Kimy Pernía, líder de los indígenas Embera Katío del alto Sinú, fue un férreo opositor a la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I, en el departamento de Córdoba, hasta que el 2 de junio de 2001 paramilitares se lo llevaron sin que se sepa más de él.
De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, ese día en Tierralta (Córdoba), Pernía fue raptado por tres paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso que se lo llevaron forzadamente en una moto.
Pernía y otro grupo de jóvenes Embera Katío iniciaron en los años 90 el trabajo de un plan de desarrollo alternativo para su comunidad por considerar que el proyecto hidroeléctrico les iba a acarrear grandes dificultades. En el 95 realizaron una movilización sobre el río Sinú y luego promovieron la constitución del Cabildo Mayor del Alto Sinú.
Tras esto, empezaron las negociaciones en defensa de su derecho a la consulta previa (reconocido años después por la Corte Constitucional) y una ola de violencia que derivó en el homicidio de Lucindo Domicó Cabrera en 1999, lo que obligó a Pernía a desplazarse a Bogotá por un tiempo.
A su regreso al Resguardo Karagabí, se sumó a la Gran Marcha Embera, que salió del territorio indígena el 29 de noviembre de 1999, y que estuvo frente al Ministerio del Medio Ambiente hasta el 26 de abril de 2000. En esta acción Kimy fue el principal gestor del proceso de negociación y defensa de los intereses de su pueblo e incluso llevó la palabra de los Embera a casi todas las universidades colombianas.
Luego, como consecuencia de las graves violaciones perpetradas contra esta comunidad, la Comisión Colombiana de Juristas, en representación del Pueblo Embera Katío, formuló el 21 de enero de 2000 una primera solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron decretadas el 4 de junio de 2001, dos días después del rapto de Kimy.
El proceso penal
En junio de 2001 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación informó que se abrió la investigación. En enero de 2002 no se puedo realizar una diligencia de exhumación en la finca ‘Las Delicias’ en Tierralta y cuando regresaron los restos óseos que podrían ser del líder indígena habían sido removidos.
En 2007 el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó que el homicidio de Pernía había sido cometido por los paramilitares. Sin embargo, en la declaración señaló que se trató de “una operación militar contra un infiltrado subversivo en comunidades indígenas”, afirmación que rechazaron enérgicamente organizaciones indígenas nacionales, y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Sobre la desaparición de Pernía, Mancuso se limitó a decir que habían sido órdenes de Carlos Castaño ejecutadas por 'H2' con apoyo de alias 'El Paisa' y ratificó que cuando Castaño supo de la diligencia de exhumación ordenó sacar el cadáver y arrojarlo al Río Sinú.
Así, el 20 de diciembre de 2010 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Montería condenó a Salvatore Mancuso por el delito de homicidio agravado de 150 meses de prisión, hecho cuestionado por la defensa pues no incluyó el delito de desaparición forzada. En criterio de la CCJ el caso “está en la absoluta impunidad”.
“Miembros del grupo paramilitar que participaron activamente en la desaparición de Kimy han sido asesinados antes de que la Fiscalía los haya vinculado a la investigación. Los familiares de Kimy se niegan a aceptar la versión de los victimarios y exigen a los órganos encargados de impartir justicia que se realicen nuevas diligencias con miras a dar con los restos de Kimy. Reclaman verdad, piden garantías para la pervivencia de su pueblo. Contrario a sus demandas, hoy por disposición del Gobierno el proyecto 'Río Sinú', antes conocido como 'Urrá II', se encuentra en etapa de prefactibilidad con miras a iniciar el proceso de licencia para la construcción de una nueva represa”, señaló la Comisión.
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