La Procuraduría General de la Nación aseguró este lunes que es necesario “fijar con precisión una fecha límite para que se llegue a un acuerdo con las Farc”, aunque valoró como una medida de “corrección” que el Presidente Juan Manuel Santos hubiera anunciado que habrá un tiempo límite.
En un comunicado, la entidad hizo una serie de “respetuosas observaciones”, en las que señala que “sería muy inconveniente que esa declaración se convirtiera en un nuevo debate o propuesta para negociar en La Habana, que permita a las Farc alargar más las conversaciones”.
Para el Ministerio Público, el Gobierno debe reconocer que el “desescalamiento” fracasó y demostró ser un modelo que no debe repetirse. Incluso, estimó que “el Gobierno debe aprender la lección” y no “puede amarrar nunca, nunca más a las Fuerzas Militares y de Policía suspendiendo los bombardeos”.
“Mientras se mantenga el conflicto, las Farc utilizarán decisiones de ese tipo con el fin de fortalecerse y preparar nuevas acciones terroristas. El Estado debe utilizar todos los recursos militares, policiales y de justicia para enfrentar a las Farc”, señaló la entidad.
A juicio del Ministerio Público, el proceso de paz no puede ser excusa para “debilitar” la acción militar y policial contra las Farc.
“La suspensión de bombardeos fue un muy grave error, así debe reconocerlo el Gobierno. Esa decisión del presidente de la República y su equipo negociador permitió que campamentos de las Farc se convirtieran en santuarios de protección de los guerrilleros desde donde se planearon atentados terroristas, como la masacre de los soldados en el departamento del Cauca”, insistió la entidad.
El duro pronunciamiento de la Procuraduría agrega que el Gobierno “debe reconocer el engaño que las Farc hicieron al señor presidente de la República y a sus negociadores en La Habana” en el entendido que mientras se suspendieron acciones aéreas, para el Ministerio Público, “el grupo mantenía su decisión de preparar y ejecutar acciones terroristas como la masacre de soldados.
Finalmente, la Procuraduría insistió en que se debe acoger el Pacto para la Paz que ha propuesto Alejandro Ordóñez, a fin de que haya una unidad para que se respete el marco de justicia transicional señalado por las sentencias de la Corte Constitucional que obligan a que hayan penas de cárcel para crímenes atroces, derechos de las víctimas y no participación política de responsables de crímenes atroces.
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