La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que no dicte medida de aseguramiento en contra de la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, quien fue imputada por la Fiscalía por las irregularidades y sobrecostos en la contratación del edificio de la entidad en el sector de ciudad Salitre en Bogotá.
En continuación de audiencia en el Palacio de Justicia, la delegada de la Procuraduría consideró además que no hay delito ni "capricho" en las acciones que adelantó la Contralora para arrendar una nueva sede para la entidad, en el entendido de que ella tenía el deber de hacerlo dadas las pésimas condiciones de la sede de esa entidad en el centro de Bogotá.
La Procuraduría señaló que no hubo actuación irregular en la contratación e insistió que el edificio de Gran Estación en el sector de Salitre era el único habilitado, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la Contraloría. Además, enfatizó en que contrario a lo que ha dicho la Fiscalía en este caso, Morelli no direccionó la contratación que le valió la imputación de varios delitos.
"A criterio nuestro no hay inferencia razonable de autoría frente a los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, como tampoco frente al concurso de delitos que por el tipo de peculado por apropiación se imputaron. De igual manera, tampoco esta delegada de la Procuraduría considera que exista delito alguno en las conductas que se imputaron", señaló.
A Morelli le fueron imputados los delitos de celebración indebida de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros relacionados con los contratos 233 y 234 del 29 de marzo de 2012, suscritos con la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., por valor mensual de más de 2 mil 700 millones de pesos. Esto habría ocasionado un detrimento patrimonial de más de 12 mil millones de pesos.
A juicio de la Procuraduría, en este caso no corresponde dictar medida de aseguramiento porque no cumple con los requisitos que la ley en el entendido que la Fiscalía no ha aportado documento alguno que haga pensar que Morelli haya ocultado información o presionado testigos. En cambio, señaló la entidad, la exfuncuonaria fue a los interrogatorios a los que fue citada y entregó suficiente información sobre el caso.
Igualmente, la Procuraduría estimó que la Fiscalía no pudo argumentar que en efecto la Contralora no vaya a cumplir una eventual sentencia condenatoria en su contra. Además, avaló que Morelli actuara de forma rebelde en contra del Fiscal a quien denunció. Es más, a juicio de la Procuraduría, es entendible que la Contralora tenga una actuación reticente ante el fiscal Eduardo Montealegre.
"El Ministerio Público discrepa que el comportamiento de la doctora Morelli sea de rebeldía frente a la Judicatura, sino de rebeldía frente a su denunciado, el hoy fiscal general de la Nación, como así lo ha expuesto la excontralora en medios de comunicación. El comportamiento anterior, su trayectoria, sus resultados como contralora, su condición de madre cabeza de hogar, son aspectos que hacen que la solicitud de medida de aseguramiento no sea necesaria ni mucho menos urgente", apuntó.
Por su parte, la defensa de la excontralora encabezada por Álvaro Pérez, solicitó que no se dicte tal medida de aseguramiento en el entendido de que ella no ha sido previamente investigada ni procesada ni tenía restricción alguna para viajar a Italia, en donde se encuentra actualmente.
Además, la defensa cuestionó que la Fiscalía haya tenido en cuenta testimonios de personas que eran contratistas y, al parecer, estaría ahora trabajando en la Fiscalía. El abogado Pérez mostró en audiencia el informe de Gestión de la Contraloría ante el Congreso en donde se citan que sí hubo varias opciones para el arrendamiento y que se escogió la sede del Salitre porque era la más idónea.
El abogado Pérez indicó que Morelli no tiene la capacidad para afectar al proceso, ni obstruir la justicia ya que todos los documentos relacionados con dicho arrendamiento ya son públicos. Además, indicó que el hecho que este en Roma no quiere decir que no vaya a comparecer al proceso y que prueba de eso que ha asistido a las audiencias de forma virtual.
Morelli estuvo presente en la audiencia desde Roma vía Skype. La audiencia fue aplaza para el próximo 9 de diciembre, cuando el magistrado leerá la decisión.
FISCALÍA PIDIÓ CIRCULAR ROJA
Este martes la Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal que dicte orden de captura internacional, circular roja de Interpol para Morelli luego de solicitar la medida de aseguramiento en detención domiciliaria para ella.
Tras conocerse esta petición, la Contralora Morelli dijo vía Skype desde Roma que ya se había ventilado esta petición por los medios de comunicación por lo que suponía que ya se había producido.
"Yo misma verifiqué en la Interpol que no ha existido un acto en ese sentido por la sencilla razón que no se había producido y que de todas maneras, la Interpol hace no una verificación no de fondo sino sumaria sobre la legalidad de la solicitud, sobre que no haya un trato discriminatorio", dijo Morelli al pedir a su abogado que se pronunciara de fondo.
El fiscal Décimo Delegado, Carlos Mejía, indicó que la medida debe otorgarse por tenerse claro que Morelli no asistirá al proceso, ni cumplirá ninguna condena, en caso de que esta se produzca, toda vez que Morelli está en Italia.
"Se cuenta con los elementos probatorios y evidencia física recogidos y asegurados e información obtenida legalmente que permitan inferir de manera razonable que María Sandra Morelli Rico es autora de los delitos imputados. Segundo, se poseen los elementos de juicio que permiten pronosticar que la imputada no comparecerá materialmente al proceso y, por ende, no cumplirá con una eventual sentencia", señaló.
El Fiscal indicó que las conductas que se le endilgan a Morelli son graves, que afectaron la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones y que produjeron una lesión de la función de la administración pública. En ese sentido, la Fiscalía reprochó que estas presuntas delictivas las hubiera realizado la persona encargada de la gestión fiscal en el país.
El Fiscal indicó que por estos hechos le podrían significar mínimo 8 años de prisión y luego enfatizó en que Morelli abandonó al país por lo que, dijo, la medida de aseguramiento es obvia para que con los instrumentos internacionales que van al caso, pueda comparecer al juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
"Mal precedente y pésimo mensaje se enviaría a la comunidad si las autoridades no actúan decididamente para asegurar la eficacia de la administración de justicia cuando alguno de los miembros más destacados de la sociedad defraudan las expectativas de rectitud y lesiona de forma dolosa e irreparable bienes jurídicos colectivos", apuntó el fiscal Mejía.
No obstante, a pesar de indicar que duda de la actitud de Morelli y de alegar que es una 'rebeldía' contra la justicia, el Fiscal Mejía solicitó de carácter urgente la medida de detención domiciliaria por considerarla suficiente.
"(...) Una vez se logre la captura de la doctora Morelli Rico, los fines de comparecencia se satisfacen con la restricción de su libertad en su residencia", precisó el fiscal.
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