Crece la expectativa frente al histórico acuerdo alcanzado por las Farc y el Gobierno Nacional, de iniciar un proceso de desminado en las zonas más afectadas por esta práctica, pues además de abrirle la puerta a un eventual cese bilateral en las regiones, reducirá considerablemente el riesgo de victimización a la población civil.
De acuerdo con lo pactado en Cuba, en los próximos días se crearán mesas técnicas integradas por delegados del Gobierno, de las Farc y de países garantes para así establecer formalmente el proceso de limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra en general.
De acuerdo con el general (r) Rafael Colon, director de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia, ya se han priorizado acciones en los 102 municipios que más afectación generan sobre la población rural, especialmente en departamentos como Antioquia, Meta y Arauca, donde iniciaría dicho proceso con las Farc.
No en vano sectores sociales consideran que debe iniciarse cuanto antes esta tarea conjunta con la insurgencia pues solamente entre 1990 y diciembre de 2014 se registraron 11.006 víctimas de este tipo de artefactos explosivos, de las cuales 1.110 eran menores de 18 años en el momento del suceso. Del total, 2.205 fallecieron por esta causa, 230 siendo aún menores de edad, en su mayoría provenientes de áreas rurales del país.
“Lo que se prevé es que debemos establecer cuáles son los sitios que indican las Farc donde existe información reciente para hacer desminado. Con base en esa información llegaremos a los territorios con una coordinación interinstitucional y con la comunidad, porque con ellos tendremos que lograr atender los territorios que se definan en la mesa para el desminado humanitario”, señaló el general.
Dicho programa estará bajo la supervisión de la organización Ayuda Popular Noruega (APN) especializada en el tema y contará con veedurías expertas durante su ejecución.
En ese sentido el director del programa hizo un llamado a trabajar en equipo con las instituciones y la comunidad internacional, para atender a las comunidades más vulneradas por causa de las minas antipersonas, pues "un territorio con presencia de minas, será siempre un territorio en conflicto, mientras que un territorio sin minas será más susceptible para construir paz territorial", señaló.
Por su parte, Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) consideró que deberán ser tenidos en cuenta municipios y corregimientos con presencia de artefactos en Caquetá, Putumayo, Meta, Norte de Santander, el bajo cauca, el sur de Córdoba, así como regiones como el Catatumbo y el Chocó.
El reto, según el experto, será involucrar en este acuerdo a otros actores del conflicto como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pues asegura que su presencia en territorios minados podría contribuir al proceso de descontaminación.
“El reto está superado, que era la posibilidad de que las Farc y el gobierno hicieran este acuerdo. Quedan otros como incorporar al Eln a un acuerdo de este tipo porque ellos también son usuarios y están en muchos territorios donde actúan simultáneamente las Farc, entonces ese acuerdo debe buscar la presión de la ciudadanía para que inicien diálogos formales y se aborde este tema”, comentó Jiménez.
Así las cosas los expertos concluyeron que si bien podrían presentarse dificultades técnicas por las características geográficas de las zonas minadas, en gran paso lo dieron las Farc y el Gobierno en Cuba, con el acuerdo que busca parar esta forma de victimización en Colombia, que actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo en número de víctimas de minas antipersonal y registra más de 10.000 víctimas civiles y militares desde 1990.
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