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Similitudes en la escogencia del contralor de Cartagena y el de Ibagué

Para algunos togados, la polémica elección de Contralor en Cartagena que ha generado acciones penales guardaría similitud con lo ocurrido en Ibagué, ya que para ambas elecciones fueron posesionadas personas que no superaron los 80 puntos requeridos inicialmente, y los electos resultaron con causales de inhabilidad.

Las capturas del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, su Contralora distrital, un concejal y el asesor (primo-hermano) del mandatario, por presuntos delitos durante el proceso de elección de Contralor, han generado suspicacias en Ibagué por supuestas similitudes en la designación para el cargo de Contralor por parte del Concejo.

Algunos abogados y veedores ciudadanos indicaron que los organismos de control, no solo la Procuraduría que ya adelanta investigaciones, sino también la Fiscalía, estaría revisando el actuar de los cabildantes ibaguereños con el fin de determinar si se incurrió en algún delito.

Harold Ríos Tinoco, coordinador en el Tolima de la red de veedurías RedVer, precisó: “El polémico caso de Cartagena tiene una serie de similitudes con Ibagué.

“Esta veeduría ha denunciado, ante la Fiscalía, los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión, y la posible violación al régimen de inhabilidades, por lo que estaríamos ad portas de un Concejo investigado por la justicia penal, que podría generar decisiones con que se cambie el panorama político de Ibagué”.

Contexto cartagenero

A finales de 2015, el concejo de Cartagena desarrolló un concurso de méritos para elegir su Contralor, en que sólo dos personas superaron el puntaje mínimo de 80 puntos establecidos: José David Morales, quien obtuvo 90,9, e Iván Sierra Porto, quien recaudó 83,6; pese a esto, el Concejo indicó que se requería de una cuota femenina para garantizar la igualdad de género.

Así, que se convocó en la terna a Nubia Fontalvo, quien logró 72,8 puntos en los exámenes requeridos durante el proceso. Supuestamente la mayoría de los concejales habían acordado votar por Sierra Porto, hermano del exmagistrado Humberto Sierra Porto, pero este candidato sería cercano a los opositores del alcalde, el periodista Manuel Vicente Duque.

José Julián Vásquez, primo hermano del alcalde, al igual que el senador Lidio García, habrían sido los encargados de llamar a cada uno de los concejales para convencerlos de que votaran por Fontalvo, quien resultó electa con el respaldo de 14 concejales, dos no asistieron, otros dos se declararon impedidos y uno se abstuvo de votar.

Luego, un juez dejó sin efectos la elección de la Contralora, ordenando que se retrocediera el proceso a las entrevistas, entonces, se repitió en febrero la elección y se volvió a posesionar a Nubia Fontalvo, nuevamente con 14 votos, por lo tanto, la Procuraduría inició una investigación.

La Procuraduría determinó, en primera instancia, suspender por entre seis meses y un año a 16 concejales y 10 exconcejales por incurrir en “falta grave”, porque además de no haber alcanzado el 80 por ciento habría estado inhabilitada para la segunda elección; pero esa decisión fue revocada en segunda instancia, aunque actualmente este último fallo es investigado por la Procuraduría.

La nulidad de la elección de la Contralora está en manos del Consejo de Estado, pero la Fiscalía tomó acciones al encontrar, en varias llamadas telefónicas interceptadas, cómo se habría orquestado la elección y hasta los beneficios obtenidos en cargos públicos.

No obstante, la Fiscalía imputó a los cuatro capturados mencionados cargos como concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo y tráfico de influencias de servidor público. Además, se rumora sobre más capturas.

La respuesta

El actual presidente del Concejo, Carlos Andrés Castro, afirmó: “Hay que hacer claridad que no existe similitud con el caso de Cartagena, allá se habla de capturas, corrupción e interceptación de llamadas, aquí se actuó bajo el marco de la Ley respetando el reglamento, una universidad fue la encargada de hacer los filtros en los aspirantes, pese a que el Consejo de Estado determinó la inhabilidad.

“Las determinaciones se tomaron con total apego a la Ley y con base a la circular conjunta, el alcalde no ha tenido que ver con los procesos de elección, lo único que hizo bajo su competencia fue nombrar y finalizar el encargo de un Contralor mientras (seguían) las investigaciones; nosotros hemos actuado con transparencia, lo digo con tranquilidad, no hay similitudes”.

Caso Ibagué

El Concejo de Ibagué, presidido por el concejal Luis Alberto Lozano durante el segundo semestre de 2015, adelantó un concurso de méritos para los aspirantes al cargo, pero, en 2016, la nueva mesa directiva, bajo la presidencia de Camilo Delgado se basó en la circular 100005, del 24 de noviembre de 2015, conjunta entre el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Esap, para modificar el proceso.

Según la circular, el mecanismo en la elección de Contralor debía soportarse en convocatoria pública y no en el concurso de méritos, por lo tanto, al inicio se había establecido que la lista de elegibles era conformada por quienes alcanzaran en las pruebas una calificación superior a 80 puntos, valoración que sólo sobrepasó Marcela Jaramillo, sin embargo, con el cambio, se permitió que los dos siguientes mejores puntajes fueran ternados.

El cabildo eligió a Ramiro Sánchez, tercero de la lista, quien había obtenido 73,3 puntos. A Sánchez se le señaló de estar incurso en una inhabilidad por haber ejercido durante un año antes a su inscripción, como director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), generando esto que se instauraran demandadas al acta de elección.

El 13 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad de dicha acta de elección y, ante denuncias, la Procuraduría Regional inició la investigación contra los 16 concejales que votaron a favor del elegido Ramiro Sánchez, proceso aún en curso.

En mayo pasado, el Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la nulidad, y debido a unas aclaraciones solicitadas que no fueron concedidas, el fallo quedó en firme el 7 de junio. Por esta razón, en la afirmación el alto tribunal señala que se debía proceder a la elección, “teniendo en cuenta el orden de la lista de elegibles conformada para el efecto el 8 de enero de 2016, respetando el más alto puntaje”.

Marcela Jaramillo, como única en la lista, fue convocada por el Concejo el pasado 28 de julio para una sesión en la que, con 12 votos en contra, cinco a favor y dos en blanco, se le negó ser posesionada como Contralora, al aducirse inseguridad jurídica por una posible inhabilidad que tendría Jaramillo al haber ejercido como Personera Delegada un año antes de su elección.

Por su parte, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, mediante decreto, finalizó el encargo de Mauricio Visash como contralor, ya que, según el acta de posesión, era mientras se superaban “los motivos que originaron la suspensión del titular del cargo”, por tanto el Concejo procedió a nombrar al director Administrativo, Julio César Vásquez, como nuevo contralor (e), con 11 votos a favor.
A pesar de esto, se anunciaron nuevas acciones legales contra el Concejo municipal y el Alcalde de Ibagué, por lo que algunos abogados estarían tras las pruebas para que, al igual que en Cartagena, la Fiscalía intervenga.



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