La junta de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) delegó la selección de la nueva Presidencia ejecutiva a una firma especializada externa. Una lectura superficial de la convocatoria es positiva; otra, minuciosa, despierta inquietudes razonables: todo candidato debe cumplir: “Profesional, con post grado en área gerencial, financiera o de proyectos. Conocimiento del idioma Inglés al 100% de los parámetros internacionales establecidos…; mínimo 5 años de experiencia en cargos directivos similares, preferiblemente en sectores relacionados con fortalecimiento empresarial, desarrollo local o regional y afines.” “Demostrar amplio conocimiento de la dinámica social, económica y comercial de la ciudad, así como de la dinámica de la administración pública local, regional y nacional. Requiere haber tenido exposición comprobada fuera de la ciudad y el país, por la asistencia y participación como expositor en eventos internacionales.” Además de habilidades gerenciales obvias para el cargo como hablar bien en público y en los medios. Luego, no se admiten abogados con posgrado en áreas del derecho, ni quienes se hagan entender en inglés, o no hayan intervenido en foros internacionales. Lo plausible es que el candidato “debe generar confianza y credibilidad entre los afiliados de la institución y las fuerzas vivas de la ciudad”: ¿medirán este atributo vital en una encuesta entre afiliados y gremios? La presidente saliente no cumple todos estos los requisitos: ¿La pensaban botar por ello, desconociendo otros atributos, igual o más importantes, que tiene? Es como si el Concurso Nacional de Belleza rechazara reinas sin el revaluado talle 90-60-90. Las Cámaras de Comercio administran el Registro Mercantil, el Registro Único de Proponentes, el de entidades sin ánimo de lucro (todos regulados por la Ley); y presta servicios de conciliación, arbitraje y resolución de conflictos; actividades no accesorias, sino del corazón de su misión. Pese a lo anterior, los posgraduados en derecho fueron ignorados en el concurso: ¿olvido involuntario o “requisito acomodado”?, como tituló Bernardo Romero su buzón a El Universal (nov. 7). Precisamente, un descuido legal de la Junta (errar es humano) tiene a la CCC embargada por la Gobernación de Bolívar desde el año pasado, en más de $2.000 millones, por el cobro de unas estampillas. La convocatoria exigente, sin embargo, fue indulgente con aspirantes sin experiencia en el quehacer de la institución: a ellos se les dará “entrenamiento para conocer las políticas, procedimientos y controles administrativos y funcionales de la Cámara de Comercio, así como todo lo relacionado con el Registro Mercantil.” Con el mismo entusiasmo inusitado como la CCC definió requerimientos académicos, habilidades y experiencia al nuevo Presidente, debería la Ley obligar a los miembros de Juntas Directivas cumplir otros requisitos mínimos; lo cual no significa quitarle, a los empresarios poco preparados, su derecho legítimo a participar sino exigirles que deleguen en profesionales idóneos tal representación. Ojalá este “desfile de coronación” en la CCC no tenga nombre propio. Las misiones delicadas antes señaladas, el fortalecimiento empresarial y la competitividad se deben manejar con mucho más conocimiento, sin sesgos hacia un sector en particular, ni politiquería, y sobre todo sin las vanidades personales tan comunes en la “pasarela” de esa Junta. *Ing. Civil y MBA, Directivo Empresarial restrepojaimea@gmail.com
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