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Armas perdidas

Hace algo más de un mes apareció en la prensa nacional un titular que textualmente decía: “Se perdieron casi mil armas de gobernación de Antioquia” y un subtítulo: “Nadie sabe a dónde fueron a parar 947 revólveres, pistolas y escopetas”; “Desde 1997 el Ejército advirtió que 164 de las armas no podían demostrar su procedencia legal”.

Entre otros aspectos, la información aparecida en la prensa dice: “Encontramos muchas falencias en la información, y en ocasiones no hay ningún dato; al parecer, buena parte de quienes las custodiaban son o fueron inspectores de policía que los recibieron como dotación oficial pero nunca las devolvieron ni reportaron robo o pérdida. No se descarta que buena parte de las armas haya terminado en manos de grupos al margen de la ley. Pero sólo se sabrá cuando la administración termine de hacer el rastreo de los 125 municipios y de otras entidades locales”.

La noticia, por la gravedad de los hechos denunciados, atrajo inicialmente la atención de la prensa nacional y de toda la ciudadanía. Todos esperábamos que en informaciones posteriores nos contaran los resultados de las requisas oficiales.

Suponemos que otros sucesos graves ocurridos durante el último mes: el atentado contra el ex ministro Londoño Hoyos, las repetidas incursiones de la guerrilla contra las Fuerzas Militares y de la Policía; la revelación de la Fiscalía General sobre la presumible participación y colaboración del exdiputado Sigifredo López en la captura y posterior muerte de los 11 asambleístas del Valle del Cauca, son hechos que atrajeron la atención de las autoridades, de la prensa y de la opinión pública. Quizá por eso a la pérdida de las armas se le ha dejado de lado.

Pero ese poco interés por la dotación y responsabilidad de las armas oficiales ha traído de mi memoria unos recuerdos de mi niñez. Mi padre, Henrique de la Vega del Real, fue gobernador del Departamento de Bolívar (Bolívar, Córdoba y Sucre) de 1928 a 1930. En 1930, después de la elección del doctor Enrique Olaya Herrera como Presidente de la República, mi padre renunció y fue nombrado en el cargo el doctor Roque Pupo Villa, quien al poco tiempo también renunció, quedando la gobernación en manos de Don Enrique Grau Vélez.

Posesionado como Presidente de la República el doctor Olaya Herrera, nombró como gobernador del Departamento de Bolívar a don Luis Felipe Angulo.

Durante los primeros meses de este gobierno algunas agitaciones políticas se produjeron con cierta incomodidad para el gobernante que deseaba cumplir con sus funciones en sana paz.

A raíz de uno de esos pequeños disturbios un piquete de policías fue enviado a nuestra casa en Manga  como precaución. Después de largo rato, preguntado el jefe de los policías por qué los  habían enviado, contestó: “órdenes superiores; nos mandaron a cuidar la casa del gobernador”. Señores, aquí no hay ningún gobernador, el gobernador, doctor Luis Felipe Angulo, vive en el Cabrero. Telefónicamente se aclaró la situación y los policías se fueron en la ambulancia (coche celular) y dejaron las armas, seis rifles tipo Grass de fabricación francesa. Tiempo y trabajo costó para que la comandancia de la Policía ordenara recoger los fusiles.

 

*Asesor Portuario

 

maalvarez@sprc.com.co

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