En el marco del nuevo decreto presidencial que mantiene la restricción del porte de armas de fuego en el país para 2019, y que faculta al Ministerio de Defensa para reglamentar la expedición de permisos especiales para acceder a estos mecanismos, la Alcaldía de Cali avanza con la Fiscalía y la Policía en la creación de un detallado estudio sobre la participación de las armas de fuego en los asesinatos, la cual es del 81 % en los 1147 homicidios (-74 casos comparado con el 2017) que van este año en la ciudad.
Así lo dio a conocer Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de la capital del Valle, quien indica que aunque no hay una fecha exacta para la entrega de resultados, en máximo tres meses se podrían tener avances importantes en ese sentido.
“En Cali hay que saber cuáles son las armas con las que se cometen los homicidios y de dónde provienen. Hay que hacer registros únicos balísticos para el seguimiento a municiones y así esclarecer el mayor número de homicidios y ver cómo se están cometiendo. Hay una información de Inteligencia que muestra que en la ciudad se alquilan armas para cometer ataques sicariales, lo que da para pensar que muchos de los asesinatos se cometen con las mismas armas”, afirma el Secretario.
En la capital del Valle, según una fuente de la Seccional de la Fiscalía, el porcentaje de esclarecimiento de homicidios es de un 16,84 % del total de casos ocurridos en 365 días en la ciudad. Esclarecimiento, añade, no necesariamente es sinónimo de condena del homicida, pues para el ente acusador, la captura del agresor ya es un homicidio esclarecido en la estadística.
El tema de armas de fuego en el país tuvo su debate más álgido esta semana luego de la aprobación por parte del presidente Iván Duque del Decreto 2362, el cual generó controversia por un parágrafo en el que se establece que el Ministerio de Defensa definirá los lineamientos para los casos especiales donde las personas podrán adelantar el trámite para tener un arma “por razones de urgencia o seguridad”.
Andrés Villamizar considera que el apartado incluido en el texto es un avance en el sentido de que regula la entrega de permisos especiales para portar armas de fuego en el país, pues había una “discrecionalidad en el trámite que no era clara”.
Sin embargo, cree que “los ciudadanos tienen la percepción de que andar armados les da mayor seguridad, pero eso estadísticamente no es cierto. La persona que va armada tiene mayor riesgo porque si tiene una pelea, riña o lo van a robar pues este va a tener la intención de usar el arma de fuego y eso puede terminar en un homicidio”, acota el Secretario.
Villamizar coincide en que aunque el decreto no ataca directamente las armas ilegales (este año se han incautado 1283 en el área metropolitana), esta es una ‘contención’ al armamento legal que ya circula por las calles.
Solamente este año se han revalidado en Cali 1850 salvoconductos (permisos legales para portar armas), según datos de la Tercera Brigada del Ejército. Además, se han vendido 150 de estos mecanismos en las instalaciones del Batallón Pichincha en 2018.
Para María Isabel Gutiérrez, investigadora de Cisalva, instituto que trabaja la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia en Cali, las armas de fuego siguen siendo un problema muy grave en las muertes por homicidio en la capital del Valle, así como también en términos generales en el país.
“Aproximadamente el 75 % de los homicidios en las ciudades de Colombia son cometidos con armas de fuego, los porcentajes son muy parejos. En un país donde se tiene esa radiografía es muy complicado ponerle ese parágrafo al decreto porque eso es: ‘voy a aumentarle la posibilidad de usar armas a las personas en esos casos especiales’. Es aumentarles el riesgo a ellos de morir por esas armas de fuego”, añade la experta.
Gutiérrez dio a conocer un caso cercano a ella que terminó con la vida de un ser querido que portaba un arma de fuego y en medio de un atraco, tras defenderse, murió a manos de delincuentes.
“Tengo el caso cercano de una persona que desafortunadamente, saliendo de un banco con un dinero, lo abordaron unos ladrones, y como él tenía el arma de fuego, reaccionó y abatió a uno de los ladrones, pero los otros lo mataron a él. Si no hubiera tenido esa arma, a lo mejor estaba acá disfrutando con su familia”, cuenta la experta, quien añade que diferentes estudios han demostrado que personas que portan armas de fuego tienen un riesgo 20 veces mayor de ser asesinados al de una que no porta estos elementos.
Vacíos que podrían ser riesgosos
Para el experto en seguridad de la Universidad Central, Andrés Nieto, el decreto deja al país en dos escenarios.
El primero es que se prorroga la prohibición que ya ha dado unos resultados en disminución de homicidio, pero el segundo es el parágrafo que deja preocupaciones porque no se sabe cuáles van a ser los lineamientos para permitir el porte y uso de armas de fuego en casos especiales.
De acuerdo con el experto, la medida de prohibición del porte de armas ha permitido al país tener la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años, por eso abrir la posibilidad de que más ciudadanos tengan el permiso especial podría afectar ese indicador.
En ese sentido también se pronunció Hugo Acero, experto en seguridad, quien dice que aunque es positivo que siga la restricción al porte de armas, el documento firmado por el presidente Iván Duque deja un vacío porque no se conocen las condiciones precisas para los permisos especiales.
Para el analista, ese escenario abre la posibilidad de que se le terminen entregando permisos a las personas sin hacer un análisis más allá de las razones de seguridad que se argumenten para pedir el porte de un arma.
“La reglamentación tiene que decirnos cómo se les va a entregar, si van a haber evaluaciones sobre aspectos de seguridad de la persona que solicita el porte, o vamos a entrar a considerar otros elementos como, por ejemplo, un análisis detallado desde el punto de vista médico y psicológico sobre las personas solicitantes, sus aptitudes, entre otros”, explica Acero.
Para los analistas este es un tema bastante complejo, porque en los lineamientos también se deberían incluir algunos requisitos más profundos como una evaluación psicológica del solicitante, así como de sus condiciones sociales y económicas que permitan hacer un perfil de la persona que tendrá a su disposición un arma. Además, explicaron que no es conveniente ser laxos con este tipo de temas porque se corre el riesgo de que la población pueda tomar justicia por mano propia.
“Hemos visto en varios países una serie de masacres y matanzas en lugares sociales y públicos, sin necesidad de que se tenga un historial criminal. En ese sentido, si el Estado colombiano va abrir posibilidad a eso, sin un protocolo estricto que permita determinar unas condiciones psicológicas, sociales y de seguridad, podemos terminar en situaciones iguales o peores que las que se registran, por ejemplo, en los Estados Unidos”, reitera Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, desde la capital del país.
Control
Para tener mejor control de las armas de fuego en el país, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó esta semana, en primer debate, la obligatoriedad del registro único de la huella balística.
“Lo que pedimos es que todas las armas que circulan en el país, incluidas las de la Fuerza Pública y las de civiles, estén registradas en este sistema, esto para que todo crimen que se cometa con un arma legal el responsable sea identificado plenamente”, dijo el representante Nevardo Eneiro Rincón.
Las huellas de identificación balística son las marcas únicas y características que deja la aguja de percusión en el casquillo, cuando el arma ha sido disparada.
“Si esa persona comete un homicidio o presta el arma a un sicario, el responsable no será solo el que disparó sino también el propietario de esa arma”, acotó el representante Rincón.
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