Bolívar está de plácemes por los $23,2 billones que Planeación Nacional le asignó en el Plan Plurianual 2011-2014. Es la más suculenta de las asignaciones destinadas a cada uno de los Departamentos de la Costa Caribe y la mejor que nos han servido, de acuerdo con cifras comparativas de períodos anteriores, a lo largo de nuestra historia administrativa. A lo menos que aspiramos los hombres y mujeres de la calle es a que se cumplan los objetivos de la inversión sin palos en la rueda.
Alienta que en dicho plan plurianual estén incluidas la Universidad de Cartagena y la Base Naval. La primera, para que pueda trabajar sin afanes en investigación, ciencia y tecnología. La segunda, para que pueda mejorar las condiciones de su operación dentro de las 969 hectáreas que le correspondieron, por voluntad del general Rojas Pinilla, en la isla de Tierrabomba (Decreto 0031 de 1957).
Para una universidad pública en la que el costo por estudiante-año es de $4.500.000 y cada uno de ellos paga en matrícula $230.000 anuales, es un buen augurio la medida de Planeación, y contrasta con otra del Concejo Distrital que, a través de un acuerdo de septiembre de 2007, condicionó la exoneración del pago de predial que siempre se le concedió a la Universidad, a que la alcaldesa y el rector suscribieran un convenio por el cual se liberara del costo de matrícula a los alumnos de los estratos 1 y 2 con un promedio académico mínimo de 3,7. Hay otros estímulos y premios que no afectan los ingresos corrientes de una universidad a la que el Ministerio de Educación le gira cada año, única y exclusivamente, el valor de la nómina.
Ahora bien, que el Congreso y la Asamblea Departamental tomen decisiones administrativas y legislativas, respectivamente, sobre una universidad seccional que financian, es lógico y ajustado a la ley. Pero que lo haga el Concejo Distrital, sobre un ente descentralizado que forma parte del engranaje de otra entidad territorial, es un acto de dudosa legalidad.
El traslado de la Base es una necesidad que los gobiernos anteriores, desde hace 54 años, ignoraron a pesar del creciente desarrollo urbano y turístico de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande, no obstante requerir nuestra Marina de Guerra un emplazamiento más adecuado que uno dentro de la ciudad para una estructura militar con taller de misiles, polvorines y silos, un centro de investigaciones oceanográficas, aviación naval, etc.
Si a los buenos entendedores pocas palabras bastan, hay que interpretar el gesto del Gobierno como una alerta para que elijamos un gobernador que maneje los pilares de un salto hacia el desarrollo sostenible en frentes como la seguridad, el empleo, las vías, el transporte, dos niveles de la educación, la Acción Social, la cultura, el deporte y el ambiente.
Por bendición del Cielo, el foro que llevará a cabo mañana el Partido de la U, presidido por la senadora Zuccardi, incluyó en la agenda el punto “Prácticas de buen gobierno”. Una maravilla, ya que los candidatos participantes saldrán de allí sabiendo que el alpiste que caerá en nuestro patio debe ser distribuido por un gobernador que dé órdenes y no que las reciba, que tenga detrás un partido y no a un gamonal, y que conozca la diferencia que hay entre servir y servirse.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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