Si hay una entidad que ha sido muy criticada y que se ha pedido reformar en varias ocasiones es el Consejo Nacional Electoral, CNE, y hoy es precisamente la cual tiene la tarea de determinar si se omitieron o no reportes de recursos en las campañas del 2014, tanto del presidente Juan Manuel Santos como del precandidato Óscar Iván Zuluaga y si esos recursos provienen del extranjero, en este caso de Odebrecht. Es decir, tiene en sus manos uno de los más grandes escándalos en los últimos años.
La duda de muchos entonces es hasta dónde podrá llegar realmente el máximo órgano de control electoral y si realmente tiene los medios para determinar la verdad en los dos casos, que en definitiva afectan el panorama político que se abre para las elecciones de 2018. Sin embargo, el presidente del CNE, Alexander Vega, asegura que “no solo tenemos la competencia, sino también los medios” para hacer la investigación.
Las críticas al organismo han sido constantes, especialmente por dos aspectos: el primero, por su origen que para algunos vicia desde el inicio las decisiones del organismo, ya que son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso de la República; y el segundo, es porque para algunos, sus determinaciones no han tenido mayor impacto, ya que consideran que les falta dientes. Además priman las diferencias entre los nueve magistrados que lo componen, y un gran ejemplo de ello fue la demora que se dio para poder elegir el presidente de la corporación.
A lo anterior hay que sumar que realmente se planean cambios en el sistema electoral como se estableció en el proceso de paz y uno de los organismos a reformar es el Consejo Nacional Electoral.
El panorama al que llega este proceso está dividido por partidos según el origen de los magistrados: actualmente hay dos miembros que provienen del Partido Liberal, que son Héctor Elí Rojas y Emiliano Rivera; dos de la U, Alexander Vega -el presidente-, y Bernardo Franco; dos de origen conservador, precisamente los que se encargarán de hacer la investigación en los dos casos, Ángela Hernández -el del presidente Santos-, y Carlos Camargo -el de Zuluaga-; una de Cambio Radical que es la magistrada Yolima Carrillo; uno del Centro Democrático, Felipe García; y, uno que fue elegido por los partidos minoritarios, Armando Novoa.
Pero dice el presidente Vega que eso no afectará los procesos: “Decir que el Consejo Electoral por su origen político tiene algún tema para interferir en algún caso, en lo absoluto. Ya el Consejo Electoral ha demostrado su equilibrio y su independencia en el tema de la Trashumancia y en el mismo plebiscito”. A lo que agrega que darán prioridad a la investigación y esperan no demorarse mucho dado a que no es un proceso penal, aunque legalmente podrían tener un plazo hasta de tres años.
Sin embargo, el magistrado Novoa tiene dudas sobre si existen los medios para hacer dicha investigación, al menos así lo deja ver en sus comentarios en donde resalta que para este proceso requieren del apoyo de las autoridades.
“Yo espero que haya los medios porque de estos dos años y medio desafortunadamente han sido muy precarios. La demostración más clara de eso es que no hemos podido sancionar campañas que violan los topes o que cometen irregularidades electorales, porque no podemos llegar a la verdad material de las campañas como por ejemplo, con lo que ocurrió recientemente con las elecciones en La Guajira. De tal manera que esperemos contar con todos los apoyos institucionales de la Registraduría, de la Fiscalía y de organizaciones pares de otros países para ir al fondo”, dice Novoa.
El compromiso con la Fiscalía, dice el presidente Vega, es que ellos dentro de su investigación penal pedirán a la Fiscalía de Brasil los documentos o cualquier tipo de pruebas que lleguen a confirmar el ingreso de recursos en las campañas, por lo cual, el trabajo del organismo dependerá, especialmente para las pruebas que estén en el exterior, del ente investigativo.
Lo cierto, independientemente de las críticas, es que ellos serán los encargados de determinar si hubo ese ingreso por parte de Odebrecht y los ojos de todos estarán sobre el organismo.
QUÉ PASARÁ SI HUBO FINANCIACIÓN
Mientras se adelantan todos los procesos, en el hipotético caso que se lograra determinar que sí ingresó un millón de dólares a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, provenientes de Odebrecht, y que esta compañía habría pagado al asesor político 'Duda' Mendoca para impulsar la campaña del actual precandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, estas podrían ser las posibles sanciones.
“Cuando la investigación se adelanta contra el candidato que participó en el debate presidencial y que ganó la Presidencia, la ley establece que si el Consejo Nacional Electoral concluye que hubo violación a los topes le corresponde solicitar a la autoridad competente que se impongan la sanción de la pérdida del cargo, esto es lo que en un caso extremo le correspondería hacer al Consejo Nacional Electoral, respetando el derecho de defensa y el debido proceso”, explica Novoa.
Y agrega: “En relación con candidatos no elegidos, la ley establece multas económicas, sanciones a los partidos como por ejemplo la suspensión de inscribir candidatos en la misma circunscripción para la próxima elección hasta la pérdida de la personería jurídica, según la gravedad de la falta”.
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