Tragedias por minería ilegal han causado casi mil muertes en Colombia

Según la Agencia Nacional de Minería, de las 144 millones de hectáreas de tierra que tiene Colombia, solo el 5% están tituladas para la actividad minera y, de ellas, apenas el 1,1% están en explotación. Es decir que la minería que se ejerce de manera legal en el país termina siendo una minoría y, por el contrario, la minería ilegal o irregular cada vez causa más tragedias. La más reciente sucedió esta semana, en Riosucio, cuando 16 mineros quedaron atrapados tras un accidente en dos minas de oro.   

En el caso del Valle del Cauca sucede algo similar de lo que ocurre en el resto del país. El 5% de las hectáreas de tierra de la región tienen títulos legales para la actividad minera, mientras que el 20% se realiza de forma ilegal, según estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

"Por fortuna en el departamento, a través de la Mesa Minera, hemos logrado controlar el aumento de la minería ilegal de alto impacto, es decir minería mecanizada. Este tipo de minería se estaba dando con mucha fuerza en las cuencas del río Dagua. Era minería de oro  patrocinada por grupos al margen de la ley. A través de la Mesa Minera se organizaron operativos para controlar el problema.  El más reciente se adelantó hace 20 días. Se destruyeron tres máquinas y hubo cinco personas detenidas”, comentó Carlos Augusto Duque, director de gestión ambiental de la CVC.

“Ahora-- agregó el funcionario-- le apuntamos a ejercer controles de la minería de socavón que se está ejerciendo bajo  la doble calzada Buenaventura – Loboguerrero, en el sector de Bendiciones. Allí hemos contabilizado aproximadamente 230 socavones y estamos tratando de minimizar los efectos de esta minería sobre la calzada”.

Sin embargo aquel no es el único problema. La CVC también ha detectado lo que denunciaron este diario y Parques Nacionales hace unos días: la reactivación de la actividad minera en los Farallones de Cali, exactamente en el sector conocido como Minas del Socorro, vereda Peñas Blancas, en el corregimiento de Pichindé.

Allí, según Parques Nacionales, hay 622 hectáreas afectadas por la minería, mientras que el año pasado eran 255. También fueron encontrados 148 socavones, 87 más que el año anterior, lo que ha generado graves daños ambientales, especialmente contaminación de afluentes de la cuenca del río Cali.

Igualmente, denunció Carlos Duque, de la CVC, en el cerro La Bandera de Cali se ha detectado, de nuevo, actividad minera.

“Allí hemos realizado controles, sellamientos, pero la minería continúa y la responsabilidad de hacerle seguimiento al tema y tomar las medidas pertinentes es de la Alcaldía, según el Código Minero. Nosotros ya detectamos unas bocaminas activas y se lo reportamos a la administración  municipal para que a través de la Secretaría de Gobierno proceda a hacer los sellamientos”.

Según reportes de la Policía Nacional, por cierto, hasta abril de este año se habían intervenido 103 minas ilegales en el Valle del Cauca. Las zonas más afectadas por esta actividad son el sector Bendiciones y en general todo el río Dagua, los Farallones y algunas zonas de Jamundí.

308 municipios perforados

Tras lo sucedido esta semana con los  16 mineros que quedaron atrapados  en las minas de oro de  Riosucio, Caldas, los cuestionamientos sobre la actividad minera ilegal en el país y la manera de controlarla han estado a la orden del día. 

Según las cifras oficiales, por lo menos el 60% de la minería en el país se ejerce de manera irregular, lo que ha cobrado cientos de vidas.

Las estadísticas de la Agencia Nacional Minera exponen que entre 2004 y 2013 murieron 819 colombianos en 662 accidentes mineros. Solo en 2014 murieron 80 personas más por esta actividad, aunque las estadísticas deben ser mucho más altas. No todos los mineros que se tragan las minas ilegales son  reportados.

Pocos departamentos se salvan de padecer el flagelo. La Unidad de Intervención Contra la Minería asegura que  se ha descubierto minería ilegal en 308 de los 1.103  municipios del país, ubicados en 28 de los 32 departamentos. Entre ellos, los que más reportan actividad minera ilegal y de alto riesgo son Chocó, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Córdoba.

Pero los tentáculos de esta actividad ilícita son largos y se han extendido hasta los extremos más distantes: el lunes de esta semana, en la Amazonía y la Orinoquía, un operativo conjunto entre  el Ministerio de Defensa, Ejército, Policía Armada, Fuerza Aérea y CTI, permitió la captura de 59 personas dedicadas a la minería en esas zonas del sur colombiano.

El operativo, denominado ‘Anostomus’, es según Mindefensa el golpe más duro a la minería ilegal en los últimos 10 años y con él, asegura el Gobierno, se evitó el ingreso de más de $20 mil millones a las arcas de las Farc. Entre los capturados está alias Brache, encargado de la administración de la mina Cerro Tigre (Putumayo) y de la conexión con el frente Acacio Medina (de las Farc), sindicado de ser cabecilla de milicia en el caserío Tigre y de acopiar mineral de manera ilegal.

También lo señalan de ser hombre de confianza de alias Jhon 40, cabecilla del frente Acacio Medina, y de alias Míster, jefe de finanzas del sector. Otro de los capturados es alias Tribilín, integrante de la llamada red de apoyo al terrorismo.

Entre las minas intervenidas se encuentran Cerro Tigre, donde se producían 60 toneladas de tungsteno al mes, por las que las Farc recibían $4500 millones en cada periodo; Campo Alegre, con producción de oro por kilo a $13 millones, lo que le dejaba al grupo guerrillero $13.050 millones mensualmente y Naquén, con producción de coltán, que significaba $2.500 millones por mes.

El negocio está financiado por grupos armados ilegales, entre ellos las Farc y los Urabeños. Según las autoridades la explotación de oro y otros minerales le podrían representar a estos grupos ganancias por alrededor de $15 mil millones mensuales en diferentes zonas del país. Tal vez eso explique por qué pese a los efuerzos de las autoridades, la actividad minera ilegal pareciera no tener freno.

Según la Policía, por cierto, hasta abril de 2015 se contabilizaban 1050 capturas  y 45 retroexcavadoras destruidas. La Fiscalía, además, tiene 6450 investigaciones abiertas por el tema de minería ilegal en Colombia en los últimos meses. 

Sin embargo en opinión de  Luis Eduardo Grijalba, el Alcalde de Santander de Quilichao que es un   municipio que también ha padecido tragedias mineras, para conjurar el problema se debe, sobre todo, atender las necesidades sociales de las poblaciones rurales. “Si alguien no tiene qué comer y sabe que si se arriesga en un socavón puede ganarse $100 mil, lo va a hacer”. 

Al mes, de hecho, la minería ilegal mueve 50 mil millones en todo el país, y de paso está  causando daños ambientales imposibles de cuantificar.

Según la Contraloría General de la Nación, por lo menos 17 departamentos padecen la contaminación de sus aguas con mercurio y cianuro.