La Veeduría del Partido Conservador decretó, como medida cautelar, la suspensión inmediata por tres meses de la representante Aida Merlano Rebolledo, en su condición de militante, por su presunta participación en la compra de votos en Barranquilla.
La colectividad manifestó que la medida se tomó mientras se adelanta la investigación por parte de los órganos competentes y se adoptan las medidas correspondientes frente a los hechos revelados tras las elecciones legislativas del pasado domingo, donde Merlano resultó electa para el Senado.
Esta medida se suma a la decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación, que también la suspendió por tres meses y solicitó al Consejo Nacional Electoral que cancele el proceso administrativo para su nombramiento oficial como senadora.
La Procuraduría abrió indagación preliminar por el hallazgo en la sede de campaña de dineros, armas y códigos de barras para la presunta compra de votos en esta región del país.
“El Ministerio Público no puede permitir que una persona que haya incurrido en la compra de votos y la corrupción al sufragante pueda iniciar sus labores legislativas como si nada hubiera pasado. No podemos permitir que llegue al Senado, se trata de una votación, de un proceso viciado de nulidad”, señaló el procurador Fernando Carrillo.
Carrillo además indicó que espera que en este caso opere la ‘silla vacía’ y no se pueda reemplazar a Merlano en su curul.
“Aquí hay un hecho político. Merlano fue elegida como senadora con 73.250 votos según al Registraduría. La filosofía del artículo 134 de la Constitución es que se aplique la sanción de la ‘Silla Vacía’ y en su momento sostendremos los argumentos jurídicos del caso y que se aplique esa sanción al partido Conservador. Creemos que es inaceptable que un partido, y así lo debe interpretar el partido Conservador, que se acuda a 73.000 votos viciados de nulidad para sumarlos a su caudal electoral”, señaló.
El martes, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia en su contra luego de las pesquisas en las que se encontraron nueve computadores, cuatro armas de fuego, entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola, y de las cuáles solo una contaba con el permiso de porte.
También hallaron 268 millones de pesos en efectivo. Pero, según la Fiscalía, durante toda la campaña se habrían repartido más de 6000 millones de pesos.
Martínez dijo ayer que “tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos, las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante”.
Las investigaciones de la Fiscalía pudieron establecer que llevaban una contabilidad detallada en una planilla en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a 40.000 pesos, con un subsidio de 5000 pesos de transporte.
Conocida la situación, la Fiscalía capturó cinco personas. Se trata de Edwin Rafael, Jefferson Jesús Victoria, Vanesa Victoria Merlano, María Camila Valencia y Everlin Carolina Díaz.
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