El año 2018 empezó con el anuncio de una de las decisiones más esperadas en el caso de corrupción de Odebrecht: la definición de la situación jurídica de Roberto Prieto Uribe, quien había sido mencionado por varios testigos de hacer parte de la trama de influencias ejercidas por servidores públicos en favor de la multinacional brasileña.
Con un interrogatorio encima, desde agosto se empezó a perfilar públicamente la investigación de la Fiscalía General de la Nación en contra de Prieto Uribe, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010.
Esto, desde que se supo que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, será testigo de cargo en su contra, como parte del principio de oportunidad que el exfuncionario, ya condenado, alcanzó con la entidad.
Ese mes igualmente se conoció qué enlodaba a Prieto: el testimonio del empresario Eduardo Zambrano, quien indicaba que Prieto habría recibido dinero a cambio de hacer lobby ante la Agencia Nacional de Infraestructura en favor de Odebrecht para conseguir recursos para el diseño del Puente Plato, un tramo de la Ruta del Sol III.
Hoy, con el anuncio oficial de la Fiscalía, Prieto Uribe dejó de ser un ‘intocable’ para convertirse en uno más de lo señalados de participar, supuestamente, en el bochornoso escándalo de corrupción que toca a altos funcionarios, y a sus hombres de confianza, en toda América Latina.
Prieto Uribe, economista de la Universidad Externado de Colombia, hijo del caldense político liberal Luis Prieto Ocampo, trabajó en la Fundación Buen Gobierno de Santos Calderón antes de iniciar con éste la contienda electoral a la presidencia y para la reelección.
Igualmente, fue presidente entre 2004 y 2010 de Marketmedia Communications Inc y director Ejecutivo de Colombia y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta el 2013.
De hombre de confianza del presidente Santos, Prieto Uribe pasó a reconocer en medios de comunicación en marzo del año pasado que en la financiación de la campaña 2010 hubo una operación irregular por unos afiches que pagó la empresa.
“Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura”, dijo Prieto a Blu Radio, justo cuando el país político hervía luego que se conociera que la campaña Santos habría recibido 400.000 dólares.
Incluso, Otto Bula aseguró que al menos un millón de dólares habría ingresado a la campaña en el 2014 a través de Andrés Giraldo, hecho que motivó una investigación que luego se trasladó al Consejo Nacional Electoral y que ha motivo varios pronunciamientos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, pidiendo investigar al presidente Santos.
Los exmandatarios piden que se determine si es cierto o no que Prieto recibió tres millones de dólares, 6000 millones de pesos para la época, a través de diversas firmas y empresas.
Según la carta de Pastrana y Uribe, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, un millón habría entrado por la firma Paddington en Panamá, a través Luis Alberto Peña, vicepresidente de Sancho BBDO.
Los dos expresidentes reclaman además indagar si es cierto que el “día 9 de junio de 2014 se le entregaron a la campaña de Juan Manuel Santos y a través del señor Esteban Moreno (Logistic Soluciones Integrales SAS), la suma de 3894 millones de pesos”.
También los expresidentes dicen que posteriormente se habría pactado otro pago, este para “saldar cuentas pendientes de la campaña Santos y a través del señor Esteban Moreno y la empresa RGQ Logistic se hicieron ocho pagos iguales por 490 millones de pesos cada uno, para un pago total de 3920 millones”.
Y aunque se esperaba que este escándalo fuera el que definiera la Fiscalía General en el caso de Prieto, el anuncio de la imputación de cargos abre la puerta para develar qué pasó en la contratación de la Ruta del Sol tramo tres, luego que las investigaciones se concentraran más en la fase dos.
Prieto Uribe tendrá que acudir a los juzgados de Paloquemao en Bogotá el próximo 26 de febrero para escuchar a la Fiscalía General imputarle los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
La Fiscalía, que pedirá cárcel para Prieto, asegura que este habría “influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, para la construcción del puente Plato (departamento de Magdalena) en ese proyecto”.
La gestión de intermediación habría estado condicionada a que los estudios y diseños del citado puente quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió, a cambio de 650 millones de pesos.
Los recursos los habría recibido a través de la empresa Megaland S.A.S., empresa que habría emitido una factura por un falso objeto, hecho por los cuales también fue citado a interrogatorio el representante legal de esa compañía Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, pariente del ya mencionado Andrés Giraldo.
MÁS LÍOS PARA PRIETO
Además de estos señalamientos, Prieto enfrenta una investigación en la Procuraduría General de la Nación en su condición de representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esto porque, al parecer, habría gestionado intereses privados de la sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A., de propiedad de su familia, “en relación con asuntos que pudo haber conocido mientras atendía los intereses del Estado, ante ese organismo internacional de crédito”.
Este viernes se estableció que la Procuraduría negó una petición que el abogado de Prieto presentó contra el auto de apertura de investigación del pasado 14 de agosto y que la entidad ya está a la espera de unas pruebas del BID.
El Ministerio Público no solo investiga si la contratación con los recursos que recibió Colombia del BID y que fueron contratados por entidades públicas con la sociedad Marketmedios Comunicaciones, estuvieron mediados por la intervención de Prieto Uribe, sino que envió la documentación a la Fiscalía General de la Nación.
En este caso, Prieto aseguró que las investigaciones en su contra debían cerrarse en la Procuraduría por tener supuestamente inmunidad diplomática. Ante lo cual el jefe de la entidad, Fernando Carrillo, espetó: “Yo solo quiero decir una cosa, inmunidad diplomática no es impunidad”.
Ahora, con un mes y tres semanas para la imputación de Prieto, las preguntas que salen a la luz es si el empresario buscará una negociación con la Fiscalía General de la Nación, como ha sido el común denominador en los investigados por Odebrecht o no.
Comentarios ()