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Acoso judicial

El 26 de enero de 2012, alguien entregó en el edificio donde vivo en Cartagena una “citación a conciliación” emanada de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Centro de Bogotá. Se me notificaba que debía comparecer a las 8 de la mañana del día siguiente (27) en el despacho de la Fiscal 265 de esa ciudad.



No pude hacerlo. Tampoco pude hacerlo en la primera citación del 14 de diciembre de 2011, por la sencilla razón de que nunca la recibí: el querellante dio a la Fiscalía una dirección que no era la de mi residencia ni de mi lugar de trabajo en Cartagena. ¿Mala fe? Tal vez.

Supe finalmente que el Sr. Carlos Mattos me había demandado por calumnia e injuria y que se basaba en la interpretación de mi columna Ricos y famosos, publicada originalmente en EL TIEMPO: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/scarcollazos/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9756426.html.

Las irregularidades que acabo de exponer tienen que ver con el fondo del asunto. Quien lea cuidadosamente cada párrafo de mi columna (lo han hecho colegas y prestigiosos abogados penalistas consultados), no encontrará una sola frase que configure delito de calumnia e injuria, a menos que padezca el desorden mental llamado paranoia.

Según información de la fiscal Flor Margarita León Castaño, el Sr. Carlos Mattos (o su abogado) recogió en ese despacho la citación el día 23, con el propósito de hacérmela llegar a Cartagena. Esta vez sí sabían donde vivía el querellado, pero sus labores de mensajería fueron engañosas: la citación llegó un día antes de la diligencia en Bogotá.

Una persona que muestra a las cámaras de un programa de farándula la intimidad de sus casas y a su mujer e hijos; que acepta exponer su riqueza y hablar de cómo empezó a volverse millonario; que permite exhibir sin pudor la fina textura del retrete donde hace sus necesidades en un avión privado, ese personaje se expone a ser juzgado con toda clase de ironías por parte de espectadores y periodistas.

Lo que he escrito sobre las inversiones del Sr. Mattos en Cartagena está marcado por la inequívoca independencia del periodismo de opinión. Las razones de orden legal que tenga él para hacer grandes inversiones, no anulan las razones de carácter cultural y ético que me asisten para criticarlas. La función del periodismo no se decide en los despachos de los inversionistas o en el escritorio de los gobernantes.

Al acudir a la justicia, en lugar de ofrecer explicaciones públicas sobre sus alianzas con el sector público, el Sr. Mattos escogió un sutil instrumento de intimidación: el acoso judicial. Aunque el querellante y sus abogados no quieran aceptarlo, este perverso modelo de réplica no sólo conspira contra la libertad y tranquilidad de una persona sino contra la salud del periodismo en general.

El uso abusivo de un recurso ciudadano es una burla a la justicia, desbordada ya por miles de casos represados. Obliga a los funcionarios a darle curso a demandas injustificadas. Como escritor público, conozco los alcances y límites de la libertad de prensa y sé perfectamente cuándo se vulnera la honra de los ciudadanos. Por eso mismo, no encuentro motivos para rectificar el escrito que ha dado pie a esta absurda demanda.



*Escritor



salypicante@gmail.com

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