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Rechazan exterminio de la familia de Fabricia Córdoba

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El asesinato en Medellín de Carlos Arturo Ospina Córdoba, hijo de la también asesinada líder reclamante de tierras, Ana Fabricia Córdoba, provocó un repudio generalizado y generó alertas sobre la situación de esta familia. 

Con 22 años, el joven Ospina Córdoba recibió cuatro disparos por parte de sicarios en el barrio El Naranjal. 

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general José Ángel Mendoza, dio a conocer este domingo los avances del dictamen de Medicina Legal. 

“Medicina Legal ha confirmado que se ha tratado de cuatro impactos, tres a la altura del cráneo y uno más en los miembros inferiores”, señaló el oficial. 

Mientras el oficial anunció que ya empezaron las investigaciones por el crimen, la exsenadora Piedad Córdoba, quien es familiar del joven asesinado lanzó una preocupante alerta. 

“Lo lamento profundamente (…) Lamentar y rechazar abiertamente el exterminio que se está haciendo de una misma familia”, señaló la exsenadora, indicando de todas formas que desconoce los detalles del crimen. 

Y es que la tranquilidad de esta familia se ha visto alterada en más de una ocasión. Ana Fabricia, reconocida líder defensora de los derechos de las víctimas fue asesinada el siete de junio de 2011 por las balas de un sicario que se subió al bus en el que ella se desplazaba 

Para ese entonces, señaló la Defensoría del Pueblo, la líder estaba tratando de esclarecer el homicidio de su hijo mayor, Jonathan, ocurrido en 2010 cuando tenía 19 años, y había señalado a un sargento de la policía como el presunto autor del crimen. 

Su primer esposo, Delmiro Ospina, fue asesinado en 1995 en Chigorodó. Tras amenazas se desplazó a Medellín, primero a la Comuna 13, en donde le quitaron la vida a un hijo que para 2001 tenía 13 años de edad. 

Víctimas de constantes amenazas, la familia de Ana Fabricia Córdoba se tuvo que desplazar varias veces tanto dentro de la propia ciudad de Medellín, como fuera del país en el año 2012. Una vez regresó con su familia, la Unidad de Víctimas la ubicó preliminarmente en un albergue hasta que consiguieron una casa en la Comuna 13. 

Al lamentar el crimen, la Unidad de Víctimas señaló en un comunicado que “desde su regreso la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas asistió a la familia con atención humanitaria y desde el asesinato de Ana Fabricia entregó seis ayudas humanitarias de transición”. 

Ahora, la Ruta Pacífica de las Mujeres, colectivo de derechos humanos al que pertenecía Ana Fabricia, solicitó desde Medellín, protección a las hijas que le quedan víctimas a esta víctima del conflicto. 

“Que le den respuesta a la sociedad, que nos digan que es lo que está pasando con los jóvenes de este país. Tres personas de una misma familia en cuatro años, ya tiene que decirle algo a este Estado”, señaló Teresita Aristizabal a medios radiales. 

Ante estos hechos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a las autoridades “que se haga una investigación rigurosa para esclarecer este crimen, que enluta de nuevo a una familia que ha sido perseguida por la violencia”. 

Al rechazar el crimen, Otálora Gómez indicó que actualmente esa entidad acompaña en la actualidad aproximadamente 60 casos de protección de mujeres en todo el país que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo. 

De estas, 17 mujeres son beneficiarias de Medidas Cautelares por parte de la CIDH.

Además, señaló la Defensoría, de estos casos, en un 90 por se evidencia una discriminación múltiple, porque también son víctimas de desplazamiento forzado, madres cabezas de familia, algunas de ellas de origen campesino, y otras afrocolombianas. “Pero en casi ninguno de sus casos sus denuncias penales han llegado a sentencia condenatoria, reina la impunidad en la mayoría de los casos”, precisó la entidad. 

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