El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió sobre los riesgos que conlleva el posible cese bilateral al fuego entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, el cual viene siendo estudiado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Para el jefe del Ministerio Público esta sería la formalización de un cese que ya se desarrolla en el país y agregó que ese tipo de decisiones podrían prolongar las conversaciones entre Gobierno y Farc, que ya completan más de tres años.
“El cese bilateral anunciado por el Gobierno debe tener dos límites: la seguridad nacional y el derecho de los ciudadanos. Tiene unos riesgos el anunciar un cese al fuego bilateral antes de concluir en La Habana el punto que tiene que ver con la terminación del conflicto y eso el Gobierno lo había admitido hace algunos años. El mayor riesgo es que se prolonguen indefinidamente las conversaciones”, dijo.
Así mismo, Ordóñez señaló que la oficialización de ese cese debe estar condicionada a la desmovilización definitiva y entrega de armas por parte de las Farc y a la fecha que ya había puesto como plazo máximo.
“Debe ser una condición, una exigencia, que si no se firma la paz el próximo 23 de marzo el cese al fuego tendría que terminarse inmediatamente. Lo que los colombianos queremos es que se firme la paz, no que se prolongue el conflicto y el riesgo del cese al fuego es la prolongación del conflicto. Si hay un solo acto de violencia, de secuestro, de extorsión o de hostilidad por parte de las Farc en contra de un solo colombiano, el Gobierno debería romper ese cese bilateral”, explicó.
Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente como mecanismo de refrendación a futuros acuerdos en La Habana, Ordóñez aseguró que se abre una puerta para que el presidente Juan Manuel Santos acepte y promueva un ‘Pacto para la Paz’, que garantice la sostenibilidad jurídica del proceso de paz.
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