En un momento en el que los colombianos perciben la corrupción como uno de los mayores problemas del país, el procurador general, Fernando Carrillo, afirma que “la gente no quiere oír más discursos” y, en cambio, necesita ver acciones.
En su opinión, la legitimidad de las instituciones se ha erosionado y, para recuperarla, es necesario que quienes están al frente de ellas recuerden que están allí de manera transitoria y cumplan la Constitución por encima de cualquier otro interés. “El estar en una batalla por su satisfacción personal o por su futuro es lo que acaba con las instituciones”, afirma.
Niega cualquier enfrentamiento con el Fiscal, pero cree que la designación del fiscal ad hoc para el caso Odebrecht no debe tomarse a la ligera y debe escogerse a un funcionario que tenga la autonomía y todas las herramientas suficientes para ejercer su labor. Por ejemplo, dice que si la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, es la elegida, debe renunciar a su actual cargo.
Carrillo también le respondió al suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que lo llamó Flash por la prontitud con la que tomó la decisión en su caso.
-Todos los escándalos y controversias que se vienen ventilando últimamente hacen que la gente pierda la confianza en las instituciones, ¿cómo recuperarla?
Yo creo que aquí lo importante son los resultados. Discursos, en general es lo que la gente no quiere oír. La gente quiere oír, de una parte sanciones y por el otro lado evitar que se causen daños al patrimonio público. Se ha venido erosionando la legitimidad de las instituciones y en este país las instituciones siempre han sido la solución de los grandes problemas del país.
Yo creo que este momento no es la excepción, e independientemente de quiénes estén al frente de las instituciones, lo único que no podemos hacer es debilitarlas y eso significa que hay que apostarle a los procedimientos que están en la constitución, en la ley. Yo dije el día que me posesioné que Colombia necesitaba mucha más Procuraduría que Procurador, porque realmente el estar uno en una batalla por su satisfacción personal o por su futuro es lo que acaba con las instituciones. Cuando los jefes de las instituciones se convierten en candidatos presidenciales, ese es el mejor camino para acabar con las instituciones, porque automáticamente se convierte en una herramienta de aspiración personal, y en ese sentido yo he dicho, o uno hace política o hace justicia.
-Usted ha dicho que el fiscal ad hoc no puede ser un “tigre de papel”, pero un funcionario sin remuneración, sin equipo de trabajo, sin autonomía, ¿no sería precisamente eso?
Lo único que no acepta la opinión pública es que se creen instituciones débiles o dependientes de otras. Yo no he conocido la decisión de la Corte, pero finalmente va un poco en esa dirección, en el sentido que lo que va a cumplir el fiscal ad hoc es un oficio de tiempo completo, que va a integrar una serie de situaciones alrededor del escándalo de Odebrecht y para eso requiere autonomía, fortaleza institucional y capacidades operacionales.
Yo estoy seguro que si llegan a elegir de la terna a quien hoy desempeña las funciones de secretaria jurídica de la presidencia, pues le va tocar renunciar a su cargo porque esto es un oficio, no solo de tiempo completo sino que va a implicar una dedicación exclusiva.
-¿Debería el fiscal ad hoc asumir todos los procesos del caso Odebrecht o solamente los dos o tres en los que están actualmente impedido el fiscal General?
Eso es lo que nosotros le pedimos a la Corte, vamos a ver qué decisión toma en ese sentido el alto tribunal. No tengo conocimiento porque hasta ahora solo ha salido un comunicado, y no conocemos el contenido de la sentencia con la definición de todos esos detalles.
-A raíz de esos comentarios, muchos interpretaron que hubo un distanciamiento con el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Eso es verdad?
Yo creo que eso es una duda que hay que despejar, porque claro todos tenemos opiniones distintas y estamos en una situación de crisis muy compleja, pero lo único que no se puede aceptar es que se quiebren las instituciones.
Yo lo hablé con el fiscal Martínez recientemente: si nosotros nos dividimos y hay una fractura entre la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría como se planteó en algún momento, los únicos que se van a poner de fiesta y estar felices con eso, son los corruptos, entonces yo creo que hay que cerrar filas, nosotros tenemos un deber institucional.
Yo, al fiscal Martínez lo conozco hace mucho tiempo, y yo no soy la persona llamada a juzgarlo; primero porque no tengo una competencia constitucional y me parece que la defensa de él mismo es la que ha venido asumiendo, pero lo que es claro es que no tiene que haber ninguna fisura, desde el punto de vista institucional entre la Fiscalía y la Procuraduría.
-¿Cree que el Estado está tomando en serio la lucha contra la corrupción? Cuando se votó la consulta anticorrupción hubo una euforia por el tema, pero muchas de las iniciativas se han hundido en el Congreso.
Me parece que lo que hay que hacer es cerrar un frente de todas las instituciones contra la corrupción, me parece que ha faltado mucha alineación, no solo en los organismos de control sino de cara a las instituciones del poder ejecutivo que tienen esa responsabilidad.
Creo que el Presidente Iván Duque en la convocatoria que hizo unos días después de la consulta anticorrupción, ahí amarró el toro por los cuernos, y me parece que esa convocatoria que hizo fue muy importante. Pero ahora también lo importante es que salga esa agenda legislativa que se concibió como la herramienta que le daba cumplimiento a ese mandato popular, independientemente que no haya pasado el umbral, y yo creo que tiene que ser una política de Estado.
-En el caso Odebrecht muchos se preguntan por qué en otros países la investigación ha llegado a los más altos niveles, no solo del Estado sino de las empresas que estuvieron involucradas y aquí en Colombia no.
Nosotros nos hemos opuesto a cualquier tipo de cooperación que le permita a Odebrecht volver a tener negocios en Colombia sin que haya contado la verdad. Yo creo que la verdad la conocen los ejecutivos de Odebrecht. El núcleo rector de los sobornos vino de esa compañía, y toda la verdad algún día se tiene que saber, pero como muchos han dicho, la gran paradoja es que primero se va a saber ante el Departamento de Justicia (de Estados Unidos) si no logramos que concurran a contar todo lo que pasó.
-¿Qué ha frenado el acuerdo para que Odebrecht cuente la verdad?
La verdad yo no he sido amigo de los preacuerdos en ese sentido. Nosotros lo que tenemos que propiciar es un poco concientizar al departamento de justicia de los Estados Unidos, que los señores de esta multinacional, le contaron la verdad primero a ellos, pero se la contaron a medias a los colombianos. Aquí no han contado la verdad completa, han hecho unos acuerdos de colaboración absolutamente irrelevantes. Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría presentaron unas declaraciones donde no contaron absolutamente nada nuevo.
-El alcalde de Bucaramanga lo llamó Flash por lo rápido que se dictó la decisión en su caso y preguntaba por qué en casos como el coscorrón del exvicepresidente Vargas Lleras no se había tomado una decisión igual. ¿Qué le responde?
Lo primero que hay que decir es que para una medida cautelar dentro de una investigación disciplinaria la clave es la evidencia probatoria y evidentemente el grado de violencia verbal y física que él empleó contra ese concejal no tiene antecedentes. Y ya se le había abierto otra investigación en relación con insultos también a otro ciudadano en un parque de la misma ciudad. Yo creo que él tiene que reconocer que cometió un gravísimo error y que eso quedó a la vista de todos los colombianos. Lo importante sería que hubiera una contrición de corazón, como le enseñaron a uno en el colegio, pero él sigue insistiendo que la ciudadanía lo felicita por lo que hizo. Creo que los funcionarios públicos tienen el doble del deber que tiene un ciudadano particular, porque son un referente de alguna manera para la comunidad y yo no creo que esa sea la conducta adecuada para un alcalde.
-¿Se han registrado otros casos en los que en menos de 24 horas se haya dictado una medida cautelar de este tipo?
Cuando hay una evidencia probatoria tan contundente así es.
-¿Y en el caso de Vargas Lleras? ¿Por qué en ese momento no hubo una medida de este tipo?
Cada caso debe estudiarse en forma particular y según las circunstancias. En este por ejemplo, estamos frente a actos reiterados de agresión y una expresión de violencia física en el ejercicio de la función pública, inclusive en el mismo sitio de trabajo, sin perder de vista, además, que el Vicepresidente tiene un régimen propio que debe considerarse. La Procuraduría está comprometida con la prevención y erradicación de la violencia en el trabajo. Así lo evidenció en otro sonado caso, relacionado con una funcionaria del Ministerio del Interior, sancionada con suspensión por violencia laboral.
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