Son varias las modificaciones que contiene el nuevo acuerdo de paz con las Farc, pues se trató de responder a muchas de las inquietudes que tenían los líderes del ‘No’.
Colprensa tomó las propuestas más divulgadas por los principales líderes del ‘No’, como los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y la exministra Marta Lucía Ramírez antes de conocerse el nuevo acuerdo y las comparó con los cambios logrados. ¿Qué tanto se tuvieron en cuenta?
MODELO DE TRANSICIONAL
Sobre la Justicia, el Centro Democrático había propuesto que se eliminara la Jurisdicción Especial para la paz y crear las “Cortes para la paz” dentro de la Jurisdicción Ordinaria; así mismo Marta Lucía Ramírez llegó a proponer que se hiciera una sala especial en la Corte Suprema de Justicia.
El modelo no se elimina en el nuevo acuerdo, pero sí llegó a tener más 68 modificaciones y muchas de ellas con ánimo de que se articule con la jurisdicción ordinaria y se respeten las competencias.
Por ejemplo, entre todas ellas, se establece que si hay un conflicto de competencias la resolverá una Sala Incidental compuesta por tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y tres magistrados de las salas o secciones de la Jurisdicción Especial no afectadas por el conflicto que exista.
En La Habana se tuvo en cuenta la propuesta del expresidente Andrés Pastrana sobre que las acciones de tutela sean revisadas por la Corte Constitucional en última instancia; pues la primera será la Sección de Revisión y la segunda la Sección de Apelaciones.
Así mismo, se puso en práctica su propuesta de poner un límite de tiempo para la Jurisdicción aunque no el mismo. En el nuevo acuerdo el plazo para la conclusión de funciones de la JEP será de 10 años, que según el presidente son para evaluar los casos y un plazo de 5 años para los juicios.
Otro cambio que se registra en el nuevo documento es la especificación sobre la sanción restrictiva de la libertad, pues los jueces tendrán que establecer los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados, pondrán los horarios de cumplimiento de las sanciones, se establecerá el lugar de residencia y solo se permitirá la salida de estas personas con un permiso.
También se eliminan los magistrados internacionales como lo pidieron los líderes del ‘No’, pero se mantiene una figura que permite que expertos internacionales opinen sobre los casos pero no tengan decisión sobre los mismos.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En el punto de participación política debido a que el Centro Democrático planteó que el Estatuto de Oposición debería ser redactado como prioridad nacional y no, decían, como un documento que gradúa a las FARC de legítimo opositor, se incluyó de manera expresa la obligación constitucional por la que se hace necesario crearlo para garantizar los derechos de todos los partidos políticos.
Sobre las garantías a la protesta social que se planteaban en el acuerdo original, se agregaron apartes como el siguiente: “Garantías plenas para la movilización (…) sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta”. Petición que fue hecha especialmente por Marta Lucía Ramírez.
El nuevo acuerdo también trae una especificación sobre las 16 circunscripciones especiales que se darán por dos periodos electorales para las personas que residan en zonas de conflicto. Ahora se especifica que además de los partidos políticos con representación en el Congreso, el partido de las FARC tampoco podrá aspirar a esos escaños.
Esta modificación responde a la crítica que tenían Alejandro Ordóñez y el Centro Democrático sobre las mismas, porque decían que iban a ser para el grupo guerrillero, pero no se acogió la propuesta que hacían, pues querían que a esas circunscripciones pudieran acceder todos, exigiendo que los candidatos fueran víctimas.
Tampoco en la renegociación se acogió la propuesta de que el partido de las FARC tuviera los mismos recursos y herramientas que las demás colectividades, pero sí se cambió la financiación.
Al movimiento político que surja del grupo guerrillero se le había dicho que se le daría el 10 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos. Ahora, desde la fecha de registro hasta el 19 de julio de 2026 se les promete una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos con personería jurídica en las elecciones previas a la firma del acuerdo final.
Y, se le cambió el 5 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos entre la fecha de registro y el 19 de julio de 2022, que era destinado para la divulgación presupuestal, al 7 % para la financiación del Centro de pensamiento y formación política, sobre el cual se había prometido un porcentaje anual pero sin especificarlo.
Tampoco se acogió la idea de que el partido de las FARC no podrá tener un representante de manera transitoria en el Consejo Nacional Electoral que pedía el uribismo.
Y se le dejó a las FARC las cinco curules en Cámara de Representantes y cinco en el Senado, un tema sobre el cual la mayoría de voceros del ‘No’ pedían que se les negaran a quienes cometieron los delitos de lesa humanidad.
NARCOTRÁFICO
Sobre este punto, líderes del ‘No’ como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe pedían que las FARC entregara toda la información con relación al negocio ilícito, -el expresidente Pastrana incluso ponía un tiempo de seis meses para ello-. Ante eso en La Habana se incluyó un párrafo en el que se dice que todos los que compadezcan a la Jurisdicción Especial para la Paz deberán entregar información de manera detallada al respecto.
Así mismo, algunos líderes del ‘No’ pedían que se siguiera con el enfoque manejado en la lucha contra las drogas y se equilibrara con la salud pública. Un punto que se modificó fue el del tratamiento a los pequeños cultivadores para ese propósito.
La modificación consiste en que los cambios que se harían en materia normativa frente a la acción penal en contra de los pequeños cultivadores ahora serían de manera transitoria. Y se especifica que ese tratamiento será revocado si llegan a reincidir en algún eslabón de la cadena del narcotráfico.
Y sobre la preocupación sobre tomar este delito como un delito conexo, se agregó en la Jurisdicción Especial para la Paz lo siguiente: “Para decidir sobre la conexidad con el delito político de conductas delictivas relacionadas con cultivos de uso ilícito, se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia interna colombiana con aplicación del principio de favorabilidad”.
REFORMA RURAL INTEGRAL
En la entrega de propuestas el Centro Democrático manifestó su preocupación por la posibilidad de que las FARC escogieran a los beneficiarios de los subsidios y adjudicación de tierra gratuita. Por eso ahora, en el nuevo acuerdo se especifica que será la autoridad administrativa competente la que los elija con ciertos criterios y creará un registro único de los mismos.
Así mismo, con ánimo de precisar que las tierras serán para las víctimas se incluyó explícitamente la priorización a “la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas”.
Pero ya que el acuerdo original solo hace mención a la ley de Restitución de Tierras y no se conoce su contenido, no se trató la revisión que pedía el partido, en especial a la figura de los compradores de buena fe.
La exministra Marta Lucía Ramírez había pedido que se miraran otras formas para fomentar la producción fuera de la entrega de tierras. Y, aunque se persiste la entrega de 3 millones de hectáreas, sí se cambió el tiempo a 12 años para entregarla y se incluyó la asociatividad que había propuesto.
“Al Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores”, dice ahora el acuerdo.
Otra de las preocupaciones por parte de los sectores del ‘No’, como Andrés Pastrana, era el de la expropiación, por lo que pedían que se incluyera “de conformidad con la ley”. Por lo cual se agregó el siguiente párrafo:
“Los procedimientos de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación (extinción del dominio sobre tierras incultas), se aplicarán de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en la leyes vigentes”.
Y también se agregó “Nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”, para quitar la preocupación de los líderes del ‘No’ sobre el respeto a la misma.
Sobre las preocupaciones de Álvaro Uribe y el exprocurador sobre el Catastro se especifica que el avalúo se hará por parte de la autoridad competente, y que este no tendrá efectos en el impuesto predial.
Otro punto que inquietó a los líderes del ‘No’ es que las consultas a las comunidades no tuvieran límites, por ello en los mecanismos de participación se incluye.
“Los mecanismos de participación que se establezcan para la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (…); en ningún caso pretenden limitar las competencias de ejecución de los gobernantes, ni las competencias de órganos colegiados (Congreso, concejos y asambleas). En el marco de los Planes de desarrollo se establecerán expresamente las características generales y tiempos para garantizar el buen funcionamiento de estos mecanismos de participación”.
ENFOQUE DE GÉNERO
Sobre este punto, que preocupó a los sectores del ‘No’ por la denominada “ideología de género”, se eliminaron muchas menciones en todo el acuerdo y se especificó a quiénes se quiere beneficiar.
Por ejemplo cambiaron: “Promoción de la no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversa”. Por: “Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, población LGTBI, los jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las minorías políticas y religiosas.
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