Una vez conocido el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc frente al trato que se les dará a las víctimas, la Asociación de Agricultores Víctimas del Conflicto Armado se pronunció reclamando claridad en cada uno de los puntos dados a conocer en el comunicado conjunto.
En cuanto al reconocimiento de las víctimas señalan como necesario el que “se incluya y destaque la condición ante todas las entidades del Estado, especialmente la fuerza pública”.
En ese sentido manifiestan que la conciencia del ser víctima muchos no lo tienen clara, y precisan que con el ánimo de que ninguna de ellas quede fuera de los eventuales reconocimientos debe entenderse que hay víctimas campesinos, unos fueron hacendados, otros viven en el extranjero huyendo de amenazas.
Y agregan que dicho reconocimiento no debe ser solo para quienes piden dinero en los semáforos sino que debe tener presente a quienes dejaron de ser campesinos para ser mendigos, lo mismo que para quienes perdieron todo. “El reconocimiento pasa por el REGISTRO DE LAS VICTIMAS. Ese que no hacen en todas partes porque no todos están incluidos”, por lo que hablan de más de 6 millones de personas.
Sobre el reconocimiento de responsabilidad, afirman en calidad de víctimas que “el único responsable es el victimario, y el Estado si se compromete y no cumple (…)”. Y en cuanto a la satisfacción de los derechos de las víctimas esperan se cumpla con el reintegro de las tierras de las que fueron sacados a la fuerza.
Sobre el numeral en el que se consigna la participación de las víctimas exigen que ésta sea continua y reclaman una amplia presencia de sus voceros. “No sólo con 3 ó 4 que son elegidos por la Mesa de Negociación. Deben participar víctimas de todas las regiones de zonas de conflicto y de las distintas clases de hechos”, y desestiman de paso la posibilidad de que una sola persona pueda ser considerada como quien tiene la vocería de todas las víctimas.
De otra parte, se mostraron pesimistas frente al tiempo que puede tardar el esclarecimiento de la verdad “en eso se van mil años”, dicen y cuestionan “no se sabe de los desaparecidos, de los crímenes de lesa humanidad, menos de la verdad de quienes nos mandaron desplazar y a matar a las familias” por lo que precisan que el esclarecimiento de la verdad incluye el poder conocer quién impartió las órdenes, lo mismo que la razón por la cual lo hicieron y quién organizó las masacres.
Señalan que la reparación de las víctimas no es un artículo en una ley. No es una intención sino que tiene que ser lo que debe ser. “Reparar el daño es devolver la tierra o darnos una tierra nueva, es pagar las ayudas humanitarias a tiempo, es hacer todo para retornar al campo y no tenernos aquí en la ciudad prometiendo que nos pagan ayudas, que nos dan trabajo, que nos dan vivienda y no dan nada.
Sobre las garantías de protección y seguridad manifiestan expresamente que ningún líder tiene la vida asegurada, por lo que cuestionan la desigualdad con la que son tratados entre sí “a unos les dan carro, camionetas, chalecos antibalas y escoltas y son los que viajan con los políticos en campaña” y se preguntan ¿y los demás qué? “Seis millones de víctimas necesitan garantías (…) de protección y seguridad, y empiezan por dar trabajo y dar tierras de paz”.
En cuanto a la garantía de no repetición, manifiestan que tras décadas de conflicto armado ya se completa la quinta generación de víctimas. “Abuelos, nietos, bisnietos. La garantía de no repetición es la entrega de armas…, la no siembra de coca, y reclaman la presencia en el Estado de personas que sepan tratar a las víctimas; esto último como el primer paso para concretar la reconciliación.
Y finalizan señalando de cara al enfoque de derechos que “las victimas tenemos derecho a ser escuchadas, a ser atendidas, al trabajo, al pago puntual de las ayudas, a la tierra” y manifiestan que no solo esperan recuperar la ciudadanía “que sirve para votar en elecciones”.
“Tenemos derecho a que nos traten bien. A que no crean que somos campesinos ignorantes”, concluyen.
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