“Programas de posconflicto no implicarán impuestos específicos sobre la paz”

04 de julio de 2016 11:28 AM

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El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, coordina las iniciativas que adelantará el Gobierno Nacional para el posconflicto. Hay una agenda estructurada a plazos corto, mediano y largo, que se divide en la estrategia de ‘Respuesta Rápida’ y en una ‘Agenda Transformadora’, que puede tomar 20 años.

El ministro consejero, en diálogo con COLPRENSA, explicó cómo es ese plan, especialmente el de ‘Respuesta Rápida’, que quiere evitar, entre otras cosas, que nuevos grupos armados ilegales tomen el poder en las zonas que dejen las FARC, sino que a ellas llegue el Estado.

El conjunto de acciones para el posconflicto será financiado con el presupuesto nacional, con créditos, con la próxima reforma tributaria y con cooperación internacional, por lo que aseguró que no se necesita pasar de un impuesto a la guerra, a un impuesto de paz.

- ¿Cuál es la estrategia para implementar los acuerdos con las FARC y adelantar los proyectos del posconflicto?
Son tres componentes que van en la misma dirección. Uno es ‘Respuesta Rápida’: cambios en las regiones, una vez firmado el acuerdo y empezada su implementación. Después viene una ‘Agenda Transformadora’, que encierra dos cosas: una, la implementación de acuerdos, que es pensada a diez años, y, dos, otros temas que van más allá de la implementación de acuerdos, como la extensión del sector privado y la extensión de otras actividades del Estado en zonas que han tenido conflicto, lo que puede durar hasta 20 años.

- Usted ha dicho que hay una arquitectura institucional. ¿Cómo es?
La Presidencia hace la coordinación y tiene una dirección de posconflicto, un comité ministerial, una dirección de lucha contra cultivos, y una dirección contra minas antipersonal. También está el Fondo Paz, que es el vehículo financiero que permite unificar la cooperación internacional con los recursos nacionales. Y está la Agencia de Renovación del Territorio, que ya existe y va a hacer la implementación de una parte de los acuerdos, la otra parte la hacen los ministerios tradicionales.
- ¿Desde cuándo se está trabajando en la estrategia de ‘Respuesta Rápida’?
Desde hace unos siete u ocho meses. Su importancia es porque estabilizará zonas. Lo que se quiere es que las zonas que dejen las FARC no sean ocupadas por otros grupos ilegales y que haya un inicio de una actividad de estabilización, que tenga efecto positivo sobre la población. Que no sea que se firme la paz y no ocurra nada, sino que la respuesta rápida –que no toca temas estructurales- plantee una focalización de la atención del Estado.

- ¿Qué incluye esa estrategia?
Se compone de proyectos de atención socioeconómica, gobernabilidad, justicia transicional y justicia y seguridad. En total son 26 programas de respuesta rápida, que reúnen más o menos 1200 ó 1300 proyectos. Ya están empezando todos y están financiados en un 85 %; la respuesta rápida es de año y medio, 18 meses, y vale un poco más de un billón de pesos.

- Estos tienen que haber empezado antes de la firma del acuerdo final, ¿en dónde se harán?
Una parte ya empezaron y tienen que estar este semestre en operación. Hay unos que cubren 20 municipios, por ejemplo el desminado, y otros, 350 municipios, a los que van a llegar programas de crédito agropecuario, con el Banco Agrario. No hay un mapa específico que diga esto es posconflicto y esto no, sino que depende de cada programa y cada entidad qué focalización tiene. En esencia buscan estabilización de los municipios que van a tener un cambio con la firma.

- ¿Cuáles son exactamente las acciones que están en curso?
Está el desminado, cuyo plan es tener a Colombia sin minas en cinco años. Estados Unidos y Noruega han dado colaboración económica y hay un plan completo de desminado en este tiempo. Las minas que hay son todas puestas por la guerrilla, todas son artesanales, entonces no hay mapas buenos, no hay una buena ubicación sino una gran dificultad para detectarlas. Ya en eso también hay todo un programa. Y están los temas de minería ilegal y cultivos ilícitos.

- De todas esos 26 programas, ¿cuáles resalta usted?
Hay muchos temas que son de resaltar, por ejemplo este de 30 mil reparaciones individuales en las zonas donde han estado las FARC, que es el mismo proceso de reparación, pero que se focaliza en determinados municipios. Está el mejoramiento de red terciaria y secundaria de carreteras, esto es mejoramiento de 50 kilómetros por municipio en 70 municipios, que ya están identificados y que han tenido un avance en contratación con juntas de acción comunal. En el tema de justicia está la reactivación de conciliadores en equidad, que van a fortalecer la capacidad de conciliación y mediación en muchas zonas rurales en donde no hay Cámara de Comercio.

- ¿Cuándo empezaría la ‘Agenda Transformadora’?
Parte de este programa va a estar en el presupuesto de 2017 que se tiene que presentar en el Congreso. Parte va a estar en las facultades que tiene el presidente, pero el cambio estructural no ocurre en seis meses ni en uno ni en un año, es un tema de largo plazo. Por ejemplo, modificar el catastro en todos los predios rurales de este país tarda siete años, por lo menos.

- ¿Qué harán para se cumpla esa agenda?
Estamos trabajando en un documento Conpes –para dentro de unos quince días— que recoja todo la estructura que se ha pensado y se pueda definir una proyección, porque en él se puede establecer una estrategia multianual con la estrategia del posconflicto.

- La propuesta que usted ha mencionado de cambiar impuestos por obras, ¿a cuál parte de la estrategia pertenece?
Eso hace parte del programa de posconflicto a largo plazo. Que se cambien impuestos por obras, o que se den incentivos para localizar nueva inversión en algunas zonas del país. No es que medio país se vuelva una zona franca, sino cosas muy específicas en las cuales se quiere que el sector privado tenga un mapa más grande en su geografía económica del que hoy tiene, que es lo que permite el posconflicto.

- ¿Cómo se va a financiar todo esto?
Con el presupuesto nacional principalmente y en una proporción menor de cooperación internacional. Lo de desminado se financia principalmente con cooperación internacional, pero lo de crédito agrícola y temas similares, de presupuesto nacional.

- ¿Habría un impuesto para la paz en la reforma tributaria?
Todo esto no va a implicar un impuesto específico sobre la paz o para la paz en la reforma tributaria. La reforma pretende generar una estructura estable y más equitativa de todas las finanzas públicas. Y las facultades del presidente tampoco son para crear impuestos, puede, sí, crear mecanismos de exenciones en algunas zonas, o decretar el pago de impuestos a cambio de obras, pero no crear impuestos. No va a haber un cambio del impuesto de guerra a un impuesto de paz, para ser claro.

- ¿Cómo se ve la ayuda internacional? 
La meta sigue siendo de tres billones en cinco años de cooperación internacional distinta a crédito. Se ha planteado que parte sea de Estados Unidos, parte de la Unión Europea y parte de otros donantes

- Programas como el de Manos a la paz, que maneja el PNUD, ¿están en qué espacio? 
Esos están concentrados en los programas de cooperación internacional, en la estrategia de ‘Respuesta Rápida’. Hay un fondo del PNUD, un fondo de la Unión Europea, un fondo del Banco Mundial, un fondo del BID y está Usaid (de EE. UU.), más la ayuda bilateral.

- Después de los 180 días del proceso de dejación de armas por parte de las FARC, ¿qué va a pasar con esos guerrilleros, se podrán integrar a proyectos como los que se plantean acá?
Todo lo que le he hablado hasta ahora no tiene que ver con los miembros de las FARC, sino con la población campesina. Para los miembros de las FARC habrá programas de reintegración, que están por definirse en La Habana. Pueden llegar a participar quizás en estos proyectos o en otros. Eso está por definirse. 

LOS 26 PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA RÁPIDA

1. Atención socio-económica
- Asistencia productiva agropecuaria
- Mejoramiento de red terciaria y secundaria
- Infraestructura social
- Autoconsumo
- Prevención del reclutamiento de menores.
- Alfabetización
- Formación y Actualización catastral (barrido)
- Energización rural
- Turismo: “Seguro te va a encantar”
- Generación de ingresos en entornos urbanos
- Sustitución de cultivos ilícitos.

2. Gobernabilidad y conflictividad
- Manos a la Paz: universitarios voluntarios
- Fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal
- Fortalecimiento de grupos de veeduría ciudadana y ejercicios de control social.
- Identificación de actores presentes en las zonas.

3. Justicia Transicional
- Reparación colectiva. 30 sujetos colectivos
- Indemnización individual en zonas estratégicas (30.000 personas)
- Plan Sur del País: Unidad de Restitución de tierras.

4. Justicia y seguridad
- Desminado (50 % a 100 %) en municipios de más afectación
- Jornadas móviles integrales (justicia, paz y derechos), más feria trámite.
- Creación y fortalecimiento, incluyendo movilidad, de los Sistemas Locales de Justicia, en 106 municipios
- Reactivación de Conciliadores en Equidad y nuevas certificaciones
- Mejora del proceso de investigación y judicialización de amenazas en la UNP
- Fortalecimiento del enfoque de género en la Policía Rural para atender la violencia sexual y la violencia intrafamiliar
- Prevención, protección y atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y basada en género
- Mejoramiento de la respuesta a la extorsión.

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