Con diligencia inusitada, la Contraloría General de la República les hizo al gobernador Bernal y a Colombia Humanitaria un control de advertencia por un presunto sobrecosto de $5.897 en la inversión de los $25.608 millones destinados para mitigar los estragos del último invierno. La cifra es precisa y no es desestimable, y los cuadros de la relación suscrita por la doctora Sandra Morelli, en sus dos oficios, están elaborados meticulosamente, sin escatimar detalles.
Leyéndolos se concluye que la Contraloría encontró elementos de convicción para advertir al funcionario y a la entidad encargada de manejar las ayudas la falencia anotada. El gobernador y Comfamiliar anunciaron respuestas detalladas a la advertencia del organismo de control, pues la revisión no se limitó a destacar la voladita de la raya en los gastos causados, sino que sugirió mayor cuidado con los desembolsos que restan hasta que las poblaciones afectadas vuelven a la normalidad.
Oficializado el aviso de la Contraloría, el gobernador y el operador, extrañados, dijeron que explicarán lo que a cada uno de ellos concierne en este enojoso impasse. El gerente de Comfamiliar apoyó su declaración en un riguroso estudio de precios y en un promedio entre los altos y los bajos que, sumado a los costos indirectos, arrojó el valor real de lo pagado. Sin embargo, en otro aparte expresó: “no contratamos elementos individuales sino kits de alimentos y de aseo, porque así venía señalado por Colombia Humanitaria”.
¿Radicó ahí la confusión y la Contraloría tomó el rábano por las hojas, a causa del malentendido? ¿O detectó alguna diferencia entre los precios unitarios de los productos y el total de cada uno de los 140.290 kits de alimentos y de los 70.145 kits de aseo? La doctora Morelli le subrayó al gobernador, en el punto 7 de su control de advertencia, que los precios del proveedor no coincidían con los establecidos por la Contraloría.
Algo pasó y hay que aclararlo. Se trata de recursos girados para un fin humanitario. Si la Contraloría se equivocó tendrá que admitirlo y retomar con mayor eficacia la vigilancia de la ayuda a los damnificados. Si fallaron el gobernador, el operador y los proveedores, tendrán que hacer lo mismo y evitarse dolores de cabeza en caso de que sus errores sean objeto de sanciones fiscales o disciplinarias. Una nueva lectura del contrato arrojaría luz sobre lo pactado.
De ser lo segundo –ojalá que no– sufriríamos otra frustración los bolivarenses, que tan satisfechos estábamos con la exaltación que se nos hizo como pioneros en la atención de los daños sufridos por setenta mil familias de nuestros cuarenta municipios.
PICOTAZO: Con la destapadera incesante de escándalos guisados durante el gobierno anterior supimos, al fin, cuál era la encrucijada que tenía en el alma el ex presidente Uribe. La hecatombe que nos está llegando por entregas es el cuarto huevito de su herencia de carruseles para Santos. La diferencia con los otros tres es que este no podía aparecer en el testamento. Pero como él era sordociego ante lo malo y lo feo de su genial e irrepetible administración, nos sorprendió, en El Tiempo de anteayer (página 4A), con esta frase inmarcesible: “Uribe dice que su gestión fue transparente”.
¡Eso es mandarria!
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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