El Gobierno y las Farc emitieron el segundo informe conjunto de los diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana (Cuba).
En este informe de 11 páginas se muestran de forma resumida, uno a uno, los acuerdos alcanzados respecto al segundo punto de la agenda de negociaciones, definida en agosto de 2012, que habla sobre la participación política.
Para las dos comisiones, “lo convenido contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, lo cual es necesario para lograr bases sólidas para forjar la paz”. Por esta razón, este punto incluirá ampliación de los derechos y garantías para la oposición, junto con un marco de acción para organizaciones y movimientos sociales.
Cabe aclarar que las condiciones para la participación política de los integrantes de las Farc, una vez se firme un acuerdo final, no fueron discutidas ni acordadas en este punto. Según el informe éstas serán discutidas en el punto tres de la agenda que habla sobre la dejación de las armas y el fin de la confrontación armada.
ACUERDOS ALCANZADOS
El primero de los acuerdos alcanzados habla sobre los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política. En este tema no solo se contempla la oposición ejercida desde un partido político en instancias formales como el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, sino también la ejercida por la sociedad civil desde organizaciones y movimientos sociales.
Según el acuerdo, la oposición política formal estará garantizada por un estatuto que será de obligatorio cumplimiento para los Gobiernos, mientras que la oposición civil o social deberá ser garantizada no solo mediante la protección a los derechos de quienes integren estos grupos sociales, sino también de la apertura de un espacio formal donde estos grupos puedan presentar sus demandas y reivindicaciones.
Los lineamientos de estas garantías serán decididos por una comisión integrada por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Esta comisión deberá realizar un evento en el cual se convoque a los movimientos sociales y civiles, para que aporten sus ideas y puntos de vista sobre el tema. A partir de esto, el Gobierno Nacional diseñará un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso para su implementación.
Como forma de garantizar la seguridad de la oposición, el Gobierno deberá crear un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el cual se encargará de proteger los derechos y libertades de todas las personas que ejercen la política. El acuerdo enfatiza que este sistema debe ser respetuoso de los ideales que profesen quienes ejercen la política, sin importar su tendencia.
Este nuevo sistema, debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas. El sistema también deberá tomar acciones para desarticular el origen de cualquier fuente de violencia contra quienes ejerzan la política.
Dentro de los acuerdos alcanzados, se reconoce a la protesta y las manifestaciones pacíficas “son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia”.
Por esta razón, se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.
Ante estas circunstancias el Gobierno debe crear siempre una comisión negociadora que se encargue de la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.
Con respecto a la participación igualitaria en los Medios de Comunicación, se contempla que los que sean comunitarios, institucionales y regionales dediquen un espacio a la participación ciudadana y, en especial, a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, así como la integración nacional.
Para ello, el Gobierno se debe encargar de capacitar a la población civil en el uso de los equipos de comunicaciones para la radio y la televisión comunitaria, garantizando el acceso igualitario y el control independiente de estos medios.
Con respecto a la reconciliación, una vez se firme un acuerdo de paz, el Gobierno deberá crear un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia el cual deberá iniciar campañas de pedagogía a nivel nacional para prevenir la estigmatización y promover la convivencia, la reconciliación y el perdón.
El acuerdo también contempla que para todas las labores de los gobiernos, locales y regionales, así como del nacional, debe haber supervisión por parte de la ciudadanía. Por esta razón, debe crearse una serie de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia que estén a cargo de vigilar las acciones de los funcionarios públicos y denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad, con suficiente antelación para evitar o mitigar los impactos sobre el presupuesto público.
Del mismo modo, los acuerdos en este punto contemplan la conformación de un mecanismo para que la ciudadanía pueda participar en la definición del presupuesto público, tanto nacional como regional y local, planteando sus necesidades y acordando con el Gobierno el presupuesto final. Las veedurías ciudadanas se encargarán de que el presupuesto sea ejecutado en la forma en que se definió.
El acuerdo alcanzado también estipula la eliminación del umbral electoral requerido para que los movimientos y partidos políticos puedan conservar la personería jurídica. Por el contrario, el Gobierno deberá implementar mecanismos para fomentar la conformación de partidos y movimientos políticos, con el fin de ampliar la democracia.
Con este mismo fin, se acordó el fomento a la participación democrático en los los lugares y regiones más apartadas del país, incluyendo aquellas que lo están por cuenta del conflicto armado. Para ello, se realizará una campaña nacional de cedulación masiva que permitirá a más ciudadanos acceder a varios derechos a los que hasta ahora, no tienen posibilidad.
También se contempla la conformación temporal en el Congreso de Circunscripciones Especiales de Paz, en las cuales serán conformadas por víctimas del conflicto y/o personas que vivan en zonas de alto riesgo por cuenta del mismo. En este punto del acuerdo también se busca la creación de leyes y políticas públicas que fomenten la participación de las mujeres en los cargos política nacional.
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