo sucedido.

La Procuraduría calificó la conducta de los uniformados como gravísima, dado que los Policías sancionados contaban con la preparación de la institución, así como con la "madurez y experiencia", quienes sabían y conocían que las funciones esenciales de sus cargos.

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