Familiares de dos policías que resultaron víctimas por la toma del Palacio de Justicia en 1985 rechazaron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar el proceso que buscaba reabrir los indultos otorgados al M-19 por ese caso.
El abogado Felipe Useche afirmó que “no encontramos que sea una casualidad que esta decisión haya sido proferida uno o dos días después de que instauráramos una acción legal, para que la CIDH conociera la forma en que el Gobierno ha manejado este caso”.
Esto porque el pasado 25 de julio se radicó una demanda ante la CIDH que busca que se declare la responsabilidad del Estado colombiano por la “violación al derecho de acceso a la justicia y ausencia de recursos judiciales efectivos para determinar la responsabilidad de los dirigentes e integrantes del M19 por los hechos ocurridos durante la toma”.
Para los familiares del capitán Hector Aníbal Talero y del sargento Jaime Benítez Prieto, muertos en la toma, “las circunstancias que rodearon estos hechos, así como la responsabilidad de los dirigentes e integrantes de este grupo no han sido establecidas. 30 años después de los hechos, los familiares de las víctimas y la sociedad no conocen la verdad. No existen penas ni condenas contra los responsables”.
La demanda agrega que “aproximadamente un centenar de personas resultaron muertas por acciones directas del grupo guerrillero, tales como tiros de gracia o como consecuencia del incendio iniciado por el M-19 cuando los integrantes de este grupo impidieron su salida del Palacio”.
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