La relación entre el Gobierno Nacional y las dignidades campesinas sufrió un nuevo resquebrajamiento este jueves, luego de que voceros del sector papero decidieran levantarse de la Mesa de Interlocución Agraria, argumentando incumplimientos en los acuerdos pactados entre las partes.
Aunque el Gobierno ha sido reiterativo en que los compromisos se están cumpliendo, el anuncio del sector papero parece reunir el sentimiento del agro colombiano que, luego de más de un mes de conjurado el paro nacional, ven con escepticismo las medidas del Ejecutivo.
Los compromisos que tienen en vilo a los campesinos y en jaque al Gobierno por la posibilidad de un nuevo paro agrario, tienen que ver con la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina, las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y la inversión social allí.
“SÍ SE ESTÁ CUMPLIENDO”
El Gobierno insiste en que están cumpliendo con todos los compromisos pactados y que a la fecha ya se han puesto en marcha medidas en pro de los campesinos.
Éstas tienen que ver con el costo de los insumos, apoyos económicos, apoyo a la comercialización, temas de crédito y financiamiento, control al contrabando, salvaguardias de protección a la producción nacional e instalación de mesas de trabajo.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, asegura que “desde el Gobierno hay tranquilidad, porque estamos trabajando a más del 50 por ciento para el cumplimiento de los compromisos que están planteados, de modo que no es cierto que se esté fallando”.
En la tarea por mitigar la crisis del sector, el Gobierno ha expedido decretos, tres de ellos relacionados con el manejo de insumos, cuyo precio y acceso preocupan a diversos sectores productivos de la cadena agraria.
Los decretos son: el 1989 del 12 de septiembre, que redujo los gravámenes arancelarios al cero por ciento durante dos años, para la importación de insumos agrícolas como plaguicidas y fertilizantes. El 2001, de la misma fecha, que creó la Comisión Intersectorial de Insumos Agrícolas y Pecuarios, enfocada en la regulación de los precios de los insumos; y el 1988, también del 12 de septiembre, sobre control de precios a los insumos agropecuarios.
Además, el Decreto 2210 del 7 de octubre, que estableció las medidas de salvaguardia, fijó los contingentes y estableció los aranceles para la defensa comercial en el marco de la Comunidad Andina y Mercosur para papa fresca, papa pre-frita congelada, cebolla de bulbo, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lactosueros.
MESAS DE INTERLOCUCIÓN
Ese listado de normas no parece satisfacer a los líderes campesinos que han participado en las conversaciones en Mocoa, Popayán, Medellín y Bogotá. Al contrario, aseguran que estas mesas, hasta ahora, no han arrojado resultados importantes para el agro.
Andrés Gil, vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), asegura que “el Gobierno Nacional expresa poca voluntad política frente a las propuestas campesinas para la superación de la crisis agraria”.
Para Gil, los cambios deben ser más profundos: “Tiene que haber medidas que respalden políticas que ayuden al desarrollo de la economía campesina, que respete la territorialidad, la organización, los procesos, que activen mejoras para que el campesino pueda sacar sus cosechas, pueda producirlas, que haya mejoras y acompañamiento técnico para ello. Tiene que haber una serie de medidas que hablen de una política de desarrollo rural, que no existe en el país”.
¿UN NUEVO PARO?
Quizá por esa falta de sintonía entre medidas puntuales ya tomadas y el deseo de políticas más ambiciosas, en los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de un nuevo paro agrario nacional, tras voces de los líderes hablando del supuesto incumplimiento del Gobierno.
Andrés Gil aseguró, en ese sentido, que “si no hay avances importantes en la mesa la próxima semana, vamos a evaluar si continuamos o no”.
Asimismo, expresó que el campesinado tiene programada una Cumbre Agraria para de noviembre con el fin de “evaluar con el resto de fuerzas agrarias la posibilidad de otro tipo de acciones y movilizaciones, ante la falta de voluntad política”.
Frente a esta posibilidad el Minagricultura sostuvo que “es injusto con el Gobierno e injusto con el país, no solamente que estén permanentemente amenazando, sino que vayan inclusive a afectar a una cantidad de campesinos y a la economía rural”.
Por su parte, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo: “No vayan a cometer esa irresponsabilidad nuevamente de tratar de estimular un paro que no se justifica, que sea nuevamente costosísimo, no tiene razón de ser”.
PACTO AGRARIO
Para evitar ese nuevo cese el Gobierno Nacional le sigue apostando al Pacto Nacional por el Agro, mecanismo por el cual pretende reformular la política pública del sector agropecuario y de desarrollo rural.
El proceso de construcción colectiva inició el pasado 12 de septiembre y su objetivo, de acuerdo con el Gobierno, es recoger las necesidades, prioridades y propuestas que hay en las veredas, municipios y departamentos del país.
Sin embargo, los líderes campesinos consideran que no han sido tenidos en cuenta para la construcción de la nueva política agraria, que surgiría de esa iniciativa. “El campesinado no va a ser un convidado de piedra al firmar un pacto agrario que no ayudó a formular, a proponer y que no tiene formas concretas para verificar, planificar e inclusive para ejecutar los recursos que genere”, señaló Gil.
En la otra orilla, el ministro Lizarralde sostiene que el Pacto es la “gran plataforma que le permite a todos los colombianos y en especial a los campesinos construir la política de Estado del desarrollo rural, desde la base que corresponde a sus necesidades, sueños y proyectos”.
“Vamos a recorrer todo el país y ya lo estamos haciendo, invitando a los campesinos, sindicalistas, gremios y distintas asociaciones, al igual que a los congresistas y gobernantes locales a que presenten sus propuestas y nos ayuden a construir una política de Estado de la realidad Colombiana que tanto estamos necesitando”, insiste Lizarralde.
LOS RECURSOS QUE SUMA EL GOBIERNO
Este año, a través de la Ley de Traslados del Presupuesto se aprobaron las modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2013, lo que incrementó el monto total para el sector agropecuario a $3,6 billones.
Mientras tanto, el Presupuesto General de la Nación del 2014 destinará 5,2 billones de pesos al agro colombiano, luego de que al presupuesto inicial de $2,1 billones se le adicionara $3,1 billones más, con el fin de inyectarle recursos que dinamicen fortalezcan la competitividad del sector.
Hablando de cifras, el Gobierno asegura que el principal beneficiado ha sido el sector cafetero, pues contando los desembolsos de los Programas de Protección del Ingreso Cafetero (PIC) y el número de beneficiarios, las aprobaciones y giros realizados directamente a productores cuenta los aportes en $754.287 millones, al siete de octubre de este año.
Las tasas de cobertura del apoyo las lidera el Huila, alcanzando un 86% de los beneficiarios potenciales, seguido de Quindío (84%), Tolima (83%), Risaralda (83%) y Valle del Cauca (82%). Entretanto, en la modalidad de pago inmediato, dirigido primordialmente a pequeños caficultores, 39.911 cafeteros han accedido al apoyo y han recibido $26.174 millones.
Sin embargo, Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Cafetera, interpreta que “con el pago del PIC ellos pusieron un cupo, entonces hay un montón de gente que se está quedando por fuera, está perdiendo plata, porque no les dan más subsidios”.
Sobre el otro sector más activo en las protestas, el de los cultivadores de papa, luego de que Dignidad papera se levantara de la mesa de interlocución por los presuntos incumplimientos del Gobierno y la demora en la compra del producto a los campesinos; el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, anunció que desde este sábado y hasta el próximo miércoles se les comprarán 800 toneladas.
La medida fue tomada para estabilizar los precios de la papa, la cual será llevada a seis municipios de Chocó y San Andrés, donde hay desabastecimiento de alimentos y con esto el Gobierno piensa cumplir el pacto que había firmado con los campesinos de Cundinamarca, Nariño y Boyacá.
Pero tampoco con esta iniciativa el Gobierno logra agrupar voluntades, pues el principal vocero de estos cultivadores, César Pachón, mantiene una actitud de incredulidad y con un “hay que esperar a ver qué pasa”, dice que evaluarán en las próximas semanas cómo funciona ese nuevo plan de emergencia y que, de no estar satisfechos, también irían a un segundo paro.
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