Cada mañana en Colombia se levantan a trabajar 22,4 millones de personas, pero de esos, 14 millones (más de un 50%) lo hacen en la informalidad, es decir, sin seguridad social y devengando menos de un salario mínimo mensual que es hoy de $781.242.
Como una forma de frenar esos altos índices de informalidad se ha vuelto a mencionar la propuesta de los investigadores del Banco de la República, Luis Arango y Luz Flórez, de establecer salarios mínimos por regiones, como se paga en otros países.
Es decir que quienes viven en ciertos centros urbanos, y en razón de su productividad, ganen más que en otras zonas. Además, se tendría en cuenta el impacto del costo de vida local.
Según los investigadores, la iniciativa buscaría, además, cerrar las brechas en materia de remuneración.
Colombia ya tuvo en los años 60 salarios mínimos por departamentos y zonas rurales, y en 1972 lo hubo por sectores y por tamaño de empresas. Desde 1983 se unificó para todo el país.
El asunto podría tomar forma, teniendo en cuenta que el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, consideró años atrás que “el salario mínimo en Colombia es alto y no estimula la generación de empleo” por su impacto en costos parafiscales y las nóminas.
LOS PROS Y CONTRAS
En ese sentido, Julio César Alonso, director del Centro de Economía y Finanzas, Cienfi, de la Universidad Icesi, señala que “el mercado laboral y el costo de vida se comporta muy diferente en nuestras regiones. Por eso es importante pensar en la posibilidad de salarios mínimos por regiones”. Y agrega: “No tiene mucho sentido que el salario mínimo sea igual en Cali que en Caicedonia o en Ginebra (Valle)”, recalca el economista.
La idea no deja de ser polémica por los impactos que tendría sobre el mercado del empleo.
Cabe recordar que solo en Cali y Yumbo hay alrededor de 437.000 personas en la informalidad laboral. La mayoría está en el sector servicios en oficios como meseros, vendedores puerta a puerta, cajeros, aseadores, mensajeros, entre muchos otros.
Pese a esa problemática, John James Mora, doctor en economía y coordinador del Observatorio Laboral del Valle, tiene otra visión sobre el tema.
Sostiene que “la principal forma de reducir la informalidad en Colombia consiste en aumentar la educación y en particular la educación de calidad. Un año adicional de educación reduce hasta en 3% la probabilidad de entrar al sector informal”.
Pone de presente que “el salario mínimo por regiones se discute en tanto la productividad por regiones es diferente. El peligro de ello es que puede aumentar las brechas de ingresos entre las regiones”.
En esto último coincide Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, al señalar que al diferenciarse los salarios por regiones ello podría producir una mayor migración de trabajadores de una ciudad como Quibdó a otra como Bogotá en búsqueda de mejores remuneraciones.
Anota que es además, “una estrategia de formalización espúrea (ilegal o fraudulenta) para reducir estándares laborales, por lo que es poco recomendable, pues haría muy regresivo el ingreso de los trabajadores”.
URGE MÁS ANÁLISIS
Aunque el asunto no se ha ventilado en la Comisión de Concertación Laboral, el director económico de la firma Credicorp Capital, Daniel Velandia, afirma que “el salario mínimo es algo que requiere de un minucioso análisis. Es un factor clave que incide en uno de los problemas más graves que tiene la economía y es la informalidad laboral”.
Por esta circunstancia, anota, “puede ser una idea para considerar, pues el salario actual puede ser alto para muchos sectores que son poco competitivos y donde los trabajadores podrían estar dispuestos a ganar menos”.
De hecho, a un empresario un trabajador de salario mínimo le cuesta hoy $1,3 millones al mes, incluyendo pago de parafiscales y otros tributos.
De allí que el propio gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, emitiera un concepto para la Cámara de Representantes, el que atiza más la polémica frente a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, de aplicar un ajuste extra al mínimo.
“Un alza del 1 % en el costo de la nómina por cuenta del incremento del salario mínimo podría destruir 18.000 puestos de trabajo formales en tres meses”, dice el Emisor.
De allí que el asunto sea un verdadero dilema para el mercado laboral.
COMISIÓN DE ALTO NIVEL
Para Germán Jaramillo, director de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, Fedy, “no es suficiente fijar salarios mínimos por regiones, sino impulsar primero el progreso económico en las zonas más atrasadas”.
E igualmente para frenar los altos índices de informalidad, señala el dirigente, “es indispensable pensar en la creación de una comisión de alto nivel por parte del Gobierno para buscar nuevas fórmulas que permitan aumentar la formalidad laboral en Colombia”.
Y con base en esa estrategia, recalca, “se podría aplicar una flexibilidad en el campo salarial atada al Código Sustantivo del Trabajo”.
De esta manera, se podrían reducir los costos a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, permitiendo a su vez que “los trabajadores puedan tener acceso a seguridad social, salud y pensiones”, recalca el Director de la Fedy.
Cabe señalar que hoy en Colombia la fuerza laboral la conforman 22 millones de personas, pero el 50 % de ellas están sumergidas en la informalidad.
Un gran número de esas personas no gana el salario mínimo, mientras otras están en el ‘rebusque’ como vendedores ambulantes en las ciudades.
UNA EXPERIENCIA
En Estados Unidos existe el salario mínimo por regiones, el cual se paga por horas.
Por ejemplo, en Nueva York se pagan este año US$15 por hora en empresas con más de 11 empleados.
Por su parte, en California el salario es de US$11 la hora en empresas grandes (de 26 empleados en adelante).
El 2018 trajo aumento de salario para los trabajadores de Michigan, Maine, Hawái, Colorado, Rhode Island, Vermont, Washington y Arizona.
E igual en Alaska, Florida, Minesota, Misuri, Nueva Jersey, Ohio, Montana y Dakota del Sur.
Pese a ello, en muchos estados no se cumple la norma. Por ejemplo, en Nueva Jersey se pagan US$10 por hora, sobre todo a los inmigrantes.
El año pasado seis grandes empresas formalizaron 700 empleos en el Valle del Cauca. Es decir, que engancharon a la nómina a personas que tenían contratos temporales.
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