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Temor por oleada de crímenes a líderes sociales que recuerda genocidio de la UP

Erley Monroy y Didier Losada Barreto, dos líderes sociales e integrantes de la Marcha Patriótica en San Vicente del Caguán, son apenas las dos últimas víctimas de una serie de asesinatos selectivos que ya sobrepasa el centenar en el sur del país.

Se trata de una situación que preocupa no solo a ese movimiento político, sino al propio Gobierno Nacional que convocó para este lunes una reunión urgente para analizar la situación, que para dirigentes como Aída Avella está reviviendo el genocidio de hace tres décadas contra la Unión patriótica.

“No queremos más anuncios, queremos acciones concretas, y en la última semana tenemos cinco asesinatos, por lo que queda claro que lo que hay acá es un plan de exterminio, ellos estaban muy activos en la defensa del proceso de paz, y esos hechos nos serían espontanéanos o aislados”, señaló la excongresista Gloria Inés Ramírez.

La semana pasada, Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que grupos posparamilitares quieren copar las regiones de donde están saliendo las FARC hacia las zonas campamentarias de concentración, pues pretenden adueñarse del negocio del narcotráfico.

Ante las denuncias, la Fiscalía General de la Nación anunció la conformación de una comisión especial de 21 investigadores que se desplazarán a San Vicente del Caguán para establecer responsabilidades por estos hechos.

LA MASACRE DE LA UP

Con la firma, esta semana, del nuevo acuerdo de paz, llegará el fin del accionar violento de las FARC y su paso a la actividad política legal.

Sin embargo, sus dirigencia ha expresado temores por la ola de crímenes de defensores de derechos humanos y líderes sociales en regiones como Nariño, Caquetá, Meta y Antioquia, denunciados por Marcha Patriótica y la propia ONU en Colombia.

A mediados de la década de los años ochenta, cuando las guerrillas en el país atravesaban por uno de sus momentos de mayor expansión territorial, el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur inició uno de los procesos más importantes en materia de negociación política.

Luego de muchos altibajos, en marzo de 1984 se logró firmar con la guerrilla de las FARC el llamado ‘Acuerdo de La Uribe’, también conocido como ‘Acuerdo de Casa Verde’, pues se rubricó en el principal campamento que tenía la guerrilla más antigua del continente y que, por entonces, contaba ya con 30 frentes distribuidos en la mitad sur del país.

Parte fundamental de los acuerdos fue el cese del fuego bilateral, que facilitó las condiciones para que algunos líderes guerrilleros decidieran incursionar en la vida política, entre ellos Braulio Herrera y el hoy negociador en los diálogos de La Habana, Luciano Marín Arango alias ‘Iván Márquez’.

El nuevo movimiento político fue bautizado como Unión patriótica, en la que se concentraban cientos de dirigentes de izquierda de las diferentes vertientes ideológicas como el Partido Comunista de Colombia, y el MOIR, además de otros más pequeños.

El auge de la UP se vio reflejado en las elecciones de 1986, cuando el naciente partido alternativo alcanzó una cifra récord de 256 concejales y 16 congresistas.

Sin embargo, el experimento no resultó, pues diferentes sectores nacionales como políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública, vieron en la naciente UP una extensión de lo que Jacobo Arenas, uno de los históricos ideólogos de las FARC llamó “la combinación de todas las formas de lucha”.

Luego vino la alianza de paramilitares con los carteles del narcotráfico, convirtiéndose en una amalgama de fuerzas oscuras al servicio del crimen.

Así, cerca de cuatro mil integrantes de la Unión Patriótica, incluidos dos de sus candidatos presidenciales -Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo leal- se convirtieron en un blanco fácil para esos grupos paramilitares que vieron en la expansión política de la izquierda una verdadera amenaza al statu quo. 

Hoy, el temor es que por cuenta de nuevos grupos posparamilitares y bandas criminales dedicadas al narcotráfico, se pueda registrar una nueva masacre sistemática de activistas de izquierda, como sucedió hace tres décadas.



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