El lavado de activos por medio del cual narcotraficantes y otros delincuentes ocultan el origen ilícito de sus fortunas para legalizarlas, alcanzó en Colombia magnitudes impresionantes: los analistas estiman que entran cada año 20 billones de pesos ilegales a la economía a pesar de los esfuerzos de las autoridades y el sector financiero para controlarlo.
20 billones tienen tantos ceros que es difícil dimensionarlos. Son 11.000 millones de dólares ó 20 millones de millones de pesos, que equivalen al 3% de todo lo que se produce en Colombia en un año, o al 20% de los impuestos que recauda la DIAN; con esa plata el gobierno podría multiplicar por 8 las casas que regalará, o se acabaría el desempleo, pues se podría pagar durante 12 meses el salario mínimo y sus prestaciones a los 2,5 millones de desempleados del país.
El problema es mundial. Según el FMI el lavado de activos representó en el 2009 el 3,6% del PIB mundial, aunque incluye el “lavado” de dineros de origen lícito para evadir impuestos. Para no citar sino un caso reciente, uno de los más grandes bancos internacionales, el HSBC, fue acusado el mes pasado de lavar USD 7.000 millones a los carteles mexicanos de la droga.
Esas enormes cantidades de dinero distorsionan la economía. Un efecto de los menos analizados y discutidos es su impacto sobre el precio del dólar. Las autoridades cambiarias nunca han prestado atención al argumento de que los ingresos de dineros del narcotráfico son una de las causas de la revaluación del peso, y toman medidas como si el mercado cambiario fuera transparente y de competencia perfecta.
Por supuesto, el impacto sobre la tasa de cambio depende de cómo se laven los activos. En principio se puede decir que solo cuando se hace como un ingreso de dólares al mercado cambiario (en efectivo o como transferencias bancarias) se presiona la revaluación, pues la mayor oferta de dólares reduce el precio de la divisa.
El ingreso de dólares en efectivo fue un mecanismo muy usado hasta 2007, cuando el Banco de la República cerró la ventanilla siniestra por la que llegó a comprar hasta USD 3.000 millones en un año. Sin ese canal, los narcotraficantes han buscado otras alternativas para camuflar sus dineros: una son las exportaciones ficticias, como el incremento de exportaciones de oro, que no corresponden a la producción real del país, denunciado recientemente por el director de la DIAN.
Otro canal que creció es el de la supuesta Inversión Extranjera Directa (IED), que llega de paraísos fiscales como Anguila, Bahamas, Bermudas, las Islas Vírgenes y Cayman, las Antillas Holandesas o Panamá. No parece casualidad que hasta 2006 la inversión proveniente de estos países fuera de unos USD 600 millones anuales, un 19% del total de la IED (diferente de petróleo), y que después de que el Banco de la Republica dejara de comprar dólares en efectivo, se hubiera casi triplicado, llegando a ser el 50% del total de la IED.
A pesar del esfuerzo de las autoridades policiales por controlar el lavado de activos siguen entrando 20 billones de pesos a la economía. Corresponde a las autoridades económicas analizar el impacto de estos dineros sobre variables tan sensibles como la tasa de cambio, y tomar medidas adecuadas para mitigarlo.
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