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Acosos judiciales

Luís Agustín González, editorialista del periódico Cundinamarca Democrática, de Fusagasugá, ha sido condenado a 18 meses de prisión y al pago de 17 salarios mínimos mensuales por el delito de injuria.

 El artículo criminalizado, titulado “¡No más!”, se refería a la ex senadora y ex gobernadora María Leonor Serrano y a su pretensión de volver a ocupar una silla en el Congreso.

La ex gobernadora -tuerca casi oxidada en el engranaje clientelista de Cundinamarca- recurrió a un instrumento de presión “legal”: la demanda por injuria y calumnia, “delito querellable” cuyas fronteras son difíciles de trazar.

Una de las frases que debió despertar las iras de doña Leonor es la simple interpretación de un hecho: "Nos ocupamos, sin tapujos y frenteramente, de María Leonor Serrano, que 'otra vez' se presenta en forma descarada y hasta amenazante a decirle al pueblo fusagasugueño que aspira a un escaño".

Serrano tiene poder político y gran influencia económica. Es o ha sido miembro de las juntas directivas de “Puro Pollo”, “Constructora de La Sabana” y Cámara de Comercio. Con este pedigree, propio de muchos políticos regionales, construyó la honra que ella y el juez sintieron mancillada. Es como si las alas de su prestigio político tuvieran mayor vuelo que las alas de pollo de sus granjas. Se me antoja pensar que son alas de gavilán o de aviona. 

Un juez de Fusagasugá decidió darle la razón a la demandante, aunque el Tribunal Superior de Cundinamarca, en una “generosa” interpretación del escrito periodístico de González, sólo lo condenó por injuria, argumentando que el artículo de marras “lesionó la integridad moral” de la señora Serrano.

Se trata de un fallo injusto y desmesurado que enciende nuevas alarmas sobre el acoso judicial a los periodistas, como lo han denunciado la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) y editoriales de importantes periódicos nacionales. La alianza entre los poderes políticos y económicos sale fortalecida con un fallo que judicializa el derecho y la libertad de opinión.

La vulnerabilidad de los periodistas de provincia es mucho mayor que en el ámbito nacional. Y no sólo porque estén más expuestos al chantaje económico de los anunciantes, sino porque, muchas veces, son los mismos “periodistas” quienes envilecen el oficio poniéndose al servicio de políticos y gobernantes. La dignidad de las excepciones corre entonces el peligro de ser criminalizada.

Dentro de la maquinaria clientelista, los políticos de representación nacional son piezas clave en nombramientos y promoción de fiscales, jueces y magistrados. Acaban imponiendo, con la misma lógica, a las cabezas de los organismos de control. Basta entonces mover unas pocas manos para que se pongan en movimiento la acción vengativa del “ofendido” y el fallo intimidante del juez que lo cohonesta.

Se piensa que un periodista de provincia tiene menos posibilidades de hacerse escuchar y defenderse, que está solo con su dignidad. Por eso opera vengativamente la soberbia de políticos y gobernantes. Ignoran, sin embargo, que a mayores amenazas a la libertad de prensa, mayores y más extensas son las redes de solidaridad que la defienden.

*Escritor

collazos_oscar@yahoo.es

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