José Miguel Mendoza solo lleva tres meses como Superintendente de Servicios Públicos. En el corto lapso tomó una decisión esperada por mucho tiempo, intervenir a Electricaribe, empresa de capital extranjero cuyas deficiencias de servicio amenazaron con generar caos en los departamentos de la Costa Caribe.
Aunque advierte que “no hay soluciones mágicas que resuelvan el problema de un día para otro”, el funcionario sí cree que se empezó el camino necesario para la recuperación del buen servicio a los ciudadanos, que debe ser la prioridad para las entidades estatales.
Sobre los detalles de la toma de posesión de la empresa, las acciones inmediatas al respecto y la apertura de investigaciones en otras regiones del país, el superintendente habló en entrevista con Colprensa.
- ¿Cómo va la primera semana de intervención de Electricaribe, tras el enorme descontento de los ciudadanos por el servicio de energía?
El balance es positivo, aunque es un proceso que empieza y la luz se sigue yendo, por supuesto, porque la red de distribución de la compañía está muy deteriorada. Pero hemos podido asumir el control operativo de la compañía sin mayores traumatismos. Tampoco se han registrado disturbios o problemas de orden público extraordinarios. Es decir, los riesgos que habíamos determinado antes de la intervención no se materializaron, los pudimos mantener bajo control, por la preparación que ha venido haciendo la Superintendencia durante los últimos meses.
- Quedó la sensación que esta intervención se hizo en un momento tardío, que debió ocurrir mucho antes…
Acá hay unas causales de ley para saber cuándo debe intervenirse. El término técnico es ‘Tomar posesión de los negocios de la compañía’. La Ley 142 establece esas causales y, para saber si se procedo o no, hay que hacer el estudio de ellas. Desde que llegué a la Superintendencia, hace unos tres meses, aproximadamente, nos lanzamos al estudio; lo primero que vimos es que no teníamos suficiente información para determinar si se habían configurado o no esas causales, por eso hicimos una visitas a la compañía, extrajimos información y, a partir de esta, se produjeron los estudios que sirvieron de base para decidir la toma de posesión. Pedí un reporte final el 3 de noviembre; cuando me lo entregaron preparé mis propias conclusiones, le mandé una solicitud a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), como lo exige la ley, y una vez obtuvimos el concepto favorable, procedimos a la toma de posesión de Electricaribe.
- Oyendo esa respuesta, de que “no había información suficiente”, se puede pensar que en la anterior administración de la Superintendencia hubo una actitud negligente o poco diligente ante la crisis de Electricaribe…
No puedo pronunciarme sobre la gestión de las anteriores administraciones; sé que se hicieron unos trabajos importantes, que se revisaron algunas cosas, pero en realidad no he mirado eso, ni tengo la función de fiscalizar o revisar lo que pasó en la Superintendencia en el pasado.
- ¿Qué pueden esperar del servicio los usuarios?, que llevan años soportando los cortes y las inestabilidades de energía…
Lo que pueden tener en este momento es certeza sobre el camino que vamos a seguir. Antes teníamos los cortes y había incertidumbre sobre qué se iba a hacer, ahora tenemos muy claro el camino, que si bien va a ser largo, porque no hay soluciones que mágicamente resuelvan el problema de un día para otro, ya dimos el primer paso y ahora tenemos unos términos legales para resolver esto.
- En términos reales de tiempo, ¿qué significa “un camino largo”?
La ley contiene unos términos bastante precisos. Hay una etapa inicial de diagnóstico que puede durar dos meses, prorrogables por dos más; después la Superintendencia debe decidir si la toma de posesión es para administrar o para liquidar, en cada caso también con claridad legal: en administración estará dos años y si hay liquidación, no existirá un término, sino que dependerá de la rapidez con que se puedan conseguir otros operadores. Hace un mes no había siquiera la esperanza de solución; ahora estamos en un camino que nos va a llevar, una vez surtamos las etapas legales, a una solución definitiva.
- ¿Qué va a pasar con las deudas y pasivos de Electricaribe, va a terminar pagando el Estado?
Este es un proceso concursal de insolvencia. La ley marca que en estos casos todas las obligaciones anteriores quedan suspendidas; así se procederá, hasta nuevo aviso, para las deudas con generadoras, con bancos o con cualquier persona. Una vez el proceso tome la forma de administración o de liquidación, hay unos mecanismos para pagar esas deudas, dentro del marco de la ley y le corresponderá al Gobierno Nacional fondear el pago de esas obligaciones.
- También hay alarmas sobre la crisis en que podrían entrar las empresas generadoras que esperan el pago de deudas por parte de Electricaribe…
Se ha hablado mucho de un riesgo sistémico entre los pequeños generadores cuyas obligaciones se han suspendido. Eso, por supuesto, habrá que medirlo, pero empíricamente la simple afirmación del riesgo es insuficiente para levantar la medida de suspensión de las obligaciones de pago, tendría que haber alguna razón que pueda ser verificable o que pueda constatarse con números.
- ¿Hay riesgo de que algunos costos se les trasladen a los usuarios?
No. El proceso concursal, la toma de posesión, no tiene un efecto sobre las tarifas, en lo absoluto.
- Pocas horas después de que sucediera la intervención hubo un respuesta furibunda desde España, país de origen del capital de Electricaribe, ¿qué sabe usted de la Cancillería colombiana y qué piensa de la actitud española?
No sé qué ha dicho la Cancillería colombiana; no me meto en eso, porque es un asunto diplomático. Lo que sí puedo decir es que acá iniciamos un proceso concursal, un proceso de insolvencia, como los que existen en todo el mundo, en la Unión Europea, en EE. UU., en América Latina; entonces, no hicimos nada extravagante. El mecanismo que usamos está regulado en la ley colombiana hace muchos años y se ha utilizado en infinitas oportunidades.
- Se puede pensar que la posibilidad de que se diera esa tensión diplomática generó demora en las acciones contra la empresa…
No, en lo absoluto. La Superintendencia no toma decisiones por consideraciones políticas, sino absolutamente legales y técnicas. La entidad no admite presiones de ninguna índole sobre el ejercicio de sus potestades legales.
- Cuando avance el proceso, ¿será necesario vender algunos de los componentes de la empresa?
Todas las decisiones dependen del rumbo que tenga la toma de posesión. Si se va a hacer una administración, los accionistas de la compañía tendrán que tomar las decisiones para ponerla a funcionar adecuadamente y mejorar la calidad de la infraestructura; en la medida en que lo hagan, la compañía podrá salir adelante sin problemas. En un eventual escenario de liquidación, los activos de la compañía deberán venderse para pagarles a los acreedores y, finalmente, conseguir un nuevo operador para la Costa Caribe.
- En el escenario de administración, ¿es posible que busquen un socio estratégico nuevo?
En la administración, les correspondería a los accionistas decidir qué hacer. Al Estado le corresponde asegurarse de que el servicio se preste adecuadamente. Si ellos deciden cumplir directamente las obligaciones necesarias, perfecto; si quieren traer un socio estratégico, maravilloso; lo importante acá es que los costeños tengan una energía acorde con sus necesidades.
- ¿Qué actitud han tenido los gobernadores de la región?
Han dado un respaldo absoluto a la actuación y al carácter técnico con el que se tomó la decisión de intervenir Electricaribe.
- ¿Hay algún caso de otra empresa del sector, en otra región del país que les genere especial preocupación?
La Superintendencia tiene una línea de investigación para el sector energía y pronto estaremos haciendo algunos anuncios sobre irregularidades que hemos ido encontrando, aunque no las puedo anticipar hasta que cada investigación haya avanzado lo suficiente.
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