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Tribunal Superior de Medellín alerta sobre reforma al equilibrio de poderes

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El presidente del Tribunal Superior de Medellín, John Jairo Gómez Jiménez, se refirió este martes al artículo de inviolabilidad a las actuaciones de los magistrados que hace parte de la reforma al equilibrio de poderes y que fue denunciando como un “orangután” por la senadora liberal, Viviane Morales.

“En el último episodio de tránsito legislativo, aparece inesperadamente la propuesta de inviolabilidad en las decisiones, que ciertamente, en eso estoy de acuerdo con la senadora Morales, finalmente iría en contravía de esa fuerza en la investigación, en el juzgamiento que se le quería otorgar al tribunal de aforados”, declaró el magistrado Gómez Jiménez.

Y agregó que “si es inviolable, esa es una condición de procesibilidad, significa que más allá sea o no delito no se puede perseguir la determinada comisión delictiva”.

Según la senadora Viviane Morales, en “el artículo 178-A se presenta, sin el menor recato, un verdadero orangután tanto por su contenido como por el vicio de procedimiento dentro del trámite de la reforma. Se trata de la consagración de la inviolabilidad para los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General, lo que quiere decir ni más ni menos, que dichos funcionarios pasan de ser aforados -tenían un juez aunque inoperante- a convertirse en intocables, pues la Inviolabilidad no es otra cosa que la irresponsabilidad absoluta por las decisiones judiciales que tomen”.

Para Morales, la inviolabilidad, según lo ha planteado la propia Corte Constitucional, “significa la exclusión de la persecución penal y de toda demanda civil por los votos u opiniones generados en el ejercicio de su cargo”.

Sostiene que si así es aprobado, “esto implicaría que de ahora en adelante un magistrado de una alta corte o el Fiscal General aunque llegaren a dictar una providencia manifiestamente contraria a la ley (prevaricato) o arbitraria o injusta (abuso de autoridad), no podrían ser investigados, juzgados y menos condenados”.

Sin embargo, de opinión diferente es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien pidió a los congresistas llevar un debate “sin descalificaciones ni agravios”, pues considera que “no es sano para el país que haga carrera la tesis y la costumbre que cada vez que hay una norma que a uno no le gusta, en lugar de debatirla con seriedad, se salga a calificarla de micos u orangutanes, cuando son normas que están expuestas a un debate a la luz pública”.

Para el jefe de la cartera Política, la nueva comisión de aforados va a tener la facultad de investigar y acusar por indignidad, mala conducta o por responsabilidad penal a los aforados.

“Lo que no tiene ninguna lógica es que creemos ahora en la comisión de aforados un organismo que vaya a evaluar los fallos y las providencias de los magistrados de las Altas Cortes, porque se generaría con ello una incertidumbre jurídica que no le conviene al país”, advirtió Cristo.

TRIBUNAL RECHAZÓ ESCÁNDALOS DE LA CORTE EN CASO PRETELT

El Tribunal Superior de Medellín rechazó este martes la presunta recepción de 500 millones de pesos para influir en el fallo de una tutela a favor de Fidupetrol; escándalo que hoy tiene envuelto en serios cuestionamientos no solo a Pretelt sino a la Corte Constitucional y la Rama Judicial colombiana.

“El Tribunal repudia con firmeza las conductas delictivas y faltas disciplinarias que se presentan en la Administración de Justicia, con mayor énfasis las últimamente atribuidas a algunos magistrados de la Corte Constitucional, razón por la cual reclama como solución institucional que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes actúe con máxima diligencia y prontitud para esclarecer lo sucedido y deduzca la responsabilidad personal que le competa a cada quien”, afirmó el magistrado Jhon Jairo Gómez Jiménez, presidente del alto tribunal.

Gómez Jiménez indicó que es necesario puntualizar que la responsabilidad no puede ser trasladada a los demás funcionarios judiciales y servidores públicos por este escándalo que enloda a la Corte Constitucional, que logra la “pérdida de confianza de la ciudadanía de las instituciones”.

El Tribunal Superior en sala plena reconoció que puntos importantes de la reforma a la justicia como la meritocracia para la elección de magistrados de altas cortes y el fortalecimiento en la investigación y juzgamiento de los mismos, pero reiteró que “no puede ser utilizada mediáticamente para disminuir las garantías y derechos de los asociados, ni para introducir cambios injustificados y contraproducentes en la estructura de la rama judicial como son la regresiva concentración del poder de nominación en un solo funcionario”, concluyó Gómez Jiménez. 

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