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Actuemos conforme a Derecho

Resulta pertinente, a estas alturas, citar dos apartes de las sentencias C-543 de 1998 y C. 222 de 1997, para poder opinar -de cara a la opinión pública-, sobre el impasse creado con la aprobación del Acto Legislativo sobre la reforma a la justicia, en cuanto a la procedencia de la facultad presidencial para objetarlo y de convocar a sesiones extraordinarias para archivarlo.

Según la primera de las sentencias referidas, “Los actos legislativos mediante los cuales el Congreso reforme la Constitución no requieren la sanción presidencial, porque las decisiones de la voluntad constituyente, no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido, salvo la competencia estricta y precisa a la Corte (Constitucional) para efectos del control formal.”

Según la segunda sentencia: “ninguna de estas posibilidades (sanción y objeciones) se da en el caso de los proyectos de actos legislativos, pues además de la  expresa referencia de las indicadas normas constitucionales, no supedita su entrada en vigencia a la sanción del Ejecutivo, ni autoriza a este para objetarlas”.

Con estas citas y otras que abundarían obre la materia, la actitud del Presidente de la República, de objetar una reforma constitucional aprobada por el Congreso en dos períodos ordinarios y sucesivos, no puede decirse que fue asumida conforme a derecho. Tampoco se podría considerar conforme a derecho el acto de convocar a sesiones extraordinarias para proponer el archivo de dicho proyecto, pues tal propuesta sólo podía hacerse, reglamentariamente, durante los debates de las sesiones ordinarias, como debió proponerse por quienes llevaban la vocería del Gobierno o por los parlamentarios que no estaban de acuerdo con la reforma, después de conocer el texto acordado por los conciliadores. Es decir, antes de cerrarse el último debate.

En verdad, el impasse es muy grave, tanto más cuanto la negativa de promulgar el acto legislativo por el presidente de la República y por el presidente del Congreso, impediría  que la Corte Constitucional pueda ejercer sus funciones de control o que prospere la iniciativa pública del referendo; procedimiento que sería inaceptable jurídicamente, acaso generador de responsabilidades por omisión en el cumplimiento de deberes constitucionales insoslayables.

Cabe plantear, además, con ánimo constructivo, la siguiente inquietud: si la decisión que se tome es la de “archivar” la reforma por fuera de las condiciones constitucionalmente  previstas (esto es, en sesiones extraordinarias), tal decisión, según el artículo 149 de la  Constitución Política, “carecería de validez; a “los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno” y quienes participen en las deliberaciones, “serán sancionadas conforme a las leyes”.  

Escribimos este comentario antes de concluir las sesiones extraordinarias, pero insistimos  en  nuestra posición  de considerar como únicas vías legítimas, la de permitir  que la Corte Constitucional ejerza sus funciones de control sobre la reforma, o que el pueblo, eventualmente, se pronuncie por la vía del referendo derogatorio.

Esto es, para enterrar la malhadada reforma a la justicia, actuemos conforme a derecho. Y nunca por fuera de ese marco.

PD. Finalmente, el Congreso archivó la reforma; acto cuya validez, sin embargo, ha sido demandada. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen ahora la palabra.



*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.



edmundolopezg@hotmail.com

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Comentarios

Es decir, Gobierno y Congreso

Es decir, Gobierno y Congreso destrozaron la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Un golpe burdo de Estado. Y la Corte Constitucional ¿convidada de piedra? ¿Se dejará pisotear y faltar el respeto?
Entonces sociedad civil y pueblo soberano deben unirse para votar un referendo para: reducir congreso a una cámara de 3 representantes ad honorem por región; eliminar con retroactividad todas las prebendas a costa de los colombianos para que todos seamos iguales como dice la C.N.; reducir a un mínimo de miembros ad honorem Asambleas y Concejos; establecer pena capital o confinamiento de por vida para ladrones al Estado y expropiación a toda su familia; modificar la justicia para el alcance del ciudadano de a pie; etcétera, etcétera