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Sobre la tregua de las Farc, la polémica no da muestras de acabar

Mientras el presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió la puerta para discutir un cese al fuego bilateral con las Farc, se acerca el primer mes de la tregua unilateral e indefinida que ofreció esa guerrilla y que -según la versión oficial- deja un saldo parcial de un soldado muerto y de al menos tres combates con el Ejército.

La tregua, más que nada, ha servido como escenario político para medir fuerzas entre el 'Santismo' y el 'Uribismo'. La aparente resolución a ese pulso llegó el viernes con el balance de seguridad que presentaron alcaldes de 12 ciudades, dando un parte positivo y negando que haya habido nuevos ataques.

Pero por el lado del Uribismo, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías asegura que la guerrilla de las Farc no ha cumplido y que por el contrario sigue delinquiendo, sin importarle lo que le notificó al país: “Las Farc no han cumplido, infortunadamente el Gobierno no lo reconoce. En Huila asesinaron a un soldado, los enfrentamientos han sido constantes en varias zonas del país, han intensificado la extorsión, entonces continúan en la comisión de delitos sin cumplir el anuncio”.

Es por esto, que para Macías, no es viable discutir la posibilidad de un cese bilateral del fuego, porque “va en contra de la Constitución, máxime que la Fuerza Pública no puede dejar de actuar en contra de los que siguen su accionar criminal. Van a ‘carnetizar’ a los que delinquen”.

El congresista también indicó que la postura del presidente Santos es contradictoria y que “no puede seguir mintiéndole al país. El cese bilateral no se puede llevar a cabo mientras la guerrilla siga con el narcotráfico, la extorsión y sus demás delitos. La Fuerza Pública tiene que combatirla”.

Entre tanto, desde la academia, Diego Cediel, politólogo, expresó que aunque el grupo guerrillero no ha cumplido del todo, el anuncio del presidente muestra que hay buenas relaciones entre las dos partes. “Las Farc no han cumplido con la tregua, ha habido muchas irregularidades por asesinatos, extorsiones, atentados, sin embargo, el anuncio de Santos da credibilidad y muestra que han llegado a tener buenas relaciones entre los negociadores”.

Para Cediel “en este momento no debería ser una condición el cese bilateral al fuego para firmar la paz, la guerrilla debe continuar con el cese al fuego unilateral y entregar las armas sin condicionar al Gobierno Nacional”.

Otro académico, Carlos Pinilla, abogado y profesor de historia de la Universidad Externado de Colombia, quien solo quiso referirse al reciente anuncio de Santos, destacó que es “importante que después de tantos años de conflicto las partes sean capaces, de común acuerdo, de declarar el cese bilateral del fuego; punto clave y precedente para lo que será definitivamente la terminación del mismo. Lo considero muy positivo”

LAS DUDAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA TREGUA

Un elemento que generó controversia fue la muerte del soldado Edward Velasco Medina, de 23 años, que ocurrió el 9 de enero, tras enfrentamientos entre hombres del Ejército Nacional y subversivos del tercer frente de las Farc, en zona rural de Belén de los Andaquíes, en Caquetá.

Por otro lado, el 14 de enero las Farc emitieron un comunicado en el que indicaban que dieron de baja a ocho soldados del Ejército luego de “bombardeos, ametrallamientos aéreos y el lanzamiento de cargas de mortero contra posiciones del 26 frente de las Farc, en el Cañón del Cafre, jurisdicción de Mesetas (Meta)”.

En el mismo comunicado advirtieron que “destacan y valoran el llamado que el Frente Amplio por la Paz hace al gobierno de Santos, para que desista de estas acciones insensatas en medio de un proceso de paz, porque pueden provocar el fin del cese unilateral del fuego y enrarecer el ambiente de confianza que debe rodear la mesa de conversaciones”.

Frente a ese pronunciamiento, el Ejército Nacional, a través de su cuenta en Twitter, desmintió lo dicho por el grupo al margen de la ley y dijo que “no es cierto que ocho de nuestros soldados hayan sido asesinados por las Farc en el departamento del Meta”. Y agregó que “estamos atentos para informar a la población oportunamente sobre los acontecimientos en el área de operaciones”.

Esas grietas en la anunciada tregua se presintieron desde el mismo 17 de diciembre pasado, cuando las Farc anunciaron en La Habana (Cuba) que habría cese al fuego y las hostilidades de manera unilateral e indefinida, a partir de las cero horas del día 20 de diciembre. Porque allí mismo dijeron: "… deseamos, se prolongue en el tiempo. (Pero) Se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la Fuerza Pública".

Esas condiciones, más la inexistencia de una verificación efectiva y confiable, hacen prever que seguirán las controversias y las dudas sobre el cumplimiento de la tregua de las Farc. Así, pese a que el presidente Santos anunció que “les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo”, lejos de acallarse las dudas, crecerá la polémica desde varios sectores. Parece, entonces, que la clave estará en la velocidad con la que avance el resto de las negociaciones en Cuba.



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UNA PAZ A LA MEDIDA DE LAS FARC EJERCITO DE NARCOS

Aunque el Gobierno Nacional está optimista con los avances de las conversaciones en La Habana con el grupo guerrillero de las Farc, muchos ciudadanos vemos estos diálogos como un proceso donde la guerrilla es la que está imponiendo la agenda. Basta con leer lo que dicen los delegados de la guerrilla desde el centro de convenciones donde están reunidos para darse cuenta de que buscan condicionar la firma de un acuerdo al cumplimiento de sus exigencias. Cuando proponen el desmonte de los batallones de contrainsurgencia lo que hacen es confirmar el temor de la opinión pública en el sentido de querer buscar el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Algo que, definitivamente, el Gobierno no puede conceder.
Vamos por partes. En el acuerdo sobre drogas ilícitas los delegados de la guerrilla consiguieron lo que querían. Que no era otra cosa que convertir el narcotráfico en delito político, buscando que no sean juzgados por enriquecimiento ilícito y, además, blindándose para no entregar la inmensa riqueza acumulada durante tantos años de traficar con drogas. Aquí lo grave es que, al justificar su vinculación con esta actividad, el Gobierno exime al grupo armado de cualquier responsabilidad en el tráfico de estupefacientes. Olvida que con el producto de la venta de cocaína la guerrilla ha financiado delitos de lesa humanidad. Los crímenes atroces no tienen conexidad con el delito de rebelión, aunque el Marco Jurídico para la Paz contemple abrir puertas en este sentido.
Pero sigamos con las concesiones que el Gobierno, en aras de firmar un acuerdo de paz, le viene haciendo al grupo insurgente. Cuando se habla sobre la creación de un fondo especial para la reparación de las víctimas del conflicto en ninguna parte se dice que la inmensa riqueza acumulada por las Farc debe entrar a engrosar los recursos de ese fondo. En medio de su cinismo, el grupo guerrillero señala que es el Estado el que debe alimentarlo, con el dinero de todos los colombianos. Nunca han dicho que el dinero conseguido por ellos con el narcotráfico debe utilizarse para resarcir a las víctimas. ¿Qué se puede esperar de un movimiento armado que dice ser víctima, no victimario? Ni siquiera quieren reconocer a sus víctimas y, mucho menos, pedirles perdón.
Lo que los delegados del grupo insurgente están logrando en La Habana, con la complacencia del Gobierno, es firmar una paz a su medida. Los negociadores de las Farc son reiterativos en el tema de las penas. Dicen que no están dispuestos a pagar un día de cárcel por sus crímenes. Es decir, impunidad completa. Lo que quieren es dar el salto del monte al Congreso como si no hubieran sido los responsables de tanto derramamiento de sangre. No reconocen que cientos de familias perdieron sus seres queridos por su intransigencia, ni que asesinaron a muchos secuestrados después de que las familias les entregaron el dinero que pedían por su liberación. Proponer un comando guerrillero de normalización es querer estar en igualdad de condiciones con el Estado.
¿Les han exigido los negociadores del Gobierno a las Farc que revelen rutas del narcotráfico o que denuncien a sus socios en el negocio? Esto no ha pasado. Al contrario, les quieren lavar la cara de narcotraficantes. La guerrilla está aprovechando este espacio para venderle a la comunidad internacional la imagen de una agrupación que lucha por reivindicaciones sociales para los más necesitados. Quieren quitarse de encima el estigma de delincuentes y posar como redentores. Y el Gobierno Nacional se está prestando para esto. ¿Puede equipararse una guerrilla que asesina a inocentes con un Estado que debe velar por la seguridad de sus asociados? Un grupo que causa desplazamiento forzado no puede estar en igualdad de condiciones con el Estado.
¿Se está negociando en La Habana una paz a la medida de las Farc? Todo parece indicar que sí. Primero, porque no habrá entrega de armas, solo dejación. ¿En dónde las van a guardar? ¿Para qué? Segundo, porque no tienen la más mínima intención de reconocer ni reparar a las víctimas. ¿Es esto justo? ¿Tiene aceptación que un grupo de delincuentes que sembró tanta muerte no aporte de sus riquezas para resarcir a sus víctimas? El Procurador General de la Nación se expresó sobre el “inexcusable silencio” del Gobierno frente a los dineros mal habidos de esta organización delictiva. Así las cosas, ‘Timochenko’ y su corte saldrán a disfrutar de su dinero sin que las autoridades los persigan no obstante saber que esa riqueza es producto del narcotráfico. Para allá vamos.
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/una-paz-a-la-medida-de-las-farc-jose-miguel-alzate-columnista-el-tiempo-/14562005