El tema del plebiscito está en auge, al parecer por dos razones: la primera, porque el Congreso de la República ya terminó con su trabajo sobre la legislación para la paz y ahora todos los ojos quedan puestos sobre el tribunal que está próximo a aprobarlo o negarlo; y, la segunda, porque las campañas por el “SÍ” y por el “NO” cada vez toman más fuerza.
Lo anterior, a pesar de que no existe oficialmente la ley y solo se tiene certeza de la ponencia en favor del mecanismo que se radicó este viernes en la Corte Constitucional. Pero esa promoción de campañas lo que sí ha hecho es que en los últimos días la discusión haya cambiado un poco de rumbo y ahora las reglas que regirán la contienda electoral, las garantías y hasta dónde pueden llegar las partes por lograr el SÍ o el NO, sea el tema protagónico.
De hecho, en la ponencia positiva que ahora tiene la Corte, se condicionan principalmente dos aspectos que tocan la campaña: que no se podrán incluir contenidos que promuevan alguna organización política o un candidato a una elección popular, y que la divulgación de los acuerdos no podrá tener cargas valorativas que favorezcan el voto.
Este último aspecto que es la delgada línea que tiene el Gobierno Nacional entre su obligación como Estado de dar a conocer los aspectos relacionados con el proceso y con que sea el mismo Gobierno el más interesado en que se apruebe la paz -al ser ésta la consigna del presidente Juan Manuel Santos durante los últimos cinco años-, parece verse reflejada en las propuestas que han surgido últimamente.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha pedido que se aplique la Ley de Garantías al proceso, especialmente porque el Gobierno ha usado espacios como la inauguración de obras públicas para hablar de los beneficios que traerá la paz, y sobre todo ahora, que se lanzó de manera oficial una campaña denominada, ‘Sí a la paz’.
Sin embargo, esa propuesta de Ordóñez no sería posible de aceptar. Así lo señala el magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Felipe García: "La Ley de Garantías no es aplicable porque está hecha para la reelección presidencial y en una parte del resto de sus normas no reglamenta lo que en estricto sentido se quiere reglamentar cuando se trata de un mecanismo de participación ciudadana, como lo es el plebiscito".
Además, afirma que no hay ninguna norma que tenga en conjunto esas garantías electorales, entonces lo que pasará, si la Corte avala el plebiscito, será que el CNE tendrá que plantear una regulación que permita darles garantías a las partes que participen en la contienda por medio de un acto administrativo, "obviamente dentro del marco de nuestras competencias y en desarrollo de lo que dice la ley”, afirma el magistrado.
El máximo órgano electoral entraría a ver puntos como la financiación –según lo establecido, ninguna de las campañas puede contar con recursos públicos-; la regulación para la conformación de los grupos promotores por el SÍ, el NO y la abstención; y la propaganda y participación de medios de comunicación en el proceso.
Esa reglamentación no tomaría más de dos semanas, pero todo depende del fallo de la Corte Constitucional, de los posibles condicionamientos que haga o lo que desapruebe por completo.
Lo que se sabe, por el momento, es que el Consejo Nacional Electoral abordaría el tema de las garantías para quienes sean promotores de iniciativas dentro de los mecanismos de participación ciudadana durante la próxima semana, pero de manera general.
Esto, porque desde el inicio de este año, en la Resolución General sobre Mecanismos de Participación Ciudadana el Consejo dejo por escrito que, si se da un plebiscito especial, que sería el de la paz, “ese sería objeto de reglamentación particular”.
FALTA CONTROL SOBRE LAS CAMPAÑAS
Para el docente de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Arias, el ‘Sí a la Paz’, “Efectivamente es una campaña diseñada por el Gobierno Nacional. Es una campaña que tiene una estrategia de comunicación, tácticas de comunicación que procedimentalmente o metodológicamente se ve en las facultades de comunicación y en las facultades de mercadeo”. Pero, para él es algo que el Gobierno estaba en mora de hacer.
Lo que pide la oposición, dice, es que se diga abiertamente que están en campaña y “que no nos oculten mediante eufemismos que no es una campaña del Gobierno y más que decirlo de frente, nos digan cuánto va a costar”. Claro que, para él, otro de lo que tendría que hablar directamente sería el mismo procurador Ordóñez quien estaría participando en política.
Que haya una campaña por el SÍ y otra por el NO, es algo que tampoco niega el magistrado García, pero ante la falta de aprobación al plebiscito y ante la afirmación de las dos partes de que no se trata de iniciativas que giren alrededor del mecanismo de participación, parece que es poco lo que las autoridades en esta materia, como la Procuraduría y el CNE, puedan hacer.
“En alguna medida sí quedamos sin herramientas, porque fundamentalmente son expresiones democráticas en un país libre donde hay libertad de expresión y la gente puede decir lo que le provoque. Eso hace parte de la democracia y de un país con una prensa libre y con la libertad de conciencia, pero adicionalmente porque no tenemos un plebiscito sobre el cual sentarnos a trabajar en materia de garantías. Mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, mal haríamos nosotros en poner unas reglas para algo que no existe”, afirma García.
EL ERROR DE SANTOS
A este inicio de campañas que no tendrían mayor regulación, se suma ahora el error del presidente Juan Manuel Santos al asegurar que tenía “información amplísima” sobre la guerra urbana que adelantarían las FARC si no se aprueba el proceso de paz en conjunto. Un error que, para Arias, tendrá que sacar lo mejor de los estrategas del equipo de Gobierno, y que evidenciará el nivel de astucia de quienes abogan por rechazar los acuerdos.
"Es desastroso en términos de campaña política lo que deja ver Santos. Es decir, es un esfuerzo gigantesco y económico lo que se está haciendo por el 'Sí a la paz', y todo ese esfuerzo se va al traste cuando el presidente en una salida en falso en Medellín, nos devuelva, a todas luces, a la estrategia que durante ocho años planteó Álvaro Uribe Vélez con el tema del temor y el terror”, afirma.
Según el profesor, en términos de análisis de teorías de persuasión, el temor como emoción genera cambios actitudinales y comportamentales de corto plazo y “la paz, no puede ser un ejercicio de cambio comportamental a corto plazo, de ser así se convierte en una paz de mentiras, una paz de papel que en cualquier momento se fractura. La paz debe ser asociada a un sentimiento como la esperanza”.
Para él con el discurso de la guerra civil, “Lo que hizo Santos fue caer en el juego de Álvaro Uribe Vélez”, y seguir en el marco de la polarización, un componente que se ha repetido constantemente durante los acuerdos. Y lo peor, es que el daño ya estaría hecho.
“A pesar de que se haya retractado Santos, a pesar de que en las próximas semanas haya una doble batería en términos de publicidad en medios de comunicación, de trabajo en relaciones públicas alrededor de la esperanza que significa la paz, ya hay un mensaje inoculado en la opinión pública y es: ¡ojo!, en el Gobierno Nacional debe haber un tipo de conocimiento de cómo se estarían armando las FARC en las ciudades”. Eso es absolutamente grave”, dijo.
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