El alto consejero para la Seguridad y Convivencia, Francisco José Lloreda Mera, le salió al paso a la interpretación de datos según la cual durante el último año aumentó el robo de celulares en Colombia.
Como el funcionario de más alto rango en el Gobierno nacional encargado de dirigir y coordinar la estrategia contra este flagelo, Lloreda Mera reconoce que el robo de celulares sigue siendo el delito de más alto impacto a la seguridad ciudadana. Insiste, sin embargo, en que “hay una reducción en los hurtos y contamos con la estrategia adecuada, en la que hay componentes que debemos apretar y lo vamos a hacer”.
El alto consejero cree que son más confiables las cifras sobre robo de equipos celulares que se obtienen de la Encuesta Nacional de Victimización y de la base de datos negativa que se construye a partir de las llamadas de las personas a las empresas operadoras del servicio reportando el robo, a los indicadores de policía pues estos, siendo importantes, dependen de la denuncia que en este delito es muy baja. Sobre la lucha contra uno de los delitos que más preocupa a los colombianos, Lloreda habló con Colprensa:
- ¿Cómo trabaja la Alta Consejería para reducir de la cantidad de robos de celulares? Desde el 2011 el Gobierno estableció una estrategia integral, tarea que me ha correspondido coordinar, impulsándola y verificando su cumplimiento. Esa estrategia tiene tres componentes básicos: desestimular la compra de celulares robados dificultando la activación de esos equipos, desarticular las estructuras criminales y concientizar a la gente de que comprar equipos robados es un delito.
- Explíquenos mejor esos componentes… Esos ejes determinaron varias líneas de acción, que incluyen el control a la importación de equipos (que haya una desagregación de IMEI, el código de cada uno); control a la activación (sobre el que tenemos la gran ventaja que es obligatorio contratar con una compañía, lo que permite construir bases negativa y positiva); control a la venta de equipos (por el que tenemos ya la lista de unos 6000 puntos autorizados y reglamentados ante el Ministerio de las TIC); prohibición de exportar usados; búsqueda de acuerdos con otros países (que ya funciona muy bien con Ecuador) y todo el tema de pedagogía, para que los colombianos no compren más robados. Estamos seguros de que esta estrategia es adecuada, aunque sabemos que hay puntos que debemos reforzar y complementar.
- Pese a eso, recientemente se ha dicho, incluso por la misma Policía, que el año pasado aumentó el robo de celulares. ¿Qué está pasando? No es cierto que exista un incremento del hurto a celulares. Hay tres formas de medir este delito: una es con los indicadores de Policía que se basan en la denuncia y otras con la Encuesta Nacional de Victimización (ENV, que hace el DANE) y con la base de datos negativa construida con las compañías operadoras. Los indicadores de Policía mostraron que en 2012, 32.000 equipos fueron robados y 44,000 en 2013. Pero esos datos salen de un número similar o menor de denuncias. Debido a que la mayoría de la gente no denuncia el robo del celular, el indicador puede reflejar o que hay un incremento o simplemente más gente denunciando, aunque el delito suba o baje, por lo que debemos ir a otras fuentes.
- ¿A cuáles? Cuando se toma la ENV, hecha en 20 principales ciudades y que compara dos periodos (mediados 2011–mediados 2012 y 2012-2013), ese estudio dice que en el primer periodo fueron robados 1.453.000 celulares (lo que demuestra que las denuncias de robos apenas son por el 2% de los casos) y que en el último periodo los robos fueron 1.159.000. Eso quiere decir que hubo una reducción, que 294.000 ciudadanos menos fueron víctimas del robo de sus celulares. La otra fuente es la base de datos negativa de las compañías celulares, es decir el listado de personas que llaman a decir “me robaron o extravié el celular”. Esta información la usaban las compañías solo para efectos de reposición y apenas desde el año pasado empezamos a usarla para saber qué pasa con el delito, por eso aún no podemos hacer comparaciones estadísticas, pero según este dato, en 2012 quienes llamaron a decir que el celular se les perdió o se lo robaron fueron alrededor de dos millones de personas y el año pasado fueron 1.224.000 personas. Ahí también se ve una reducción de más de 700 mil celulares, son cifras que coinciden con la tendencia que muestra la ENV.
- ¿Para qué sirve esa nueva recolección de información en las compañías sobre los robos? Ya se separa la información de cuando el celular fue extraviado y cuando fue robado; en este último caso se amplían las preguntas y esa información nos está dando luces. Por ejemplo, sabemos que en Medellín, Cali o Bogotá, los sitios que hay que vigilar mejor son los sistemas de transporte masivo, así la Policía puede hacer trabajos más especializados. En el caso de Bogotá, por ejemplo, ya la Policía está implementando un plan especial de vigilancia, control y denuncia para Transmilenio. Para las estaciones, accesos y los buses.
- Vuelvo al asunto de las cifras sobre robos, la diferencia en el número de robos verdaderos con las denuncias que contabiliza la Policía, quiere decir que este tipo de estadística no es confiable… Las cifras de la Policía son muy confiables para algunos delitos: homicidios, hurto de vehículos asegurados, accidentalidad vial, pero para otros son menos confiables porque dependen principalmente de la denuncia y la denuncia en el país es baja, de alrededor del 24%. Para este tipo de delitos es mejor usar otras fuentes, porque cuando sube el indicador de denuncias en la Policía, no necesariamente es porque aumenta el delito y cuando el índice baja, lo que hay es menos denuncias, no necesariamente menos delitos. Si no usamos otras fuentes no logramos identificar ni conocer la criminalidad oculta, que no se denuncia.
- ¿Cómo establecer la criminalidad real? Con registros de policía convalidados con medicina legal en lo pertinente y con las encuestas de victimización, que las usan países desarrollados hace más de 30 años; sin ellas, hay una criminalidad oculta que no se logra conocer. En el caso de los celulares hay una enorme criminalidad oculta, que los índices de la Policía no nos están registrando, no por culpa de la policía o de los registros, sino porque hay menos denuncias. Debe tenerse claro que no es adecuado tomar decisiones de política criminal solo con ese índice. Es muy perverso medir a la Policía solo con el indicador que se basa en denuncias.
- Con ese panorama, vale la pena incentivar a los ciudadanos para que denuncien más los robos o eso sólo agravaría la congestión judicial… El sector justicia sabe que si todo aquel a quien le roban el celular denuncia, es decir más de un millón de personas, colapsaría el sistema. Pero al no contar con la denuncia se deja de obtener una información muy valiosa para entender el delito y contrarrestarlo. La Fiscalía tiene un nuevo enfoque que compartimos: no investigar más de un millón de robos individuales, sino agrupar denuncias para ir detrás de las estructuras criminales.
- ¿Hay un estimado de cuánto dinero mueve este delito? Sí. Un equipo robado es revendido en el mercado ilegal a unos $200.000 y se estarían negociando unos 3,000 equipos diarios, es decir, $600 millones diarios, $ 219.000 millones de pesos al año. Y este es un estimativo conservador. Estamos ante una verdadera industria y cadena criminal.
- ¿Hay participación en ella de qué tipo de organizaciones criminales? El hurto de celulares es un negocio criminal transnacional, del que muchos se lucran. La Policía ha desmantelado 21 organizaciones delictivas, en la que han caído ciudadanos de otros países. Somos conscientes, sin embargo, que debemos ir más al fondo del negocio e identificar todos los eslabones, redes, y estructuras, identificar a los capos. Ello demanda más investigación e inteligencia, más cooperación internacional, crear más grupos élite.
- ¿Este tipo de delito es tan grave en otros países? Este es un problema internacional, que afecta a Suramérica, a México, a Europa, a Estados Unidos. Es un delito complejísimo: es transnacional, con un bien masivo y de muy difícil control. La política criminal da resultados, pero hay otras soluciones que se pueden tomar. Ya lo han hecho países como Inglaterra, donde hay un límite al número de equipos que pueden ser de una persona y la obligación de que cada uno tenga una sola línea (sin intercambiar tarjetas SIM), afiliada a un dueño identificado; eso ayuda mucho al control de la Policía. Y al final sabemos que la solución tendrá que ser tecnológica. Hay países contemplando la posibilidad de que todos los equipos estén dotados con dispositivos de destrucción remota; hacía allá es a donde hay que avanzar, así como a buscar la conciencia de que nadie compre celulares robados, eso sí acabaría el problema.
- De nuevo sobre el caso colombiano, buena parte del énfasis que hizo el Gobierno el año pasado fue para que la gente inscribiera sus celulares y construir las bases positiva y negativa. ¿Eso funcionó? Hay que entender la importancia de esas bases de datos. Cuando a alguien le roban un equipo de inmediato llama al operador, la empresa incluye el dato en la base negativa y procede a bloquearlo, pero a algunos equipos robados se les puede reprogramar el IMEI para volverlo a sacar al mercado, lo que hace inservible ese primer bloqueo. Así, la única manera de que funcione la estrategia es tener también la base de datos positiva, con los datos de todos los equipos legales que hay en Colombia, porque solo en esa medida podremos tener el doble control y así evitar la clonación (que aparezca dos veces el mismo IMEI) y saber cuándo un celular viene de robos o de mafias internacionales (si no aparece el IMEI). Pero elaborando esa base de datos de todos los equipos es, justamente, en lo que hemos tenido más dificultades.
- ¿Cuáles dificultades? Las empresas celulares participaron en el diseño de la política e invirtieron recursos para la construcción de las bases de datos. Pero están bloqueando equipos no registrados a un ritmo muy bajo, lo que no ayuda como podría a incentivar el registro. Entre abril y diciembre del 2012 sólo bloquearon 440.000 equipos de 23 millones que faltan por registrar de la modalidad de prepago. A ese ritmo necesitaríamos 35 años para cumplir el trabajo. Por eso estamos diciéndoles: “Compañías, ustedes pueden y deben hacer más”. La Comisión de Regulación llegó hace poco a un acuerdo con ellas, para incrementar los bloqueos. Esperemos que sea así, para que la gente tome en serio el registro.
- Esos bloqueos deben ocurrir para los equipos que no estén registrados en la base positiva, ¿cómo ha avanzado esa obligación de la gente, que tanto se impulsó con campañas publicitarias? En Colombia tenemos aproximadamente 47 millones de equipos celulares; de esos, unos 10 millones están en planes postpago (sus usuarios reciben una factura) y unos 37 millones están en planes prepago y con tarjetas SIM intercambiables. De los 10 millones en postpago, el 100% están registrados, tiene cara, porque es un trámite que hace la compañía con el contrato; de los demás, con el 38%, es decir unos 14 millones, se logró que estén registrados, pero tenemos el resto, unos 23 millones de celulares, que no están registrados. Sobre esos, empezamos a trabajar con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para informar que íbamos a bloquear los equipos y eso es lo que no se ha hecho con la celeridad que quisiéramos. Queremos forzar ese registro, que a la gente le llegue un mensaje avisando que en quince días va a ser bloqueado, que en efecto ello ocurra y que así las personas se vean obligadas a ir a la compañía para registrar y reactivar su equipo.
- ¿Funciona bien el proceso de aprovechar la información de celulares robados o también hay inconvenientes con ello? El reporte a las compañías de los equipos robados, o base negativa, es efectivo en la medida que ayuda a bloquear los equipos que no son reprogramados y les brinda información valiosa a los demás países, porque es muy posible que traten de activar el equipo en el exterior. Visto de otra manera, si llegáramos a tener las bases de datos negativas de todos los países, de inmediato sabríamos cuándo un IMEI nos apareciera robado de otra parte. Eso debería ser fácil, más cuando son las mismas compañías operadoras en casi todo el mundo o al menos en América Latina.
- Otro fundamento de la estrategia contra el robo de celulares es la cooperación internacional, eso ¿cómo está funcionando? Está funcionando muy bien el acuerdo de cooperación con Ecuador y estamos por darle un nuevo impulso al acuerdo que ya existe con Venezuela, que esperamos nos funcione. En general se necesitan acuerdos con todos los países de América Latina. Es especialmente clave hacerlo con Argentina, porque en algunas de las bandas criminales que se han desarticulado hay nacionales de ese país, pero no ha sido fácil concretar un acuerdo.
- ¿Qué ajustes cree que debe hacérsele a la estrategia general para hacerla más efectiva? La Policía está haciendo un gran trabajo, ha hecho capturas, ha incautado equipos y ha desmantelado 21 organizaciones criminales. Pero, para dar un ejemplo, la Policía capturó el año pasado a más de 10.000 personas y terminaron judicializadas apenas un poco más de mil. En buena hora la Fiscalía ha decidido priorizar las investigaciones de hurto de celulares. Así que ahora debemos ver cómo fortalecer el trabajo de la Policía, especialmente en la fiscal y aduanera en las fronteras, cómo hacer un mayor control a la venta, y cómo focalizar la labor de vigilancia ciudadana. En esto se está trabajando. También en lograr más acuerdos en la región para controlar el tráfico y para hacer trabajos conjuntos de inteligencia. Y lo más importante: en que la gente no compre celulares robados. Ya la gente está tomando más conciencia de que no debe manejar si ha tomado trago, algo similar debe suceder con la compra de celulares robados: simplemente no comprarlos, y censurar socialmente a quien lo haga.
- ¿Podría haber cambios legislativos o normativos? Ya es un delito reprogramar equipos, este robo se considera un hurto calificado, y en el Código de Policía se incluirán sanciones duras, multas altas, a quien compre, alquile, use, venda, almacene, celulares robados. Pero siempre habrá nuevas cosas por hacer; de hecho, el próximo lunes haremos una reunión con todas las entidades del gobierno relacionadas, para evaluar el desarrollo de la estrategia, ver cómo impulsar cada uno de sus componentes y revisar qué se requiere mejorar.
- ¿En resumen, está dando resultado el plan del Gobierno contra el robo de celulares? En el último año ha ocurrido una disminución en el robo de celulares, pero este sigue siendo el delito de más alto impacto. Por eso seguiremos trabajando para controlarlo. Lo claro es que aún estamos ante un delito complejo, que afecta a muchas víctimas, pero hay una reducción y creemos que contamos con la estrategia adecuada, en la que hay componentes que debemos apretar. Estamos en eso.
