La Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención a la Unidad de Víctimas por entregar de forma incompleta un informe que había sido solicitado sobre las medidas que se han adoptado para proteger a la población desplazada.
En el Auto 115 del pasado 23 de abril, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, presidente de la Corporación, indicó que el informe entregado por la Unidad de Víctimas sobre la sentencia SU-254 2013, relacionada con la indemnización administrativa de víctimas, no era suficiente.
“El Gobierno Nacional no puede limitarse a describir las acciones adelantadas para indemnizar a las víctimas. Por el contrario, se trata de exponer un verdadero análisis acerca de las medidas encaminadas a garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, en particular, su derecho a la reparación integral, el proceso de implementación de aquellas y los resultados alcanzados”, señala el auto.
A juicio de la Corporación, la información aportada por la Unidad de Víctimas no permite realmente identificar qué medidas ha implementado el Gobierno Nacional y, por tanto, ni los avances ni los retrocesos en la atención de esa población.
Así, la entidad tiene 15 días para presentar un nuevo informe explicando detalladamente cómo han sido los procesos de reparación por vía administrativa a las víctimas, cuántas se han hecho de forma individual y cuántas colectivas, cuánto es el presupuesto que se tiene, entre otros.
El regañó de la Corte también se dirigió a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo porque no ha recibido ningún informe de su parte sobre la vigilancia que deben hacer al cumplimiento de la sentencia SU-254 de 2013.
Igualmente, la Corte le ordenó a la Fiscalía que remita un informe sobre las investigaciones que se estén llevando a cabo en varios municipios del Magdalena, así como las que se puedan derivar en materia de desplazamiento forzado del proceso que se adelanta en Justicia y Paz y las que se llevan a cabo por ese mismo delito en el país.
Finalmente, la Corporación exhortó al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, al Consejo Noruego para los Refugiados y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que vigilen que las órdenes que imparta la Corte para esta población se cumplan a cabalidad.
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