Superintendencia investiga cartel de las frutas en restaurantes escolares

03 de septiembre de 2017 10:58 AM

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La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a cinco empresas y a siete personas naturales por presunta cartelización en contrato oficial.

De comprobarse que se violaron las normas de la libre competencia económica, en el contrato del Programa de Alimentación Escolar en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podría imponer multas de hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (73.771 millones de pesos) a las empresas vinculadas al proceso.

El pliego de cargos afecta a cinco empresas y siete personas naturales por una presunta colusión (cartel) encaminada a afectar los precios de dos licitaciones para elegir los proveedores de frutas dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adelantados por Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por un valor conjunto superior a 40 mil millones de pesos.

Aparentemente, los investigados habrían provocado el desabastecimiento de frutas para los refrigerios escolares en aproximadamente el 83 % de las zonas beneficiarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá entre el 15 de marzo y el 8 de junio de 2017 y, posteriormente, el encarecimiento de las frutas para todo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá en cerca del 50 %.

“El efecto de incrementar los precios en este caso se traduce necesariamente en que habrá menos frutas en los refrigerios destinados a los niños beneficiarios del programa o en que habrá menos niños en cuyos refrigerios se incluya fruta”, explicó la SIC.

El proceso involucra a las firmas Industria de Alimentos Daza, Comercializadora Disfruver, Namasté Food, Alimentos Spress y Best Colombian Fruits.

Igualmente a Hugo Nelson Daza, Alejandro Castelblanco, Stella Téllez, Andrea Rosas, Juan Pablo Fonseca, Geimi Soleimi Daza y Hugo Castelblanco.

El proceso

La investigación inició con ocasión de una denuncia que Colombia Compra Eficiente radicó ante la SIC. En dicha se advirtió sobre irregularidades acontecidas en desarrollo de varios procesos de contratación (LP-AMP-129-2016 y LP-AG-130-2016) que podrían representar un “riesgo de colusión” en lo que tiene que ver con el grupo de “frutas y hortalizas”.

Las visitas de SIC evidenciaron que hubo personas que participaron o tuvieron alguna injerencia en los presuntos acuerdos anticompetitivos de colusión denunciados por Colombia Compra Eficiente.
El material probatorio indica que los involucrados habrían presionado a Colombia Compra Eficiente, mediante la presentación coordinada de observaciones dentro del proceso de contratación, con el objeto de incrementar los precios de los alimentos integrantes del grupo de “frutas y hortalizas”.

Además, habrían saboteado otra licitación mediante la concertación para la no presentación de ofertas, con el objeto y el efecto de que la entidad convocante declarara desiertos los segmentos correspondientes al grupo de “frutas y hortalizas” para forzar la apertura de un nuevo proceso de contratación.

Incluso habrían amenazado a otra empresa (FAC S.A.S.) para que se abstuviera de presentar oferta dentro del proceso licitatorio.

Con esas y otras actuaciones, los investigados habrían adoptado un comportamiento coordinado encaminado a incrementar las barreras de entrada al proceso de selección, eliminar la competencia entre ellos y repartirse los beneficios económicos del contrato, según su participación en el mercado. 

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