La renuncia del general Rodolfo Palomino disminuye al parecer la presión política para el Gobierno, pero no resuelve los problemas de fondo que agobian a la Policía y que emergieron en los últimos dos meses ante la opinión pública.
El oficial tomó la decisión un día después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, en un incremento patrimonial injustificado y en una red de prostitución dentro de la entidad, conocida como 'la comunidad del anillo'.
En su discurso de despedida, que puso fin a 38 años de carrera, reiteró que era inocente y que “así como la Fiscalía no ha encontrado elementos para vincularme, estoy seguro que la Procuraduría tampoco lo hará”.
En su contra, el ente acusador adelanta 11 investigaciones penales, con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le aceptó la renuncia, indicando que “el general Palomino entrega la Policía más eficiente y poderosa de la historia, una Policía lista para la paz y para conquistar la plena seguridad ciudadana”.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la decisión era una muestra de lealtad y nombró en el cargo al general Jorge Nieto, quien “tiene que recuperar la unidad, el buen nombre, la respetabilidad y la confianza de la Policía ante los ojos de la ciudadanía”.
¿ASUNTO PERSONAL O POLICIAL?
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, recordó que los señalamientos contra Palomino comenzaron hace dos meses y que su renuncia se demoró, “lo que demuestra que las instituciones colombianas no tienen control y cualquiera se atornilla al cargo”.
No obstante, manifestó que el exdirector no era el problema en sí, pues lo que ocurre en la Policía incluye a mucha gente. “Habría que remover gran parte del generalato”, sentenció Ávila, refiriéndose a las denuncias que involucran conductas tan graves como el tráfico de influencias, acoso laboral, amenazas, trata de personas y corrupción.
El analista lamentó que solo la presunta red de prostitución masculina absorbiera el debate, cuando hay otros temas también delicados por resolver, en especial el supuesto incremento patrimonial de algunos oficiales, entre ellos Palomino, que en teoría serán más fáciles de investigar sin él al mando.
El investigador social Max Yuri Gil dijo que “habría que poner alerta roja por la corrupción en la Policía. Hay una actitud ultradefensiva de las autoridades, que en vez de facilitar las investigaciones, lo asumen como un tema de ‘manzanas podridas’, y no es cierto. Hay que revisar por qué están fallando las políticas de control interno”.
Para el experto, valdría la pena aprovechar las discusiones sobre el posconflicto para introducir las reformas en la entidad.
Sobre esos problemas estructurales hablaron varios congresistas, durante la instalación de la sesiones extras. La senadora Claudia López Hernández, del partido Alianza Verde, acotó en el recinto que “varios oficiales convirtieron a la Policía en un prostíbulo para personas con poder y delincuentes de cuello blanco” y pidió que se convoque a un debate de control político al organismo de seguridad.
Agregó que las quejas sobre la red de comercio sexual comenzaron hace más de 10 años y que el Estado ha sido pasivo frente a eso, al tiempo que criticó la comisión que nombró el presidente Santos para estudiar estos líos y sugerir cambios en la Policía, pues consideró que “solo es para dilatar y encubrir”.
Sobre ese tema, el Jefe de Estado afirmó que la comisión (conformada por dos exministros de Defensa, la ministra de Presidencia y un civil contratista de la Policía), ya se ha reunido 4 veces. Esta vez señaló que “su objetivo no es investigar las faltas en que hubieran podido incurrir miembros de la institución, entre otras cosas porque no tiene atribuciones para ello, sino analizar y hacer propuestas sobre el papel que debe cumplir la Policía de cara a las necesidades cambiantes del país”.
IMPERA LA INSTITUCIÓN
“Esa decisión fue un acto de lealtad con todos los policías de Colombia, porque esta entidad de casi 180.000 hombres tiene prestigio internacional”, expresó el coronel (r) Luis Bernardo Maldonado, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro.
Añadió que es importante hacer ajustes a los controles internos, porque “a veces hay personas con valores morales débiles, que se contagian de la ilegalidad en medio de nuestra lucha contra el crimen. Esos individuos no hablan por la institución, que lleva más de un siglo apoyando a los ciudadanos”.
El general (r) Henry Castro, presidente del Colegio de Generales de la Reserva de la Policía, aseveró que los señalamientos contra la entidad son injustos, pues si ha habido errores, son individuales. “En este proceso se ha involucrado a la Policía como institución, y es un error. Los implicados deben presentarse a la justicia y si hubo fallas, pagar. Son los hombres los que fallan, no la institución”.
Algo parecido dijo Palomino, en la argumentación de la renuncia: “lo más importante de las instituciones son los seres humanos, pero los seres humanos no están por encima de las instituciones”. Frente a las aparentes divisiones internas, que habrían derivado en conformación de bandos y denuncias de unos contra otros, Castro cree que podrían haber algunas inconformidades, “pero no semejante grado de desarticulación en el mando”.
El oficial (r), quien llegó a ser director (e) de la Policía, no descarta la hipótesis de un complot para debilitar a ese organismo y poder justificar una reforma estructural innecesaria.
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