La Registraduría Nacional avaló como válidas a cerca de 3.1 millones de firmas de las 4.2 millones que había entregado la Alianza Verde con el fin de convocar a los colombianos a una consulta popular anticorrupción, la cual ahora dependerá de tener un concepto positivo de parte del Senado para que sea convocada.
La representante a la Cámara, Angélica Lozano, una de las promotoras de ese mecanismo de participación popular, señaló que “es muy importante para Colombia esta noticia, los colombianos que estamos 'mamados' de la corrupción, que somos la mayoría en todo el país, de todas las tendencias, colores, y formas de pensamiento, nos unimos y logramos un resultado: más de tres millones de firmas que avala la Registraduría para que seamos nosotros en las urnas, los que pongamos 'tatequieto' a la corrupción”.
Explicó la congresista que ahora los ciudadanos deben ingresar a www.vencealcorrupto.com para mandar una carta a cada senador, “le pedimos a los senadores de Colombia que como ellos negaron ocho veces estos proyectos Anticorrupción, nos permitan a los ciudadanos en las urnas el año entrante, tomar estás decisiones en.Las urnas por el bien del país”.
Ahora tras la confirmación de las rúbricas, el Senado de la República, tendrá 45 días, noviembre próximo, para dar un concepto sobre la conveniencia de citar esta consulta.
Para la senadora Claudia López, la consulta se podría convocar para el sábado 10 de marzo de 2018, un día antes de las elecciones de Congreso, con el fin de economizar costos y además porque no se puede cruzar con otra elección.
De llegar a las urnas la consulta se necesitarían 11 millones de personas validado la misma, en la que se determinará, entre otros aspectos, que los congresistas deben presentar balances de gestión, un límite de periodos para que estén en el Congreso, la prohibición a que empresas incursas de temas de corrupción sigan contratando con el Estado.
La senadora liberal Viviane Morales, en una entrevista con el diario El Colombiano, aseguró que esa consulta popular de los Verdes es mentirosa y superficial. "De las siete propuestas cuatro ya están consagradas en nuestra legislación, como la de la obligación para los funcionarios públicos de presentar su declaración de bienes y rentas, la de rendir cuentas de su gestión, la prohibición de detención domiciliaria para los corruptos. O sea, no aporta nada. Pero, además, mienten cuando le prometen a los ciudadanos que por esa consulta se van a limitar las veces que puede un ciudadano ser miembro de una corporación pública, eso requiere reforma constitucional y está prohibido reformar la Constitución a través de una consulta popular. El limitar el salario de los congresistas es una propuesta que puede ser ética y justa pero no es una manera de combatir la corrupción”, sostuvo.
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